Cada vez que un proyecto grande y complejo, como por ejemplo una mina o una carretera, se planifica en el país es indispensable realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) detallado que cumpla con rigurosos estándares establecidos por el Estado. Estos estudios son fundamentales para evaluar si la inversión puede llevarse a cabo sin comprometer el ambiente ni poner en riesgo la salud de las comunidades cercanas. senace
En este contexto, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) asume un papel clave, revisando y aprobando los EIA para garantizar que los proyectos se desarrollen de manera sostenible y responsable. Además, el EIA debe incluir la identificación de impactos sociales y ambientales, así como estrategias para prevenir, minimizar y compensar posibles efectos negativos.
Recientemente, el Ministerio del Ambiente (Minam) propuso un decreto que busca declarar la modernización y reorganización del Senace, con el objetivo de hacerlo “más eficiente”. El decreto propuesto busca una reforma estructural del organismo, alegando que se necesitan cambios para agilizar los procesos de certificación ambiental y mejorar su eficiencia. Sin embargo, este enfoque ha generado voces de alerta sobre la posible pérdida de la autonomía de la institución y los impactos en la calidad de la evaluación ambiental en el país.
La propuesta de reestructuración y sus motivaciones
El decreto del Minam señala que se han identificado “deficiencias en el proceso de certificación ambiental” que, según el Ministerio, dificultan la operatividad eficaz del Senace. La propuesta busca la “innovación tecnológica y la actualización de procedimientos para asegurar procesos de evaluación más efectivos y confiables”. Además, se enfatiza que uno de los principales objetivos es la reducción de tiempos en la revisión de los EIA, un pedido recurrente de algunos sectores empresariales.
El Minam ha expresado la “urgencia” de modificar la estructura administrativa y operativa del Senace, creando una comisión especial que, en un plazo de 90 días hábiles, evalúe y proponga reformas necesarias. Esta comisión estará liderada por funcionarios del Minam, con el viceministro de Gestión Ambiental a la cabeza, y contará con la participación de representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
La coordinadora del Programa Amazónico de CooperAcción, Ana Leyva, cuestiona esta premisa, señalando que las demoras en los procesos de evaluación suelen ser consecuencia de la mala calidad de los estudios presentados, lo que obliga a pedir información adicional. “Nos parece que este decreto toca un tema muy sensible: la demora en las evaluaciones de los estudios de impacto ambiental es atribuible, en muchos casos, a la mala calidad de estos estudios”, afirma. En su opinión, los plazos actuales están justificados por la necesidad de análisis exhaustivos que garanticen la protección ambiental y social en áreas afectadas por proyectos extractivos.
“Estamos de acuerdo en que en muchos casos las evaluaciones demoran porque existen EIA con vacíos importantes en información y que en el camino se tienen que subsanar. Lo que no nos parece adecuado es que una reorganización se fundamente en la necesidad de acelerar procedimientos y no en asegurar la calidad de los EIA o mejorar la confianza de la sociedad en ellos”, enfatiza Leyva. Además, considera que el papel Minam no es “promover inversiones”, sino “regular o poner límites a las acciones humanas que pueden dañar nuestras condiciones de existencia”.
Aceleración de procesos y la autonomía del Senace en riesgo
Como se ha detallado, uno de los puntos más polémicos del proyecto es su enfoque en agilizar los tiempos de evaluación, lo que plantea riesgos potenciales para la calidad de los EIA, así como para las comunidades afectadas y el ambiente. Leyva advierte que centrar la reorganización de Senace en la rapidez de los procedimientos es una distorsión del verdadero objetivo de la gestión ambiental. “La campaña de la tramitología promovida desde las empresas mineras y que ha durado más de 10 años, distorsionó los objetivos de la gestión ambiental”, explica.
Por su parte, Alberto Barandiaran, expresidente ejecutivo del organismo, alertó en LinkedIn sobre las implicaciones de esta reforma para la independencia del Senace: “Este certificador ambiental no puede perder la autonomía otorgada por su ley de creación a través de una norma de menor rango como un decreto supremo. Esa autonomía es esencial para garantizar un servicio de calidad mediante una evaluación técnica sólida”.
No es la primera vez que el Senace, fundado con la misión de asegurar que los grandes proyectos de inversión sean ambientalmente sostenibles, es cuestionado por sectores empresariales que consideran sus procesos demasiado lentos. No obstante, para especialistas en gestión ambiental, la independencia del Senace es fundamental para su correcto funcionamiento.
En este contexto, la discusión sobre la efectividad de las reformas en Senace continúa, subrayando la necesidad de un equilibrio entre la eficiencia en la evaluación de proyectos y el compromiso con la sostenibilidad ambiental. La presión por acelerar los procesos podría tener consecuencias graves si no se toman en cuenta las lecciones aprendidas de experiencias pasadas.
