AMAZONÍA. La carretera Nueva Italia – Puerto Breu, identificada como UC-105, genera preocupación entre organizaciones indígenas, expertos y conservacionistas. Este proyecto no solo atraviesa territorios críticos para la biodiversidad y la supervivencia de pueblos indígenas en aislamiento, sino que también es visto como una vía de expansión para actividades ilegales.
Un proyecto rodeado de conflictos
La carretera Nueva Italia – Puerto Breu ha avanzado sin estudios técnicos ni consulta previa, condiciones requeridas por la legislación nacional e internacional para proteger los derechos de los pueblos indígenas. Actualmente, el Proyecto de Ley 06960/2023-CR, que propone declarar de interés nacional la pavimentación del corredor vial Pucallpa – Nuevo Italia – Sawawo – Breu, ha sido acumulado con otras iniciativas y cuenta con un dictamen favorable en la Comisión de Transportes del Congreso.
En julio, varias organizaciones indígenas interpusieron una demanda de amparo contra el Gobierno Regional de Ucayali, buscando frenar la formalización de esta vía que ha sido abierta de manera irregular por madereros y narcotraficantes, sin estudios de impacto ambiental ni consulta previa a las comunidades afectadas.
La demanda fue impulsada por la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y la Asociación de Comunidades Nativas para el Desarrollo Integral de Yurua, Yono y Sharakoiai (Aconadiysh), con el apoyo del Instituto de Defensa Legal (IDL) y Upper Amazon Conservancy (UAC), quienes buscan que se respeten los derechos territoriales y ambientales de las comunidades amazónicas.
Una vía en conflicto con el entorno y las comunidades
La carretera se aproxima peligrosamente a la Reserva Indígena Murunahua, un territorio que protege a pueblos indígenas en situación de aislamiento como los Chitonahua, Mashco Piro y Amahuaca. Se considera que representa una invasión en territorios considerados intangibles, y, según organizaciones indígenas, podría acarrear graves consecuencias para la supervivencia de estos grupos, cuyo aislamiento los hace vulnerables a enfermedades y otros impactos externos.
La influencia de esta vía en los pueblos indígenas no solo es física, sino también cultural. La presencia de actores externos y la conexión directa que establece con zonas en Brasil amplían el acceso de grupos ilegales a territorios que hasta ahora se mantenían en un relativo aislamiento.
El papel de la carretera en el tráfico ilícito
El ingeniero y conservacionista Marc Dourojeanni, profesor emérito de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, expresó su preocupación sobre las verdaderas motivaciones detrás de esta vía. “Esta carretera, como otras (…), tiene como factor subyacente la explotación de bosque, la expansión de la ganadería de baja rentabilidad y el tránsito de productos ilegales, ya sea cocaína, oro o armas”, afirmó Dourojeanni, resaltando el rol de las economías ilícitas en la expansión de estas vías.
La Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) incluyó la carretera UC-105 en su informe: ¿Hacia la resiliencia de las cadenas logísticas del narcotráfico y la minería ilegal?, donde identifica cinco proyectos viales que expandirían significativamente las opciones de conectividad para el suministro de insumos y la exportación, beneficiando a doce zonas cocaleras y ocho cuencas con presencia de minería ilegal.
La ilegalidad como motor de la carretera
Según FCDS, el avance de la UC-105 abre la puerta a una mayor deforestación y facilita el acceso de madereros ilegales y narcotraficantes que dependen de estos territorios para sus actividades ilícitas. Advierte que el proyecto vial facilitaría el abastecimiento y transporte de productos ilícitos hacia Acre, Brasil. Además, contribuiría la expansión de cultivos ilegales de coca en las zonas cocaleras de Bajo Ucayali y Sepahua-Mishahua.
El informe menciona también que el Comando Vermelho, una organización criminal brasileña, podría beneficiarse directamente de esta vía, utilizándola como ruta alternativa de exportación de droga y otros productos ilegales. La carretera, según el estudio, se convierte así en un puente logístico para actividades ilícitas que afectan la región.
Dourojeanni, por su parte, rechaza los esfuerzos por “legalizar” esta carretera a través de leyes o una declaración de interés nacional de un proyecto que carece de justificación económica o social. Para él, esta formalización forzada no responde a una necesidad nacional real, sino que busca facilitar la explotación de recursos sin control.
Aumento de la deforestación y afectaciones ambientales
La expansión de la carretera UC-105 no es un hecho aislado. En la Amazonía, muchos proyectos viales han servido de base para el crecimiento de economías ilegales, creando un ciclo difícil de controlar. En este artículo profundizamos en los otros proyectos viales que también representan una amenaza para la Amazonía según FCDS.
El impacto ambiental de la carretera Nueva Italia – Puerto Breu ya es significativo. Según el Ministerio del Ambiente, hasta la fecha, el proyecto ha provocado la deforestación de aproximadamente 7 160 hectáreas de bosque. El Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) estima que la zona de impacto directa a lo largo de esta carretera alcanza hasta 444 340 hectáreas, considerando un margen de cinco kilómetros a cada lado de la trocha.
Una lucha internacional por la protección de la Amazonía
La carretera ha llevado a la colaboración entre comunidades y organizaciones en Perú y Brasil. Durante la Reunión Anual del Grupo de Gobernadores por el Clima y los Bosques- GCF Task Force 2024, líderes de 6 organizaciones indígenas de ambos países, entregaron un manifiesto al gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini, denunciando la inacción de los Estados frente a la amenaza que supone la carretera. El manifiesto resalta el papel crucial que juegan estos pueblos en la conservación de la Amazonía y exige un alto a la construcción de vías que afectan sus territorios.
En Brasil, una demanda judicial en 2023 logró la anulación de la licitación para la extensión de la BR-364 hacia la frontera con Perú, prohibiendo la toma de decisiones que afecten a las comunidades indígenas sin consulta previa. Este fallo muestra la importancia de un marco legal para proteger los derechos de los pueblos originarios, algo que Dourojeanni considera esencial para detener proyectos como el de la carretera UC-105 en Perú.
