La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno informó que, hasta la fecha, ha incautado bienes valorizados en más de S/ 1000 millones a organizaciones vinculadas a la minería ilegal. Según el fiscal Federico Chávarry, entre los bienes decomisados figuran excavadoras, volquetes, cargadores frontales y hasta 1000 kilos de oro.
Estos operativos, realizados en conjunto con la Policía Nacional del Perú, han permitido que el Ministerio Público obtenga 320 sentencias condenatorias contra personas procesadas por minería ilegal. Sin embargo, Chávarry advirtió que la problemática persiste, con más de 7200 casos en investigación en todo el país.
Un problema persistente
A pesar de estos avances, el fiscal Chávarry señaló que las medidas judiciales y penales todavía son insuficientes frente a la magnitud de la minería ilegal en el país. “Aun así, en comparación a la cantidad de mineros ilegales que habría, pues es poca la respuesta que se puede tener en cuanto a la erradicación de la minería ilegal a través de la vía judicial y penal”, afirmó en una entrevista con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
La movilidad de las organizaciones criminales
Un aspecto destacado por Chávarry es el comportamiento “nómade” de estas organizaciones. Según explicó, la minería ilegal depende en gran medida del acceso al agua, un recurso clave para sus operaciones. Esto ha llevado a los mineros ilegales a desplazarse constantemente en busca de fuentes de agua disponibles, insertándose cada vez más en áreas remotas y protegidas.
“Las actividades de minería ilegal, por lo menos en el sur del país, se están insertando en zonas más alejadas de lo que normalmente estaban”, comentó el fiscal. Entre las áreas más afectadas se encuentran la Reserva Nacional Tambopata en Madre de Dios y el Parque Nacional Bahuaja Sonene en Puno, así como ríos como el Nanay y el Cenepa.
