La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Leoncio Prado ha detectado serias deficiencias en la labor de fiscalización del Gobierno Regional de Huánuco sobre las actividades mineras formales y en proceso de formalización. El fiscal provincial Noé García Vera señala que en zonas como Almendra y Santo Domingo de Anda se han identificado desvíos de cauces de ríos y afectación a bosques sin las autorizaciones correspondientes.
«Tenemos información preliminar de la Autoridad Forestal que la zona donde está haciendo esa actividad minera no tiene autorización o permiso de desbosque», explica García Vera, quien advierte que estas actividades podrían constituir delitos contra los bosques o alteración del ambiente.
El fiscal cuestiona la actuación del Gobierno Regional, que recientemente suspendió operaciones mineras entre 10 y 20 días solo por aspectos de seguridad, ignorando los daños ambientales. «Si está advirtiendo que hay una deforestación sin permiso, si está advirtiendo que hay una afectación de cauce de agua, conforme a su reglamento tendría que haber una paralización por un tiempo prudencial de al menos seis o siete meses», sostiene.
Proceso de formalización muestra resultados críticos
Uno de los datos más preocupantes revelados por el fiscal es el ínfimo avance en la formalización minera. «En la última reunión de la Mesa Regional Forestal y Fauna Silvestre, pregunté cuántos mineros en proceso de formalización ya están acreditados. Me indicaron uno nada más. En 12 años es increíble», revela García Vera.
«Acá en Tingo María está comprobado que está formado por bosques y ecosistemas frágiles. No sé hasta qué punto sea viable hacer actividades mineras acá. Sería bueno consultar a otros entes competentes y tomar su opinión si efectivamente es viable este tipo de actividades», advierte el fiscal, expresando su preocupación por el futuro de la región.
La situación se agrava por el abandono de zonas explotadas sin la debida remediación. «Personas en proceso de formalización, o bien encontré pasivos ambientales que no han sido restaurados o en todo caso no recuperados. Los mineros hacen su actividad y se van», señala el fiscal.
Urge intervención de autoridades
La FEMA actualmente investiga dos casos específicos de posible daño ambiental en Hermilio Valdizán y Santo Domingo de Anda. García Vera advierte que si las autoridades ambientales no remiten sus informes en el plazo establecido de 30 días, procederá a denunciarlas por omisión de actos funcionales.
El fiscal aclara un error común entre los mineros en proceso de formalización: «El hecho que tengas actividades mineras y el ente competente no te fiscalice del todo, no implica que puedas obviar los permisos correspondientes ante otras autoridades», especialmente cuando se trata de zonas boscosas o fuentes hídricas.
