Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil presentó una queja formal contra el Estado peruano, alegando un incumplimiento significativo de los compromisos ambientales establecidos en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos. La queja, dirigida a la Secretaría para las Solicitudes sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental (SACA), enfatiza la falta de aplicación efectiva de la legislación ambiental, específicamente en relación con el artículo 18.3 del capítulo ambiental del TLC. ley
¿Qué es la SACA?
La SACA opera en Washington D.C., Estados Unidos y funciona en forma independiente bajo la dirección y supervisión del Consejo de Asuntos Ambientales. Es una entidad que se encarga de recibir, revisar y gestionar las solicitudes relacionadas con el cumplimiento de normativas ambientales. Su función es garantizar que las actividades y proyectos cumplan con las leyes y regulaciones ambientales establecidas para proteger el ambiente.
Punto central de la queja: La Ley N° 31973 o “Ley antiforestal”
La carta, liderada por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y respaldada por otras 17 organizaciones junto con 31 especialistas en materia ambiental, acusa al Estado peruano de haber debilitado las protecciones ambientales con la aprobación de la Ley N° 31973, que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Según los firmantes, «se ha debilitado la protección contemplada en la legislación ambiental», lo que constituye una violación a los compromisos asumidos en el tratado con Estados Unidos.
«Requerimos instar al Estado peruano al cumplimiento del Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú – EEUU, y, en consecuencia, se derogue la Ley N° 31973», señalan en el documento. Además, solicitan la derogación de cualquier norma emitida en consecuencia de esta ley y la nulidad de los actos administrativos aprobados en su marco.
Impactos en la biodiversidad y en los pueblos Indígenas
El cambio legislativo afecta no solo la gestión forestal, sino también la protección de la biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas. Las organizaciones demandan información oficial sobre el “intento de nuevo debilitamiento” en la protección de especies como el shihuahuaco (Dipteryx), cuya vigilancia se vería comprometida por el Proyecto de Ley N° 7085-2023/PE, que propone reducir los niveles de fiscalización de esta especie protegida. En Inforegión te explicamos a profundidad las implicancias de este tema aquí.
La queja sostiene que la nueva ley «convalida y legaliza de manera inconstitucional la deforestación de los bosques», al eliminar requisitos clave como la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor y la prohibición del cambio de uso. Esto, advierten, abriría la puerta a la conversión indiscriminada de tierras forestales a uso agropecuario.
En apoyo a esta preocupación, citan al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), que ha advertido que «la formalización como cultivos agropecuarios de tierras con capacidad forestal y de protección facilitaría los procesos de cambio de uso de suelos, estimulando la deforestación».
“No hubo consulta previa”
Asimismo, las organizaciones indican que la ley fue aprobada sin consulta previa a los pueblos indígenas, lo cual viola el Convenio 169 de la OIT. Señalan que esto «pone en riesgo la tierra y el territorio» de comunidades nativas que aún no tienen sus tierras tituladas. Citan al relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, quien «advirtió al gobierno peruano en relación con las modificaciones realizadas a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, las cuales fomentan la impunidad en actividades ilegales en los bosques y aumentan la violencia contra los defensores de los derechos indígenas».
Debilitamiento de instituciones responsables
Los peticionarios advierten que la implementación de esta ley podría provocar «graves impactos ambientales, sociales y jurídicos», intensificando los conflictos con comunidades indígenas y debilitando las instituciones responsables de la gobernanza forestal. En respaldo de sus preocupaciones, citan a la Defensoría del Pueblo, que cuestionó la transferencia de la zonificación forestal al Midagri en lugar del Minam, señalando que «es el ente rector en materia ambiental y en ordenamiento territorial ambiental».
Por otro lado, las organizaciones advierten que la aplicación de esta ley generaría impunidad en materia penal, al permitir el archivamiento de procesos penales por delitos contra los bosques en por lo menos 150 casos de empresas y grupos religiosos que ocupan grandes extensiones de tierras de uso forestal. Según el procurador del Estado especializado en materia ambiental, Julio Guzmán, la ley «permitirá legalizar la deforestación y que este acto delictivo no sea sancionado».
Exigen derogar Ley N° 31973 o “Ley antiforestal”
Finalmente, los denunciantes solicitan a la Secretaría que inste al Estado peruano a derogar la Ley N° 31973 y a cumplir con sus obligaciones ambientales bajo el TLC Perú-EEUU. Advierten que esta ley representa «un retroceso respecto de los estándares, requisitos y aspiraciones reguladas originalmente por la Ley N° 29763», incumpliendo así el principio de no regresión en materia ambiental.
Organizaciones firmantes:
DAR, CooperAcción, Red por una Globalización con Equidad (RedGE), Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Confederación Nacional Agraria (CNA), Confederación Campesina del Perú (CCP), Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (MOCICC), Asociación ProPurus, Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS Perú), Pachamama Alliance Perú, y ARBIO Perú.
Además, la Asociación de Mujeres Indígenas Emprendedoras en la Artesanía Textil La Merced del Centro Poblado de Otuzco, la Federación Regional de Mujeres Campesinas Artesanas Indígenas Asalariadas Migrantes de Arequipa (Fermucarinama), la Federación Agraria Nor Oriental (FANOR) Amazonas, Base C.N.A., la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap), Cecobosque (base de la CCP), Planet TV y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS).
