El alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Rodolfo García Esquerre, confirmó que 18 instituciones están ultimando detalles de la nueva estrategia nacional para combatir la minería ilegal en el país.
Durante su participación en la conferencia magistral del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), realizada en el marco de la Semana de la Ingeniería de Minas 2025, García Esquerre detalló que entre las entidades participantes se encuentran Sucamec, Sunat, las Fiscalías de lavado de activos y crimen organizado, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
«Estamos a muy poco tiempo de tenerla aprobada. Estamos trabajando ya en el decreto supremo, levantando algunas observaciones, por lo que es cuestión de días para que esto sea aprobado, y con decreto supremo va a ser vinculante para todas las instituciones que están comprometidas en las diferentes actividades que contempla la estrategia», señaló el funcionario.
Nuevo enfoque integral
La nueva estrategia, denominada «reducción e interdicción», incorpora diferentes líneas de acción que van más allá de las medidas punitivas, dando mayor relevancia al proceso de formalización.
«La estrategia de hoy, que se llama reducción e interdicción, nos da la posibilidad de tener líneas de acción diferentes, donde la formalización tiene un rol importante y donde la búsqueda de economías alternativas, teniendo la minería legal, la minería formal como la mejor alternativa, es otra línea de acción importante», concluyó García Esquerre.
Fracaso del Reinfo
El alto comisionado indicó que para potenciar la efectividad de esta nueva política es necesario no extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y aprobar la nueva Ley Mape, que actualmente se debate en la Comisión de Energía y Minas del Parlamento.
García Esquerre presentó cifras que demuestran la ineficacia del Reinfo: «Solamente hemos logrado formalizar en 8 años con el Reinfo, el 2.4% de los inscritos. De más de 84 000, apenas hay algo más de 2100 formalizados. Eso definitivamente no ha funcionado».
El funcionario explicó que la actual estrategia, vigente desde 2014, se enfoca únicamente en la interdicción, limitando su alcance y efectividad.
