LIMA. Durante los últimos diez años, el panorama migratorio de varios países de América Latina y el Caribe (ALC) ha cambiado de manera relevante a partir de la crisis humanitaria en Venezuela. Ese ha sido el caso de Perú y Ecuador. Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), hasta agosto de 2023, más de 1 542 000 de personas extranjeras de nacionalidad venezolana residen en territorio peruano y casi 475 000 viven en suelo ecuatoriano.
Estas cifras posicionan a Perú como el segundo país de la región con la mayor población venezolana. En tanto, Ecuador es el cuarto. Sin embargo, pese al gran número de habitantes venezolanos en ambos países, las personas migrantes, o que se encuentran en situación de tránsito en un país ajeno, han enfrentado y todavía enfrentan diversas dificultades.
En ese contexto, la abogada Andrea Carrasco y la comunicadora especialista en género y diversidad Jackeline Velarde presentarán, durante hoy viernes 10 de noviembre, los hallazgos de las investigaciones que han liderado. Los trabajos se centran en tres regiones: Piura, Lambayeque y La Libertad. Uno de ellos aborda la actuación estatal ante el delito de trata de migrantes y, el otro, los obstáculos que personas extranjeras encuentran para acceder a la educación.
Esfuerzos para combatir la trata de personas no son suficientes
La investigación de Carrasco analiza la percepción que tienen las víctimas de trata y las personas que trabajan con ellas respecto de la respuesta del Estado para hacer frente a este delito. Dentro de los hallazgos más resaltantes, está la confirmación de que existe una articulación de actores estatales y de la sociedad civil para tratar el problema.
No obstante, esta situación, aunque considerada positiva, no es suficiente. Esto significa que lo que se conoce de la problemática de la trata de personas sobrepasa a los esfuerzos que, actualmente, se están desarrollando en Perú. Por ejemplo, este 2023, han asumido nuevas autoridades regionales y locales. Esta rotación de personal de las comisiones y redes encargadas del tema produce que las labores avancen lento. Según Carrasco, una problemática social y estructural como es la trata de personas no puede depender de cambios y voluntad política.
Barreras en la oportunidad de tener una educación
Por su parte, la investigación de Jackeline Velarde se titula “Limitantes y barreras del acceso a las escuelas por parte de personas extranjeras”. Este estudio se enfoca en evaluar los obstáculos y limitaciones que tienen niñas, niños y adolescentes migrantes para acceder y permanecer en las instituciones educativas de las tres regiones ya mencionadas.
Una de las conclusiones es que hay diversos factores que perjudican el acceso y la permanencia de los estudiantes; tales como las migraciones internas, la inestabilidad laboral de los padres, la necesidad que sienten los menores para trabajar por falta de ingresos, entre otros.
Asimismo, se presentan problemáticas como la falta de documentos necesarios para la inscripción de los estudiantes, la falta de vacantes en las instituciones e, incluso, discriminación y xenofobia. En esa línea, se han encontrado muchos prejuicios y estereotipos hacia las comunidades migrantes y su derecho a ser educadas.
Para el 2023, el Ministerio de Educación (Minedu) ha reportado que hasta el 31 de mayo se registró un total de 7 907 239 estudiantes matriculados en la Educación Básica Regular. De ese número, 123 886 son de nacionalidad venezolana, lo que representa solo el 1.6% de la población estudiantil total del país.
Presentación de las investigaciones sobre situación de personas extranjeras
La presentación de las investigaciones de Carrasco y Velarde se realizará en el Hotel Costa del Sol Wyndham, en el distrito de Miraflores. En este encuentro se desarrollarán dos mesas de diálogo, una a las 9:00 horas y otra a las 16:00 horas, con el objetivo de discutir las conclusiones de los trabajos descritos.
