La Primera Sala Penal de Apelaciones de Ucayali anuló la resolución que declaró infundado el pedido de prisión preventiva contra Florencio Galarza Pardave, empresario investigado por los delitos de organización criminal y colusión agravada en agravio de la Municipalidad Distrital de Neshuya. La medida responde a deficiencias detectadas en el análisis de los presupuestos de peligro procesal realizado por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Aguaytía.
Los jueces Frederick Rivera Berrospi, Hermogenes Lima Chayña y Marco Espíritu Matos señalaron que el análisis previo sobre el peligro de fuga y obstaculización fue insuficiente y genérico. Como resultado, ordenaron que un nuevo juez realice otra audiencia de prisión preventiva. Mientras tanto, Galarza Pardave permanecerá en libertad bajo medidas de comparecencia con restricciones.
El 7 de septiembre de 2024, el juez de primera instancia consideró que Galarza contaba con arraigos familiares, laborales y domiciliarios para justificar su libertad. Sin embargo, la Sala criticó que no se analizaron factores clave como la gravedad de la pena, los vínculos con organizaciones criminales y los intentos de obstaculizar la investigación.
Cuestionamientos al peligro procesal
En cuanto al peligro de fuga, la Sala Penal observó que el juez de primera instancia no acreditó de manera específica los arraigos presentados por el imputado. Además, omitió evaluar criterios relevantes, como la conducta procesal del acusado y el impacto de los delitos imputados, relacionados con colusión y organización criminal.
Respecto al peligro de obstaculización, se consideró insuficiente el argumento de la defensa sobre la supuesta colaboración eficaz de Galarza Pardave. La fiscalía afirmó no tener conocimiento de dicha solicitud y presentó indicios de manipulación de pruebas a través de terceros.
La resolución de la Sala también señaló la ausencia de un análisis integral de los elementos aportados por el Ministerio Público, lo que generó vicios procesales que afectaron la aplicación de la norma. Por ello, se dispuso que el nuevo juez realice una evaluación exhaustiva conforme al artículo 268 del Código Procesal Penal.
Presuntas irregularidades
Según la fiscalía, las investigaciones apuntan a un esquema de direccionamiento de contratos públicos en el distrito de Neshuya, Ucayali. Proyectos de infraestructura, como la carretera Virgen de Fátima – Puente Raya, habrían sido adjudicados a empresas vinculadas al círculo familiar de Galarza Pardave.
Entre las empresas señaladas se encuentran Construcciones y Servicios Zevallos SAC y Grupo Consultores Constructora e Inmobiliaria Tocare SAC, dirigidas por familiares directos del imputado. Estas habrían concertado precios para asegurar adjudicaciones, afectando la transparencia de los procesos.
Las presuntas irregularidades se habrían producido durante la gestión del alcalde suspendido de Neshuya, Jhon Márquez Torres, quien cumple prisión preventiva por 36 meses desde el 10 de agosto de 2024 hasta el 9 de agosto de 2027.
