HUÁNUCO. El módulo de la Defensoría del Pueblo en Tingo María lanzó un llamado de urgencia a la Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos Sociales del Gobierno Regional de Huánuco, a la cual solicitó una reunión extraordinaria para abordar los efectos negativos de la minería ilegal en los distritos de Santo Domingo de Anda y Pueblo Nuevo.
Jorge Mendoza, coordinador del módulo, indicó que los problemas se relacionan con la destrucción de áreas forestales y la alteración de fuentes hídricas debido a la acumulación de tierras.
En esta reunión, se busca que se articulen esfuerzos entre diversas instituciones como la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos (DREMH), la Dirección Regional de Agricultura (DRA) de Huánuco, la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Tingo María (ATFFS-TM), entre otras. El objetivo principal es identificar y mitigar los daños causados por la actividad minera en la región.
Minería Huallaga S.A.C. en la polémica
El problema se agravó cuando la Defensoría del Pueblo fue informada sobre los presuntos daños causadas por las operaciones de la empresa Minera Huallaga S.A.C. en la zona. Durante una inspección realizada el pasado 8 de septiembre, la ATFFS-TM confirmó la existencia de daños significativos, y Mendoza agregó que “El OEFA nos informó que la denuncia estaba en el Servicio de Información Nacional y Denuncias Ambientales (Sinada) pendiente de calificación”.
La empresa minera fue señalada por operar sin las debidas licencias, con derechos mineros vencidos desde marzo de 2024. La Defensoría solicitó a la DREMH que aclare si las actividades denunciadas corresponden a minería ilegal o informal, debido a la falta de claridad sobre la inscripción de la empresa en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Durante las visitas de inspección, las autoridades constataron que además del daño ambiental, las condiciones en las que opera el campamento minero son deplorables, lo que podría representar un riesgo grave para la salud y la seguridad de los trabajadores. Por ello, se trasladó la denuncia a Sunafil para que inicie las respectivas acciones de fiscalización.
Acciones a tomar y reunión clave
Gracias a la intervención de la Defensoría, se convocó a una reunión el próximo 16 de septiembre, en la que participarán la sociedad civil y las instituciones competentes. El objetivo es coordinar acciones conjuntas que detengan el daño ambiental y garanticen una supervisión eficaz de las actividades mineras.
