Hoy 30 de julio, en el Día Mundial contra la Trata de Personas, más de 130 organizaciones de base que integran la Red de Veedurías Regionales Mirada Ciudadana emitieron un pronunciamiento público exigiendo al Estado peruano medidas urgentes y sostenidas frente al avance del delito en el país. La red, impulsada por CHS Alternativo, demanda presupuesto específico, presencia efectiva en las regiones y acceso a justicia para las víctimas.
Según datos del Ministerio Público, entre enero y junio de 2025 se registraron 942 denuncias por trata de personas, con un total de 1229 víctimas identificadas. El 73 % son mujeres y el 33 % son niñas, niños o adolescentes. A pesar de estas cifras, las organizaciones advierten que la mayoría de casos no se resuelven y que las redes criminales continúan operando con impunidad.
Regiones sin atención adecuada
Aunque Lima concentra el mayor número de casos (35 %), seguida por Arequipa (19 %) y Piura (13 %), la Red Mirada Ciudadana advierte que otras regiones gravemente afectadas no aparecen reflejadas con claridad en las estadísticas oficiales. Este es el caso de Madre de Dios, Cusco, Puno y Loreto, zonas con alta incidencia del delito, pero baja visibilidad institucional.
En Madre de Dios, la explotación sexual y laboral en zonas de minería ilegal persiste. En 2024 se identificaron 111 víctimas en la región. Sin embargo, las investigaciones avanzan lentamente y existen decenas de expedientes sin sentencias ni responsables sancionados.
Modalidades graves y falta de respuesta
En Cusco, la trata de personas incluye la venta de recién nacidos, modalidad que se hizo visible tras una denuncia en 2023. Aunque se descubrió un centro clandestino que comercializaba bebés, el problema no se ha erradicado. Solo en 2024 se registraron 41 víctimas de trata, en su mayoría menores de edad, y en lo que va de 2025 se han denunciado 5527 casos de violencia sexual.
Puno también enfrenta un problema crítico: la desaparición de personas, especialmente menores de edad, muchas veces vinculada a la trata. En 2024 se reportaron 644 desapariciones; solo 193 personas fueron ubicadas. En el primer trimestre de 2025, se han registrado 199 nuevas desapariciones.
Loreto: falta de presencia estatal
En Loreto, la red ciudadana denuncia una ausencia sostenida del Estado. No hay estadísticas compartidas, ni una estrategia clara frente al crecimiento del delito. En zonas fronterizas como Mariscal Ramón Castilla, Putumayo y Maynas, el narcotráfico recluta adolescentes y la minería ilegal genera condiciones de trabajo forzoso. Las comunidades afectadas no reciben atención integral.
Ante este panorama, las organizaciones de la red Mirada Ciudadana exigen al Estado peruano asumir con seriedad su responsabilidad frente a la trata de personas. Piden mayor presupuesto, acciones coordinadas entre sectores, presencia efectiva en las regiones más afectadas, acceso a información pública y justicia para las víctimas.
El pronunciamiento concluye señalando que la lucha contra este delito no puede depender únicamente de la ciudadanía. Las organizaciones reclaman que el Estado rinda cuentas y actúe de manera sostenida para enfrentar una problemática que sigue creciendo.
