Este 5 de junio se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDR), una problemática que afecta gravemente a los ecosistemas marinos y a las comunidades pesqueras en el Perú. La pesca ilegal debilita los esfuerzos por conservar los recursos marinos y destruye hábitats vitales para la vida marina. Asimismo, perjudica a los pescadores legales y afecta a las comunidades costeras que dependen de la pesca responsable y sostenible.
El panorama de la pesca ilegal en Perú
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), alrededor del 20% de la pesca a nivel mundial proviene de actividades ilegales, lo que genera impactos económicos, ambientales y sociales significativos. Además, destaca que solo nuestro país pierde más de $260 millones anuales debido a la pesca ilegal.
La situación es crítica. Tanto embarcaciones nacionales como extranjeras operan ilegalmente en aguas peruanas, donde desembarcan y exportan capturas sin cumplir con las regulaciones. Esta actividad no solo reduce los recursos marinos, sino que también crea una competencia desleal para los pescadores artesanales, lo que impacta negativamente en la economía local y la seguridad alimentaria del país.
En el Perú, la pesca ilegal adopta diversas formas, desde pescar sin el permiso correspondiente, la extracción de especies en áreas protegidas o durante vedas, hasta el uso de métodos prohibidos como explosivos o redes de arrastre. «La pesca ilegal puede estar relacionada con agravantes como pescar especies por debajo de la talla mínima o en épocas de veda”, señala Juan Carlos Sueiro, director de pesquería de Oceana Perú, en entrevista con Inforegión.
Para el especialista, aunque la pesca ilegal puede generar ganancias rápidas, es crucial considerar sus impactos a largo plazo, como la disminución de las poblaciones de peces y el aumento de los precios. Sueiro destaca que en este sentido, una regulación más estricta no solo disminuiría la pesca ilegal, sino que también prolongaría los beneficios económicos de la actividad pesquera a largo plazo.
Pesca ilegal en la Reserva Nacional de Paracas
La práctica de la pesca ilegal con explosivos o dinamita es una problemática recurrente y preocupante, especialmente dentro de áreas naturales protegidas. En este sentido, nos centraremos en el caso específico de la Reserva Nacional de Paracas (RNP).
En octubre de 2021, un operativo conjunto entre Sernanp, la Policía Nacional y pescadores artesanales decomisó 30 cartuchos de dinamita y 50 detonadores en la reserva. La investigación identificó el sector Arquillo como el lugar donde se almacenaban estos materiales, que fueron hallados escondidos entre las rocas y trasladados a la dependencia policial de Paracas.
La pesca ilegal con explosivos en áreas protegidas es un delito grave en Perú, con penas de hasta 7 años de cárcel según el Código Penal. Sin embargo, hay casos muestran que los infractores reciben sentencias suspendidas o multas poco disuasivas, lo que plantea dudas sobre la eficacia de las sanciones para prevenir la reincidencia. En agosto de 2023, dos pescadores fueron condenados a 3 años y 4 meses de pena privativa de libertad suspendida por este delito en la RNP. Es decir, evitaron la cárcel, y solo se les ordenó pagar una multa de S/1275 y una reparación civil de S/10 000 cada uno.
«En el caso de la Reserva Nacional de Paracas, se ha detectado actividad ilegal de pesca con explosivos en la zona sur de la reserva. Esta área, por ser deshabitada, facilita la realización de esta práctica», explica Juan Carlos Sueiro. “Además, no es solo la pesca con explosivos, sino que también se han registrado denuncias sobre la operación ilegal de flotas industriales”, añade.
Sostenibilidad marina afectada
Esta práctica destructiva amenaza la sostenibilidad de los recursos marinos y los objetivos de conservación de un área protegida como es la RNP. Un informe de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), publicado en julio de 2023, reveló diferencias significativas en la abundancia de peces entre zonas con y sin uso de explosivos. “Los resultados comparativos muestran que los sectores identificados con uso de explosivos presentan comunidades de peces afectadas en su abundancia y diversidad”, señala el informe.
La erradicación de la pesca con explosivos en la RNP es crucial para proteger la biodiversidad y la sostenibilidad pesquera. Sin embargo, como señala el especialista de Oceana, otras actividades ilegales también plagan la reserva. Una reciente investigación de OjoPúblico reveló el registro de 99 procedimientos contra 11 compañías pesqueras por violar el reglamento dentro de la Reserva.
Ocho de estas empresas son parte de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), que intentó sin éxito permitir la pesca industrial en el área. Esto hubiera resultado en la evasión de multas por un total de S/6.6 millones por las infracciones cometidas. En Inforegión, seguimos de cerca el desarrollo del caso que involucra la demanda de la SNP contra el Sernanp, una acción que casi pone en riesgo la integridad de esta área protegida. Puedes conocer más aquí.
Otro problema: La construcción ilegal de embarcaciones
En mayo de 2021, Oceana destacó en un informe la preocupación por la construcción ilegal y operación sin permisos de embarcaciones pesqueras. Estimó que alrededor de 20 000 embarcaciones artesanales fueron construidas ilegalmente en astilleros clandestinos, desafiando las prohibiciones vigentes.
Tres años después, en enero de 2024, el Gobierno peruano promulgó una ley que tipifica como delito la construcción o alteración ilegal de embarcaciones destinadas a la pesca, con penas de tres a cinco años de prisión y multas significativas. Para Oceana, esta ley contribuirá a reducir la pesca ilegal en el país.
“Asimismo, con esta reforma los fiscales finalmente tendrán la facultad de ordenar el desguace de estas embarcaciones, que hoy invaden el mercado con productos extraídos ilegalmente, afectando los ingresos de los pescadores artesanales”, señala.
Medidas para enfrentar la pesca ilegal
Aunque se han realizado avances legislativos, persisten desafíos en la fiscalización y control de la pesca ilegal. ¿Qué acciones pueden abordar este problema? Sueiro destaca la importancia de una coordinación más efectiva entre entidades clave, como el Ministerio de la Producción (Produce) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), para proteger las reservas marinas de la actividad ilegal, como es el caso de la Reserva Nacional de Paracas.
Conversamos con José Carlos Nieto, jefe del Sernanp, quien señaló: «En el Sernanp trabajamos de forma articulada con Produce y la Marina de Guerra del Perú para prevenir actividades ilegales dentro de las áreas naturales protegidas. Recientemente hemos incorporado el Sistema de Seguimiento Satelital (Sisesat), con el objetivo de vigilar si se realizan faenas no permitidas dentro de estas áreas».
El funcionario también resaltó la colaboración con los pescadores artesanales, quienes desempeñan un papel fundamental en la identificación de actividades ilegales, y mencionó que llevan a cabo supervisiones regulares en conjunto con la Marina de Guerra.
Entre otras medidas propuestas por Oceana Perú para reducir la incidencia de la pesca INDNR se encuentran la creación de una Superintendencia Nacional de Pesca y Acuicultura, el desarrollo de un sistema de información integrado para el control y fiscalización, la integración de la flota artesanal al sistema de monitoreo satelital, y el fortalecimiento de los mecanismos de control para eliminar aparejos de pesca ilegales y prácticas dañinas.
Últimos casos y cifras
En mayo de este año, pescadores artesanales de Ilo, en Moquegua, denunciaron la pesca ilegal de pota por parte de diez embarcaciones de mayor escala. Ese mismo día, el precio de la pota en el sur estaba notablemente bajo, lo que impactó negativamente en los ingresos de los pescadores artesanales.
En el mismo mes, surgió otro caso que planteó interrogantes sobre la equidad en las multas impuestas. Se refiere a la sanción aplicada al barco chino Tian Xiang por pesca ilegal en aguas peruanas, la cual fue de tan solo S/ 250.00. El suceso se dio el 19 de septiembre de 2023, cuando la embarcación fue sorprendida pescando sin autorización dentro del límite marítimo peruano de 200 millas. Esta situación generó diversas reacciones en la comunidad pesquera peruana, especialmente entre los pescadores artesanales.
“Varios pescadores nos han señalado un desequilibrio notorio en la aplicación de sanciones. Por ejemplo, una propietaria de tres lanchas nos comentó que acumula multas que ascienden a unos 80 mil o 100 mil soles. Esta disparidad con la multa de solo 250 soles es claramente desproporcionada. Imponer una multa tan baja a una embarcación de ese tamaño muestra una falta de coherencia en las medidas sancionadoras», destaca Sueiro.
La lucha contra la pesca ilegal requiere de un esfuerzo conjunto
Ante los incidentes reportados y las demandas de los pescadores artesanales, el Ministerio de la Producción anunció una intensa labor de fiscalización contra la pesca ilegal. Esta iniciativa tiene como objetivo reforzar el monitoreo de las actividades pesqueras extranjeras en las aguas peruanas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.
Solo en 2023, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Producción, se decomisaron más de 300 mil kilos de productos hidrobiológicos obtenidos de pesca ilegal en áreas restringidas y prohibidas.
La lucha contra la pesca ilegal en Perú requiere un esfuerzo conjunto y coordinado de las autoridades, la sociedad civil y los pescadores, con el fin de proteger los recursos marinos, garantizar la sostenibilidad de la actividad pesquera y salvaguardar los medios de vida de las comunidades costeras.
