El Perú lleva más de dos décadas intentando formalizar la minería artesanal, pero el proceso se ha vuelto un espacio que favorece la ilegalidad y, en algunos casos, el crimen organizado. Así lo advirtieron el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y la consultora Videnza en un análisis reciente, donde llamaron a una reforma urgente que recupere el control del Estado sobre la formalización minera.
Un sistema que fomenta la impunidad
Darío Zegarra, presidente del IIMP, fue contundente al señalar las graves falencias del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un mecanismo que, según él, ha dejado de cumplir su propósito. “El Reinfo no da para más”, afirmó, enfatizando que este sistema, en lugar de promover la formalización, ha permitido la expansión de actividades ilegales, como la explotación minera sin fiscalización y el tráfico de recursos. Zegarra agregó que el Reinfo ha sido utilizado para adquirir explosivos y generar daños en territorios mineros sin control estatal.
El Reinfo, creado inicialmente como una herramienta para que los mineros artesanales avanzaran hacia la formalización, se ha convertido en un obstáculo que, según el IIMP, debe eliminarse. Para Zegarra, es clave que el Reinfo no se extienda nuevamente, pues “fomenta la criminalidad y contribuye al financiamiento del crimen organizado”.
Anomalías y barreras del proceso actual
Paola Bustamante, directora de Videnza, explicó las fallas estructurales del Reinfo. El principal problema, según la especialista, es la falta de una plataforma digital para que los titulares de actividades mineras presenten su documentación. Tampoco existe un sistema que permita la interoperabilidad entre los gobiernos regionales y las agencias estatales encargadas de supervisar la minería. Esta desconexión provoca la pérdida de información importante y permite que operaciones ilegales se desarrollen incluso en áreas protegidas.
Bustamante también destacó la falta de incentivos para aquellos que realmente desean formalizarse. Según la especialista, una vez que los mineros logran completar el proceso, enfrentan múltiples barreras y exigencias que hacen difícil mantener su actividad de manera sostenible. “Debemos crear incentivos para que ser formal resulte un beneficio y no un perjuicio”, insistió.
Hacia una nueva Ley de Formalización Minera
Ante este panorama, el IIMP y Videnza señalaron que las autoridades tienen una oportunidad para demostrar su compromiso con el bienestar de la población minera. La nueva Ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), que el Ministerio de Energía y Minas presentará próximamente, podría ser vista como una pieza para revertir los problemas actuales.
“Se necesita sinergia entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para combatir la ilegalidad y promover una minería más responsable y sostenible”, comentó Zegarra. Entre las propuestas que debe incluir esta ley, Bustamante destacó la necesidad de establecer plazos claros en cada fase del proceso de formalización y la eliminación de aquellos que no muestran intención de formalizarse. “Los Reinfo en situación suspendida no deben continuar operando más”, puntualizó.
La falta de supervisión estatal
Otro de los puntos críticos del análisis presentado es la falta de supervisión efectiva por parte del Estado. Actualmente, la responsabilidad de fiscalizar la formalización minera recae en los gobiernos regionales, quienes, según el IIMP, no cuentan con los recursos ni la capacidad técnica para cumplir esta tarea. Zegarra subrayó la necesidad de que el Ministerio de Energía y Minas asuma un rol más protagónico, trabajando en conjunto con otras entidades como OEFA, ANA, y Sernanp para garantizar que el proceso se realice bajo los parámetros legales y ambientales correctos.
Finalmente, tanto el IIMP como Videnza hicieron un llamado a las autoridades para que implementen un proceso de formalización efectivo que brinde condiciones seguras de trabajo para los mineros y que combata de manera frontal la ilegalidad. La situación actual, advierten, no solo pone en riesgo el ecosistema y los recursos del Estado, sino también la vida de los miles de trabajadores que se ven obligados a operar en condiciones inseguras.
