JUNÍN. La grave situación de contaminación en La Oroya, continúa sin soluciones claras, a pesar de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordenó medidas urgentes para mitigar los daños a la salud de cientos de personas.
A casi seis meses de la difusión de este fallo, la contaminación en la ciudad sigue generando serios riesgos para sus habitantes, muchos de los cuales padecen enfermedades vinculadas a la exposición prolongada a metales pesados.
En Perú, cada año se asocian alrededor de 14 000 muertes a la contaminación del aire, y La Oroya es un claro ejemplo del impacto ambiental y sanitario que esto puede generar. Ante este contexto, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) lanzó la campaña #HazteCargo, con el objetivo de hacer visible la problemática, identificar a los responsables y exigir que se tomen acciones inmediatas para cumplir con lo dictado por la Corte IDH.
La sentencia de la Corte IDH en el olvido
La Corte IDH determinó que la contaminación en La Oroya causó sufrimiento físico y psicológico a sus habitantes. A raíz de esta decisión, se ordenó al Estado peruano que brindara atención médica especializada a los 73 denunciantes sobrevivientes, además de un protocolo de salud integral para los afectados por la exposición a metales pesados.
De los afectados, seis fallecieron desde la emisión del fallo, y en dos de estos casos se comprobó que la contaminación fue directamente responsable. Sin embargo, hasta el momento, los avances en el cumplimiento de estas medidas han sido mínimos.
Crisis de salud pública en aumento
La situación empeora con la reciente reactivación del complejo metalúrgico, lo que causa un aumento en las emisiones de dióxido de azufre. Según datos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en 39 días desde la sentencia, se registraron emisiones que superaron los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En particular, el 27 de marzo se registró una concentración de 183 µg/m³ de dióxido de azufre, cuando el límite recomendado es de 40 µg/m³ por día. Este nivel de contaminación eleva significativamente el riesgo para la salud pública, en especial para los niños.
Un estudio del Ministerio de Salud realizado en 2005 reveló que 788 menores presentaban niveles de plomo en la sangre por encima de lo permitido por la OMS, lo que pone de manifiesto la urgencia de las intervenciones médicas y ambientales.
Un llamado a cumplir con la sentencia
La SPDA exhorta al Gobierno a que cumpla con la sentencia de la Corte IDH y presente un informe detallado sobre las medidas adoptadas en el plazo de un año, como lo establece el fallo. El informe de la SPDA enfatiza que el incumplimiento de esta sentencia puede derivar en sanciones para el Estado peruano, así como nuevas denuncias por parte de las víctimas afectadas.
Asimismo, llamó a fortalecer la fiscalización ambiental, mejorar el marco normativo y promover la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones.
