Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas y distintos Relatores enfocados en temas ambientales y derechos humanos enviaron una comunicación formal a la empresa Ocho Sur, sus inversores, compradores y Estados involucrados. En esta comunicación, mencionan las denuncias de violaciones a derechos humanos y daños ambientales en la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya, perteneciente a la etnia Shipibo-Konibo, región Ucayali.
Carta de comunidad nativa
La misiva se originó tras una carta presentada en el 2022 por miembros de la localidad, Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau), Instituto de Defensa Legal (IDL) y Forest People Programme (FPP). En ella se detallan las afectaciones por la instalación de palmas aceiteras en 7 mil hectáreas de territorio ancestral, sin consulta previa.
El Grupo de Trabajo mencionó que entre los cuestionamientos están la deforestación, el tráfico de tierras, procesos legales contra la empresa por usurpación y delitos ambientales. Asimismo, se menciona los intentos de dividir a la comunidad, contaminación de aguas, amenazas a líderes indígenas y vulneración de derechos laborales durante la pandemia.
Respuesta de compradores de Ocho Sur
De acuerdo al Grupo de Trabajo, enviaron cartas a seis compradores internacionales de Ocho Sur. Las empresas que respondieron fueron la holandesa Bunge Loders Croklaan y las japonesas Nisshin Oilio y Meiji Holdings. Esta última negó haber comprado a Ocho Sur, aunque habrían existido registros previos de que sí lo hizo.
Nisshin Oilio detalló que tras una investigación interna, suspendió sus actividades con la planta procesadora de Ocho Sur e inscribió el caso en su registro de quejas. Por su parte, Bunge anunció que excluyó a Ocho Sur de su cadena de suministro ante las graves acusaciones y mencionó que la empresa permanecerá bloqueada hasta que se resuelvan los reclamos de la comunidad nativa afectada.
Modificación de Ley Forestal
Tras la comunicación del Grupo de Trabajo, la empresa Ocho Sur ha enfrentado un escrutinio internacional. Un informe de Environmental Investigation Agency investigó cómo empresas de palma aceitera y cacao impulsan la deforestación en la Amazonía peruana.
El caso ocurre en paralelo a la aprobación en el Congreso de una modificación de la Ley Forestal que promovería la impunidad ante la deforesación. El Relator de la ONU de los derechos de los pueblos indígenas advirtió que esto agravaría la crisis climática.
