La Comisión Europea ha anunciado hoy una propuesta con nuevas directrices y una prórroga de 12 meses para la implementación del Reglamento de la Unión Europea (UE) sobre deforestación. Esta decisión responde a las preocupaciones expresadas por varios socios internacionales sobre su capacidad de preparación para cumplir con los requisitos de la ley, que busca mitigar la contribución de la Unión Europea a la deforestación mundial.
Originalmente, el reglamento debía entrar en vigor el 30 de diciembre de 2024 para las grandes empresas, pero la propuesta extendería este plazo hasta diciembre de 2025. Para las microempresas y pequeñas empresas, la implementación se retrasaría hasta junio de 2026. Esta medida, según la Comisión, busca garantizar «una aplicación adecuada y efectiva» y evitar dificultades para los operadores internacionales.
Cabe recalcar que esta propuesta tiene que ser aprobada por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo antes de entrar en aplicación. Mientras tanto, se mantienen los tiempos estipulados en el Reglamento EUDR 115/2023.
Directrices y apoyo para la implementación
La Comisión ha publicado una serie de documentos de orientación para apoyar tanto a las empresas como a las autoridades de los Estados miembros en sus preparativos. Estas orientaciones incluyen detalles sobre el sistema de información, aclaraciones sobre conceptos clave como «degradación forestal» y «comercialización», así como las obligaciones de trazabilidad que las empresas deberán cumplir.
Varios actores internacionales, durante la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, han manifestado su preocupación por el rápido calendario de implementación del reglamento, lo que ha motivado la propuesta de prórroga. «La Comisión considera que un plazo adicional de doce meses es una solución equilibrada para ayudar a los operadores de todo el mundo a garantizar una aplicación fluida», señaló el organismo en su comunicado.
Objetivo: Cadenas de suministro libres de deforestación
El Reglamento de la UE sobre deforestación, adoptado en 2023, exige que productos como aceite de palma, soja, café y madera comercializados en la Unión Europea no contribuyan a la deforestación o a la degradación forestal. La Comisión enfatizó que esta extensión no modifica los objetivos ni el contenido de la ley, sino que busca asegurar una transición gradual para todos los actores implicados.
Además de las nuevas directrices, la Comisión ha fortalecido su marco de cooperación internacional con el fin de asegurar que los países terceros también puedan cumplir con los requisitos del reglamento. Este marco incluye un enfoque centrado en los derechos humanos y medidas de apoyo para pequeños agricultores que dependen de las cadenas de suministro agrícola. Se busca con ello una «transición justa e inclusiva hacia cadenas de suministro libres de deforestación», evitando dejar a nadie atrás.
Avances en el sistema informático y la evaluación de riesgos
Para facilitar el proceso, la Comisión también ha completado el desarrollo del sistema informático que las empresas utilizarán para registrar sus declaraciones de diligencia debida. El sistema estará disponible a partir de noviembre para pruebas y para su uso completo en diciembre. Empresas de todo el mundo ya están trabajando en sus conexiones a este sistema, que permitirá procesar grandes volúmenes de datos de manera eficiente.
En paralelo, se ha iniciado un proceso de evaluación comparativa que clasificará a los países en niveles de bajo, estándar y alto riesgo en términos de deforestación. Esto facilitará los procesos de diligencia debida para las empresas y las autoridades competentes. La mayoría de los países se clasificarán como de bajo riesgo, permitiendo que los esfuerzos se centren en los territorios donde el desafío de la deforestación es más crítico.
Un llamado a la aprobación de la prórroga
La Comisión insta al Parlamento Europeo y al Consejo a aprobar esta prórroga antes de fin de año, destacando que la ley sigue siendo esencial en la lucha contra la deforestación, un fenómeno que, según la FAO, ha causado la pérdida de 420 millones de hectáreas de bosque entre 1990 y 2020.
