SAN MARTÍN. El asesinato del líder indígena Quinto Inuma Alvarado, apu de la comunidad nativa kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, en la región San Martín, a manos de sujetos presuntamente vinculados al tráfico de madera, el pasado 29 de octubre, ha vuelto a poner de manifiesto la ineficacia del “Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos”.
Esta herramienta, creada en abril del 2021, suponía la prevención, protección y acceso a la justicia de personas defensoras de derechos humanos, entre ellas, hombres y mujeres indígenas que protegen sus territorios de economías ilegales y mantienen la conservación de los bosques. Sin embargo, en casi tres años, no cumple esa función.
En agosto de 2020, Quinto y su hermano Manuel Inuma, entonces jefe de la comunidad de Santa Rosillo, solicitaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjudh) la activación del Procedimiento de Alerta Temprana. Esta medida estaba prevista en el entonces Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras, aprobado en 2019, y que fue derogado tras la oficialización del “Mecanismo”.
Mecanismo: Protección que termina solo en papel
La cartera de Justicia aprobó la alerta a favor de los dirigentes indígenas, seis meses después, en febrero de 2021. En su resolución, reconoció la situación de riesgo “asociada a la falta de seguridad jurídica del territorio de la comunidad […], así como a la lejanía de las dependencias policiales […] y las actividades relacionadas con la tala ilegal de recursos maderables”. Las amenazas físicas y de muerte contra el líder asesinado y su hermano datan desde el 2017, aproximadamente. En este periodo, han habido denuncias de agresiones físicas, incluso de un secuestro contra Manuel Inuma.
Cuando entró en vigencia el Mecanismo, éste absorbió los casos anteriores, como el de los hermanos Inuma Alvarado. Según resolución ministerial, al mes siguiente de la creación de esta herramienta, es decir, en mayo o junio del 2021, el Ministerio del Interior debió aprobar sus lineamientos de actuación para proteger la vida e integridad de las personas defensoras. Sin embargo, a la fecha, dichas directrices no han sido aprobadas.
Sin financiamiento e implementación efectiva
La abogada Cristina Gavancho, consultora del Instituto de Defensa Legal (IDL), en San Martín, y asesora legal de la familia de Quinto Inuma, explicó a Inforegión que cuando se aprobó la alerta temprana para Quinto y Manuel, en febrero de 2021, la resolución directoral activó medidas de protección policial y de seguridad jurídica, a través del proceso de titulación, y otras acciones que no fueron implementadas.
«El Ministerio de Justicia debió supervisar la ejecución de las medidas dispuestas, como el respaldo policial, el cual se realizó de forma parcial y solo por un tiempo. El problema de fondo es la falta de financiamiento y el ‘peloteo’ entre todas las instituciones para solucionar las carencias presupuestales. El apu Quinto pedía que lo visitaran, que se haga efectiva la resolución, pero solo después de su asesinato, mágicamente, consiguieron los recursos para intervenir. Desde nuestro punto de vista, este Mecanismo está diseñado para personas asesinadas y no para defensores, porque no es preventivo«, cuestionó.
El Mecanismo no consideró propuestas de comunidades
Por su parte, Marisol García, presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas Kichwas Chazuta Amazonas (Fepikecha), señaló que el mencionado mecanismo, al igual que otras normas, no considera la realidad de los pueblos originarios, sus propuestas o procesos propios. Destacó que, según el marco legal, la comisaría más cercana debe atender a los defensores en el mecanismo y llevar a cabo patrullajes, pero esto no ocurre por las distancias con las oficinas policiales y la falta de presupuesto.
«La comisaría encargada de brindar protección a Santa Rosillo es la Chazuta, que está a tres horas de Huimbayoc en bote, a 60 km/h. En peque-peque, son casi ocho horas. De Huimbayoc, se viaja por una trocha carrozable hasta el centro poblado de Chimbana y, luego, se tiene que tomar otra embarcación. Son varias horas y, cuando el río está bajo, se tiene que caminar. Nosotros, los pueblos indígenas, no estuvimos de acuerdo con cómo se planteó el Mecanismo. Quienes rescatan a los defensores son las rondas comunales, las comunidades más cercanas, los familiares y vecinos. Son estos organismos los que hacen efectiva la protección y, por eso, deben ser reconocidos y fortalecidos«, afirmó.
Lucha comunal y otros defensores en peligro
García reiteró que el principal reclamo ante proyectos de ley y normativas aprobadas necesitan tener asegurado un financiamiento para su implementación y socialización en las comunidades. La dirigenta refirió que, si bien hay mesas técnicas sobre personas defensoras, los avances y acuerdos no se pueden replicar en los territorios por no contar con un presupuesto.
«Los movimientos indígenas deben ser considerados en el mismo nivel jerárquico de los ministerios, del Ejecutivo y del Congreso, respecto de normas que nos impactan. De este modo, podremos cerrar brechas y tener soluciones para prevenir estos asesinatos, sino seguirán en aumento, y nosotros nos queremos vivos. Si Quinto, que ha tenido visibilización a nivel nacional e internacional, fue asesinado con tanta facilidad e impunidad, ¿qué nos espera el resto de nosotros? En la zona del Bajo Huallaga, tenemos a otros defensores en peligro: en Santa Rosillo de Yanayacu, Anak Kurutuyacu, Atumpampa y en Túpac Amaru», expresó.
Por otro lado, añadió que otra falla grave del Mecanismo es que contempla la protección exclusiva de los dirigentes y deja de lado a sus familias, como hijos menores de edad. Sin embargo, para las comunidades indígenas, la lucha en defensa de sus territorios es colectiva y, por tanto, las medidas de protección deben ser aplicadas en esa magnitud.
Indefensión de las y los defensores ambientales
Durante una entrevista anterior, Kevin Inuma, hijo mayor de Quinto Inuma, responsabilizó al Estado por la muerte de su padre al no haber tomado acción frente a las repetidas denuncias del apu y la comunidad. Entre noviembre de 2020 y diciembre de 2021, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Alto Amazonas, de San Martín, pospuso nueve veces una inspección en la zona para constatar la tala ilegal, alegando falta de seguridad y garantías, situación advertida por la Policía.
Cabe recordar que, en setiembre de 2022, se reportaron dibujos de revólveres en troncos de árboles en clara amenaza a los pobladores indígenas de Santa Rosillo. La denuncia pública sindicó a Jorge Segundo Ramírez Mandruma, a Julio Barbarán Ojana y a Limber Ríos como los posibles responsables de estos actos.
Otra amenaza de muerte fue dada a conocer en abril de 2023. En esa ocasión, según OjoPúblico que cita un informe de la organización Fondo Socioambiental del Perú, dos personas con armas de fuego, que habrían sido los hermanos Diego y Dedicación Vega Pardo, llegaron al lugar y preguntaron por Quinto. Esta acción fue reportada como un intento de ataque.
