El 29 de noviembre, el Congreso de la República aprobó, con 87 votos a favor, la sexta prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), extendiendo su plazo hasta el 30 de junio de 2025. Esta decisión ha generado rechazo en diversos sectores, incluidos el Ejecutivo, organizaciones ambientales y especialistas en derechos humanos, debido a los resultados insuficientes del proceso de formalización minera. ¿Por qué? Hasta ahora, solo el 2.4 % de los más de 84 000 inscritos han logrado formalizarse.
Semanas antes, el 5 de noviembre, el Tribunal Constitucional realizó una audiencia para evaluar la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra la ley que amplía el Reinfo. Durante la sesión, el Relator especial de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos A. Orellana, expuso los impactos negativos del Reinfo. Señaló que esta herramienta es “inadecuada e ineficiente” y destacó los graves daños que causa la minería ilegal en la salud, el ambiente, así como el debilitamiento de las autoridades al momento de combatirla.
Tras la reciente ampliación del Reinfo, el abogado especializado en derecho ambiental, César Ipenza, planteó una serie de preguntas al Relator Orellana, cuyas respuestas se publican en este medio. Estas declaraciones ofrecen una visión internacional y crítica sobre los efectos de la minería artesanal y los retos asociados ante la reciente extensión del Reinfo.
Críticas al modelo del Reinfo
Antes, es importante entender por qué el Reinfo es un tema controversial y cuáles son sus implicancias. El Reinfo fue creado para formalizar a los mineros artesanales y de pequeña escala, pero ha sido criticado por permitir encubrir la minería ilegal. ¿Cómo? La inscripción en este registro otorga una exención penal, lo que impide que los mineros registrados sean procesados por delitos como la compra de explosivos o el traslado de minerales sin regular. Esto ha llevado a la preocupación de que grupos ilegales utilicen el Reinfo como un «blindaje legal» para evitar la persecución judicial y continuar operando fuera de la ley.
Orellana lo explica al señalar que «el Reinfo se ha tornado en una figura burocrática incompatible con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. La mera inscripción en el registro exime de responsabilidad penal y esto fomenta la impunidad”. Añade que “al amparar al crimen ambiental, el Reinfo no solo atenta en contra de bienes jurídicos fundamentales en la sociedad como es el derecho a un medio ambiente sano, sino que además vulnera la igualdad ante la ley, piedra angular de un Estado de derecho”.
Impactos de la minería ilegal
Asimismo, el Relator de la ONU subraya el impacto del mercurio en la minería artesanal, calificando sus consecuencias como «devastadoras». Explicó que «el mercurio es un elemento sumamente peligroso que afecta la capacidad neurológica de las personas e incluso puede cruzar la placenta humana, afectando de manera desproporcionada a los fetos en desarrollo».
Además, destacó que su presencia tiene un impacto grave en los pueblos indígenas, cuyos medios de sustento material y espiritual son contaminados, incluyendo los ríos, los peces y sus territorios. «Esto es un grave caso de injusticia ambiental, y cabe también recordar que el mercurio es un elemento persistente, por lo cual los impactos afectan no solo a las personas de hoy, sino también a las futuras generaciones», añadió.
“Reinfo genera la impunidad y fomenta el crimen organizado”
En cuanto al Reinfo, señaló que “ofrece la ilusión de que el flagelo de la minería ilegal está siendo abordado por el Estado con una política pública». Sin embargo, afirmó que «más allá de la ficción legal del Reinfo, las personas y comunidades continúan sufriendo en sus cuerpos, hogares, alimentación, cultura, tierras y territorios el impacto grave y persistente de la exposición al mercurio que genera la minería aurífera artesanal y de pequeña escala». En este sentido, advirtió que una medida urgente para abordar esta problemática es abandonar el fallido Reinfo, ya que «genera impunidad y fomenta el crimen organizado y las violaciones de derechos humanos».
Respecto al papel de los acuerdos internacionales, como el Convenio de Minamata, Marcos Orellana afirmó que la pequeña minería aurífera es la principal fuente de contaminación por mercurio a nivel mundial. “Por lo mismo, la implementación efectiva de las disposiciones del Convenio de Minamata es sumamente importante, especialmente en países donde se realiza la extracción de oro en base a la pequeña minería». Sin embargo, también resaltó que el Convenio «adolece de ciertas brechas que limitan su efectividad».
Orellana sugirió que estas brechas deberían ser cerradas mediante enmiendas. “Por ejemplo, el Convenio de Minamata permite el comercio internacional de mercurio para ciertos fines, lo cual dificulta el trabajo de Aduanas en la fiscalización efectiva de este comercio”, indicó.
Finalmente, en relación con las cadenas de valor del oro, el Relator destacó que «el rol de las refinerías de oro en países que importan este mineral es particularmente relevante, ya que ese es el punto de contacto entre la oferta de oro en países extractores y la demanda en sectores como equipos electrónicos, especulación financiera, joyería y otros». Este fenómeno, agregó, pone de relieve que el problema del mercurio en la pequeña minería aurífera involucra responsabilidades compartidas entre países en desarrollo y países industrializados, que están todos involucrados en la cadena de valor del oro.
Perspectivas futuras
Tras la aprobación de la ampliación, el Ejecutivo ha expresado su desacuerdo con la decisión del Congreso. El primer ministro Gustavo Adrianzén cuestionó la nueva extensión del plazo del Reinfo y las modificaciones a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que acompañan la norma. Adrianzén criticó que, con esta reforma, la formalización minera pase a depender del Ministerio de Energía y Minas, en lugar de mantenerse bajo la gestión de las direcciones regionales, como sucede actualmente.
Si el Ejecutivo observa la norma, el Legislativo podría insistir en su aprobación, como ha ocurrido en otras ocasiones. El debate sobre el Reinfo seguirá siendo un tema relevante en las próximas semanas. Las respuestas del Relator Orellana subrayan la necesidad de replantear el modelo actual para garantizar el respeto a los derechos humanos.
