El Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata (Madre de Dios) expresó, mediante un pronunciamiento público, su indignación por el asesinato de Hipólito Quispe Huamán, agricultor y defensor ambiental, ocurrido el 26 de julio en el distrito de Inambari. Ante este hecho, exige al Estado una investigación exhaustiva y la adopción de medidas urgentes de protección.
El Comité expresa su rechazo al crimen y recordó que Quispe lideró una “lucha sostenida” contra invasores y mineros ilegales desde el año 2008.
“Fue líder de nuestra organización, y desde este frente también procuró y luchó por la defensa de los derechos de las personas y familias agricultoras”, indicaron.
Fiscalía investiga posible represalia
La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad asumió la investigación del caso. Según la fiscal Karina Torres Godoy, la principal hipótesis es que el asesinato estaría vinculado a su rol como defensor ambiental.
Quispe fue asesinado en el kilómetro 285 de la carretera Interoceánica mientras regresaba al centro poblado Santa Rosa luego de participar en una feria agrícola en Mazuko, actividad que realizaba cada semana. El cuerpo permaneció más de 12 horas en la vía sin ser atendido por las autoridades, según denunciaron testigos y colegas del dirigente.
Cinco demandas al Estado
El Comité de Gestión formuló cinco demandas al Estado. Entre ellas, solicitó protección inmediata para la familia del dirigente asesinado, una investigación “completa, imparcial y diligente”, y sanciones ejemplares a los responsables. También pidió reestructurar el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos.
“Es lamentable y terrible que no exista un canal de atención las 24 horas para los defensores en situaciones de emergencia”, señalaron en referencia a la falta de respuesta del Estado cuando intentaron pedir ayuda antes del crimen.
“Tuvimos que recurrir a profesionales aliados al no encontrar respuesta del Mecanismo ante nuestra llamada desesperada”.
Contexto de riesgo en la Amazonía
Entre 2019 y 2024, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha registrado 57 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales al menos 44 ocurrieron en la Amazonía. Solo en Madre de Dios, Loreto, Ucayali, San Martín y Amazonas se concentra más del 54 % de los casos de riesgo reportados.
El Comité pidió una estrategia multisectorial para frenar las economías ilegales, como la minería, la tala y el tráfico de tierras, que generan violencia en las zonas rurales y vulneran los derechos de las comunidades y sus defensores.
Reconocimiento a la Defensoría
Finalmente, el Comité reconoció el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo en Madre de Dios, que ha estado presente durante situaciones críticas. “Ha venido acompañando de manera continua a los defensores ambientales de la región y está para nosotros incluso durante los feriados”, indicaron.
La investigación fiscal continúa, mientras la familia de Quispe y las organizaciones locales reclaman justicia y garantías para que no se repitan hechos similares.
