El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) reportó las principales agresiones a la libertad de expresión cometidas en el país durante el mes de febrero. Se trata de seis casos que involucran a varios medios de comunicación tanto de Lima como de algunas regiones.
Los casos reportados
Caso Radio PBO: La reportera Analexa Rivera y el reportero de dicho medio de comunicación fueron empujados, insultados y escupidos por seguidores del expresidente Pedro Castillo. Esto sucedió cuando los periodistas realizaban un despacho desde los exteriores de la Diroes.
Caso Gobierno Regional de Tumbes: El gobernador regional tumbesino, Segismundo Cruces Ordinola, calificó a la prensa de ser “doble sentido” y “maletera”. Además, en reciente conferencia de prensa mostró su disgusto ante las críticas que realizan a su gestión. El funcionario ya había criticado a la prensa anteriormente.
Caso San Martín: El periodista Guti Gutierrez Pacaya fue conminado a dejar de transmitir un desalojo desde su cuenta de Facebook.
La orden fue dictada al personal policial de parte de la fiscal Ysabela Melania Falcón Fretel. Un policía amenazó al periodista al decirle que si no se retiraba del lugar sería retenido por resistencia a la autoridad. Incluso le solicitó su credencial de periodista.
Caso La Encerrona: El general de la PNP, Augusto Javier Ríos Tiravanti, amenazó a este programa de redes sociales con “acciones legales”. Bajo carta notarial se le conminó a rectificarse. Adujo que su honor y reputación habían sido afectados.
Cabe citar que La Encerrona informó que Ríos fue relevado de la jefatura de la III Macro Región Policial La Libertad por haber sido investigado por presuntos vínculos con una organización criminal relacionada a la minería ilegal.
En su momento, Ríos había enviado una carta notarial similar a Gabriela Villasis, periodista de El Comercio, por destapar el caso.
Caso Gorriti e IDL-Reporteros: El partido Fuerza Popular denunció penalmente al periodista Gustavo Gorriti, director del portal IDL-Reporteros, entre otros. Se les acusó de, presuntamente, integrar una organización criminal que habría incurrido en cohecho, tráfico de influencias, etc.
La denuncia se basa en declaraciones no corroboradas de Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Parlamentarios de Fuerza Popular señalaron que Gorriti sería parte de una persecución política al partido. Durante años, Gorriti y su medio de comunicación investigaron presuntos actos de corrupción de Fuerza Popular y su lideresa, Keiko Fujimori.
Caso Willax: Un trabajador de la minera Shougang Hierro Perú agredió a dos periodistas del programa Contracorriente, de Willax. Thais Casalino y Rafael Vereau fueron agredidos en la región Ica.
Los periodistas se hallaban en los exteriores de la planta de la minera para entrevistar a pescadores artesanales que alegaban ser impedidos de trabajar en una caleta. Luego, fueron interceptados por un vehículo de seguridad de la empresa. El trabajador Jesús Augusto Monge Pimentel intentó quitarles sus vehículos a los reporteros. Además, empujó a Vereau.
Posición del CPP
El CPP expresó que “rechaza que autoridades municipales, políticas, fiscales, policiales y ciudadanos en general hostiguen y ataquen a la prensa”. Además, recuerda que “la ciudadanía tiene el derecho de estar debidamente informada a través de periodistas y medios de comunicación, a los cuales se les debe brindar la facilidad en su cobertura”.
Se añade que atentar contra este derecho es “afectar su libertad de tomar decisiones informadas”.
Además, el CPP considera que “la persecución fiscal y policial a periodistas socava la democracia en cuanto debilita el entorno para que conduzcan sus investigaciones. El CPP exige a las autoridades del Estado y a los ciudadanos peruanos a respetar el trabajo de periodistas y medios de comunicación”.
