PERÚ. Las modificaciones a la Ley forestal y de fauna silvestre (29763), contempladas en el dictamen de insistencia recaído en los proyectos de ley 649, 849 y 2315/2021-CR, fueron aprobadas en el Pleno del Congreso de la República el pasado jueves 14 de diciembre. Sin embargo, estos cambios normativos continúan generando preocupación entre especialistas en materia ambiental, quienes evalúan sus posibles impactos.
Se legalizaría la deforestación
Andrea Buitrago, directora de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), advirtió a Inforegión que las modificaciones aprobadas legalizarían la deforestación, ocasionando mayores daños, no solo en relación a la pérdida de bosques, sino en las poblaciones que dependen de estos ecosistemas.
Según indicó, la normativa respaldada en el Pleno elimina criterios básicos, como la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (Ctcum) y la autorización de cambio de uso del suelo, que buscan evitar que las tierras forestales y de protección se pierdan y pasen, ilegalmente, a un régimen agropecuario. A través del Ctcum, se identifican las tierras forestales y de protección. De acuerdo con la ley actual, debe realizarse antes del proceso de formalización y titulación, así como del otorgamiento de constancias de posesión.
Asimismo, “suspende la prohibición de dar títulos de propiedad en tierras de aptitud forestal o de protección”, lo que se agrava con el riesgo de que se emitan estos documentos de manera irregular. También descarta la zonificación forestal (ZF) como requisito para el cambio de uso de suelo. Los propietarios de tierras no tendrían que realizar estudios de suelos para determinar si sus tierras son aptas para agricultura, ganadería, conservación y otros. Estas modificaciones “abren la puerta a un deterioro mucho más rápido de los bosques”.
«En 2022, la deforestación en Perú se incrementó en cerca de 144 000 hectáreas de bosque primario, es decir, un aproximado del 7%. La deforestación tiene un impacto directo en el bienestar humano y en el acceso a los servicios ambientales esenciales, como el agua y alimentos. En las zonas con alta deforestación por actividades agropecuarias, la probabilidad de que la población caiga en pobreza es mayor, de entre 40% y 70%. La ley actual tiene vacíos y retos, para los cuales necesita de la implementación y el desarrollo de las políticas integrales. Las modificaciones mencionadas no son la respuesta adecuada», manifestó.
Permitirá impunidad a empresas deforestadoras
César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental, expuso lo que él considera es uno de los puntos más graves de las modificaciones a Ley forestal: la disposición complementaria única. En esta propuesta se exonera del proceso de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (Ctcum) a los predios privados que cuentan con títulos de propiedad o constancias de posesión, que no posean cobertura boscosa (porque han sido deforestadas) y se dediquen a la actividad agropecuaria.
Al no estar obligadas de contar con el Ctcum, las empresas podrán agilizar la obtención de sus estudios de impacto ambiental o instrumentos de gestión ambiental, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), ya que el Ctcum es un requisito para adquirir dichos certificados.
Como explicó Ipenza, esta disposición permitirá, por ejemplo, que empresas que han talado miles de hectáreas o que tienen procesos penales por deforestación, logren obtener sus estudios de impacto ambiental y desarrollar, sin inconvenientes, sus operaciones agrícolas. Bastará con tener, previo a la entrada en vigencia de esta nueva ley, el título de propiedad o constancia de posesión. Esta última es otorgada por el gobierno regional y, en casos más cuestionables, por algún municipio.
Cambios en Ley forestal beneficiaría a empresas
Este enfoque, añadió el experto, representa una suerte de “borrón y cuenta nueva” para quienes deforestaron sin autorización todos estos años. Por otro lado, considerando la deficiente supervisión del Estado, incluso las tierras que se integren a la actividad agraria después de la implementación de los cambios podrían beneficiarse de la no aplicación del Ctcum, a pesar de que la disposición aprobada indica que dicho instrumento deberá continuar siendo utilizado para las tierras que se incorporen a la agricultura de forma reciente.
En efecto, el dictamen de insistencia corrobora que hay una alta probabilidad de que cientos de miles de hectáreas tengan instalados cultivos sobre suelos con aptitud forestal o de protección. La norma busca facilitar la formalización de productores agropecuarios que cometieron el delito de deforestar los bosques, permitiéndoles obtener la certificación ambiental para que sigan operando. Según describe, los bosques eliminados con fines agropecuarios no tienen posibilidades de volver a regenerarse, justificando así la entrega de la propiedad y legalizando tierras taladas.
