LIMA. Han transcurrido dos años desde el derrame de 11 900 barriles de crudo sin refinar en el mar de Ventanilla, distrito ubicado en la provincia constitucional del Callao, región Lima. Como se recuerda, el hecho tuvo lugar el 15 de enero de 2022, durante la operación de descarga desde el buque de bandera italiana Mare Doricum, hacia el Terminal Multiboyas 3 de la Refinería la Pampilla, propiedad de la transnacional española Repsol.
Este incidente, que se constituyó como el mayor desastre ecológico en la historia de la costa peruana, afectó a seis distritos costeros y ocasionó que cientos de familias queden completamente quebradas al perder sus medios de vida y fuentes de empleo. Cabe preguntar, entonces, cuál es la situación de las personas perjudicadas por el vertido de crudo.
El estudio «Revelando el daño. Valorización económica de la pérdida de bienestar de las familias pescadoras afectadas por el derrame de petróleo en la costa de Lima, en enero del 2022» determinó que cada familia de pescadores afectada ha dejado de percibir S/ 11 902 mensuales por el cese de sus actividades, las cuales hasta la fecha no han sido restablecidas. Esto representa una pérdida anual de S/ 149 714 por familia.
Indemnización es casi la cuarta parte de lo que ganaban
Este cálculo se basa en encuestas a 374 jefes de hogar vinculados a la pesca artesanal, entre noviembre y diciembre de 2022. De este total 284 eran hombres y 90, mujeres, pertenecientes a 17 asociaciones de pescadores. Las personas encuestadas trabajan como pescadores, pinteros, armadores, comerciantes, entre otros roles vinculados a la pesca, según precisa el portal de investigación Salud con Lupa.
La valorización realizada por la economista Kely Alfaro para el mencionado informe, que fue elaborado por la ONG CooperAcción con apoyo del movimiento mundial Oxfam en Perú; sirvió de base para que los pescadores negocien con Repsol indemnizaciones, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, la empresa ha compensado con pagos únicos de entre S/ 50 000 y S/ 70 000, casi la cuarta parte de lo que deberían recibir.
Para la investigadora Alfaro ―de acuerdo con Actualidad Ambiental, servicio periodístico de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)―, el tiempo de recuperación del ecosistema y la falta de unificación de datos de las entidades del Estado peruano sobre la cantidad de territorio contaminado, lo cual también implica la cantidad de personas afectadas, no permiten realizar una correcta indemnización a la población afectada.
Acuerdos injustos para las y los pescadores
Por otro lado, el «Informe de fiscalización sobre las acciones estatales y privadas implementadas a dos años del derrame«, presentado recientemente por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, del Congreso de la República, indica que las medidas implementadas por Repsol relativas a la compensación económica “han motivado protestas y manifestaciones sociales».
Esto debido a los criterios usados para la identificación y el registro de las personas afectadas en el Padrón Único de Afectados, “sin contemplar el contexto de informalidad que caracteriza a la zona”. A esto se suman los cuestionamientos por el recorte de las compensaciones económicas correspondientes al 2023 y la incertidumbre sobre si continuarán en 2024, siendo que las actividades económicas siguen paralizadas.
Protestas y demandas pendientes tras derrame
José Llacuachaqui, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Ventanilla, dijo este lunes en RPP que los pescadores y trabajadores vinculados a la pesca que están reconocidos en el PUA, en efecto, han recibido una compensación económica. Sin embargo, se vieron obligados a firmar condiciones con las que no estaban de acuerdo, en un contexto de alta necesidad al quedarse sin su principal fuente de ingresos.
«Un total de 10 500 personas hemos sido reconocidos. Pero, hay otras 35 000 que piden estar en el padrón. Nosotros exigimos a Repsol resacir el daño de todos los que nos hemos visto comprometidos en este ecocidio ecológico. […] Hemos tenido que cederles todos nuestros derechos y firmar que no haremos ningún reclamo ni demandas en contra de la Refinería La Pampilla. Prácticamente, 10 000 personas han aceptado esta condición por la propia necesidad», manifestó.
Desde tempranas horas, pescadores artesanales se concentraron en la playa Cavero, en Ventanilla, para llevar a cabo diferentes actos de protesta por el derrame de crudo en la costa peruana. Además, se realizaron plantones frente a la Refinería La Pampilla.
