En una movida que ha capturado la atención pública, el Alcalde Distrital de San Miguel, Cristin Mamani, ha lanzado una segunda convocatoria para la construcción del parque ubicado estratégicamente en la esquina de la Avenida Manco Cápac con Jirón Aeropuerto. Este proyecto, valuado en más de medio millón de soles, ha sido objeto de una controversia que ha venido gestándose en las entrañas de la Adjudicación Simplificada 10-2023-MDSM/CS-2.
Entendiendo la trama: Adjudicación cuestionable y errores reveladores
En un proceso que involucró a 18 empresas, la descalificación de 15 de ellas, alegando motivos ficticios y manipulando las bases. Las tres empresas restantes —Consorcio Grupo Eard, Consorcio Titán y Consorcio San José— obtuvieron sorprendentemente una calificación casi perfecta de 105 puntos, revelando una gestión sospechosa desde sus inicios.
El craso error que delató este oscuro negocio fue evidente en la propuesta económica presentada por estas tres empresas. En el Anexo 1, «Declaración Jurada y datos del postor», se descubrió que todas pertenecían al mismo consorcio, aunque presentaban diferentes representantes. Este detalle se reveló al final del documento, un descuido que, irónicamente, reveló el tejido corrupto que envolvía el proceso.
Sorteo amañado y otras irregularidades
Para encubrir esta ilegalidad, el Comité de Selección, liderado por Jhon Cruz Calsina, subgerente de Obras de la municipalidad, pasó por alto este grave error y procedió a un sorteo. El Consorcio Eard se llevó la «buena pro» con un monto de 515 mil 751.12 soles, a pesar de las numerosas irregularidades.
Durante la calificación, 11 empresas fueron depuradas por motivos triviales, como la falta de visibilidad de porcentajes o letra pequeña, mientras que el Consorcio Eard presentó su propuesta con ítems incompletos y números faltantes. A pesar de estas deficiencias, obtuvo una calificación casi perfecta, cuestionando la integridad del proceso.
Alerta y acciones legales
El 27 de diciembre, estas anomalías fueron denunciadas ante la Contraloría General de la República por seis empresas afectadas. Se han anunciado denuncias penales contra los funcionarios responsables de este presunto fraude.
Según la Ley de Contrataciones, la Contraloría deberá llevar a cabo una «Fiscalización Posterior» al proceso, y si se confirman las irregularidades, se deberá anular el proceso, advirtiendo posibles consecuencias penales.
El ‘faenón’ trunco y la sombra de la nulidad
Esta segunda convocatoria surge después de que el Comité de Selección se quedara con las ganas en la primera, donde la buena pro fue otorgada al Consorcio San José. La Resolución de Alcaldía 348-2023, emitida el 30 de noviembre, declaró la nulidad debido a «contravenir las normas legales y esenciales para el procedimiento», según lo estipula el artículo 44.1 y 44.2 de la Ley de Contrataciones del Estado”. Este ‘faenón’ truncado deja a la comunidad en alerta, exigiendo transparencia y responsabilidad en la gestión municipal.
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