La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción de medidas cautelares para garantizar la seguridad del periodista Liubomir Fernández Fernández, corresponsal del diario La República en la región Puno.
En una carta dirigida a Margarette May Macaulay, presidenta de la CIDH, las organizaciones alertaron sobre el alto riesgo que enfrenta Fernández de sufrir un atentado contra su integridad personal y la de su familia, como consecuencia de su labor periodística investigando un caso de estafa piramidal y usurpación de terrenos en Puno, en el que está implicado el abogado Enrique Calmet Choque, vinculado al poder ilegal en la región.
Cronología de hechos
El pedido de protección surge tras una serie de amenazas e intimidaciones registradas contra el comunicador desde 2021, cuando fue agredido durante un irregular desalojo de un colegio para la toma de posesión de un terreno. En agosto de 2022, el Diario Sin Fronteras informó sobre un seguimiento que se le estaba realizando mientras cubría el entorno del abogado Enrique Calmet Choque, presunto miembro de red delictiva.
La situación se agravó el 15 de febrero de 2024, cuando Fernández denunció ante la policía haber encontrado un calzón negro colgado en la puerta de su vivienda, lo que fue interpretado por las autoridades como una amenaza contra una mujer de su entorno familiar.
Ese mismo día, cámaras de seguridad captaron a una persona con características similares a las de Calmet Choque registrando detalles de la vivienda del periodista mientras hablaba por celular.
Según reveló Fernández a las organizaciones periodísticas, sus fuentes le han advertido sobre un presunto plan de «escarmiento» en su contra por parte de Calmet Choque, inconforme con las investigaciones del comunicador sobre la red de estafa piramidal que lidera.
Solicitud de protección
En su denuncia, el corresponsal de La República expresó preocupación por la seguridad de su ex pareja y su hijo menor de edad, quienes residen en otra región del país. Actualmente, Fernández no cuenta con protección por parte de ninguna instancia estatal.
Ante esta grave situación, la ANP, el CPP y el IPYS han acudido a la CIDH solicitando la adopción de medidas cautelares que garanticen la integridad física y psicológica del periodista y su entorno familiar, permitiéndole ejercer su labor informativa sin temor a represalias.
