El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) ha publicado su informe mensual sobre la libertad de expresión, revelando un panorama preocupante de agresiones contra periodistas y medios de comunicación durante el mes de julio de 2024. En el centro de la controversia se encuentran las acciones del expresidente del Congreso, Alejandro Soto, y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ambos señalados por atentar contra la labor periodística y el derecho a la información.
La persecución legal como arma contra la prensa
El expresidente del Congreso, Alejandro Soto, ha denunciado por difamación a los periodistas cusqueños Yessica Bazalar y Carlos Castillo, alegando que sus comentarios y publicaciones en redes han dañado su «proyecto de vida» y reputación. Soto exige S/ 100 000 a Bazalar por calificarlo como «uno de los políticos que más avergüenza al Cusco», y ha demandado a Castillo por compartir una nota sobre una presunta compra irregular de terrenos. Además, ha ampliado su denuncia contra el periodista José Miguel Hidalgo, añadiendo una acusación por violación a la intimidad.
Por otro lado, el expresidente del Congreso también impidió que la prensa cubriera la última sesión de la Comisión Permanente del Parlamento durante su presidencia. Como resultado, periodistas y medios de comunicación quedaron excluidos del acceso directo al debate y votación sobre el nuevo contralor de la República, así como de las discusiones en torno a los integrantes de la nueva mesa directiva del Congreso.
Amenazas y hostigamiento desde el Ministerio del Interior
El informe del Consejo de la Prensa también destaca las amenazas lanzadas por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, contra los periodistas César Hildebrandt y Ricardo Velazco, del semanario Hildebrandt en sus trece. Tras la publicación de un reportaje que vinculaba a Santiváñez con presuntas irregularidades, incluyendo el lavado de dinero, el ministro respondió con insultos y promesas de acciones legales, calificando a uno de los periodistas como «miserable».
Posición del Consejo de la Prensa Peruana
El Consejo de la Prensa Peruana ha expresado su profunda preocupación ante estos hechos, calificando a Soto como «uno de los funcionarios públicos más hostiles contra la prensa». La organización también criticó la actitud de Santiváñez, señalando que sus acciones contribuyen a la «erosión del discurso público».
El informe hace un llamado a la acción de instituciones como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial, cuya pasividad ante estos ataques a la libertad de expresión resulta alarmante. Sin embargo, el Consejo también advierte sobre la importancia de mantener altos estándares periodísticos, rechazando denuncias sin fundamento o rigor investigativo.
