JUNÍN. En un importante paso hacia la seguridad jurídica y la titulación de sus territorios en la selva central. La comunidad nativa San Marcos, ubicada en la provincia Satipo, región Junín, recibió una resolución directoral de reconocimiento. Al mismo tiempo, la comunidad Korishato, también en la provincia y región, ha obtenido la aprobación del plano de demarcación territorial. Estos documentos tienen un rol fundamental en la protección de sus tierras, actualmente amenazadas por actividades ilegales.
Las resoluciones fueron entregadas en una ceremonia celebrada el pasado 27 de diciembre, presidida por la Dirección Regional Agraria de Junín (DRAJ). Se contó con la presencia de líderes indígenas destacados, como Teddy Sinacay, de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec), y Cline Jorge Chauca López, coordinador de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI-SC). Ambas organizaciones son bases de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
Durante su intervención, Chauca López resaltó la importancia de estos documentos para obtener la titulación y seguridad jurídica de los territorios indígenas, habitados durante generaciones. De este modo, se impulsa el desarrollo de las comunidades.
Resoluciones de comunidades en la Selva Central
En el caso de la comunidad nativa San Marcos, la resolución de reconocimiento se remonta a sus orígenes, al año 1970. Por su parte, la comunidad nativa Korishato, que se encuentra entre los distritos de Pangoa y Mazamari, en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), ha sido reconocida, a través de la reciente resolución 576-2023-GRJ-DRA, con la demarcación de un total de 482 119 hectáreas.
Estos documentos benefician a más de 110 familias en la provincia Satipo, brindándoles seguridad jurídica ante diversas amenazas, como invasiones, tráfico de tierras y de madera, narcotráfico, minería ilegal y depredación de sus territorios. Además, la población y las autoridades esperan que contribuyan al desarrollo económico, familiar y social de los habitantes de estas comunidades.
El logro de la obtención de estas resoluciones fue el resultado de la colaboración entre las organizaciones indígenas Ceconsec y ARPI-SC, autoridades de las comunidades beneficiarias y funcionarios de la DRAJ. Finalmente, este esfuerzo conjunto permitió llevar a cabo el saneamiento físico-legal y la demarcación necesaria para garantizar la protección y legalidad de los territorios indígenas.
