Líderes y lideresas indígenas de la Amazonía se reunieron para denunciar la falta de protección y el aumento de amenazas contra sus territorios ancestrales y sus vidas. En un evento que conmemoró el 44º aniversario de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), representantes de 9 regiones amazónicas hicieron un llamado urgente al Estado para detener el avance de medidas y proyectos de ley antiambientales, así como asignar un mayor presupuesto para la protección de los defensores ambientales.
Defensores ambientales: Impunidad y falta de acciones
Durante el encuentro, se resaltó la grave situación de impunidad que rodea los asesinatos de los defensores ambientales. Desde 2013, se registraron 34 muertes. Estas personas, que luchan de manera pacífica por proteger sus territorios y recursos naturales, se enfrentan a amenazas, ataques y violencia perpetrada por actores ilegales y grupos delictivos en la región amazónica.
A pesar de los avances legislativos, el Estado es incapaz de brindar una protección efectiva a los defensores. Los mecanismos existentes, como el Protocolo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y el Mecanismo Intersectorial, resultan insuficientes y poco efectivos en la práctica, dejándolos desprotegidos.
Tabea Casique, secretaria de Aidesep, enfatizó en entrevista con Inforegión que «sin territorio no hay gobernanza, ni educación, ni salud. El Estado debe atender estas demandas y proteger a los defensores territoriales». Además, exigió mecanismos para ver por las viudas y huérfanos que dejan los defensores asesinados.
Por su parte, Miguel Guimaraes, vicepresidente de Aidesep, criticó la falta de medidas preventivas ante los constantes asesinatos de líderes indígenas. Hizo un llamado a reconocer los mecanismos de autoprotección desarrollados por los propios pueblos indígenas, en referencia al ‘Programa Nacional Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas’ de Aidesep, que busca fortalecer estas iniciativas desde el 2022.
Amenazas y presiones sobre los pueblos indígenas
Aidesep hizo un recuento de las seis principales amenazas y presiones identificadas en contra de los pueblos indígenas. Estas son la falta de seguridad jurídica de sus territorios, causada por omisiones estatales en el saneamiento de los mismos, lo que les deja vulnerables ante actividades ilegales y redes de corrupción.
Además, se destacó la continua vulneración de su derecho colectivo a participar en la toma de decisiones sobre su desarrollo, el incumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada, y la presión ejercida por proyectos viales, expansión de cultivos de coca y agrarios.
También se mencionó el tráfico de tierras y la permisividad de las autoridades frente a actividades que amenazan sus territorios, así como la expansión de economías ilícitas como la tala, la deforestación, la minería ilegal y el narcotráfico, acompañadas de la construcción ilegal de caminos y pistas de aterrizaje.
«También denunciamos la construcción de carreteras sin estudios de impacto ambiental, que ponen en riesgo los territorios de los pueblos indígenas y que podrían facilitar el tráfico a diversas actividades ilegales», recalcó Jorge Pérez Rubio, presidente de Aidesep, a Inforegión.
Impunidad y leyes que amenazan los derechos indígenas
Los representantes indígenas también alertaron sobre ciertas leyes y proyectos normativos que atentan contra sus derechos y territorios. Una de ellas es la conocida ‘Ley Antiforestal’, que modifica las reglas de cambio de uso de suelo, facilitando la invasión y deforestación de territorios indígenas.
«Esta ley pone en peligro a las comunidades que todavía no están tituladas y carecen de seguridad jurídica. Actualmente, el bosque sufre numerosas agresiones, y quienes lo dañan disfrutarán de una especie de impunidad. La ley formalizará estos daños, lo que es sumamente peligroso porque establecerá un precedente de deforestación e invasión de los territorios de los pueblos,» advirtió el presidente de Aidesep a Inforegión.
Teresita Antazú, miembro del Consejo Directivo de Aidesep y lideresa del Programa Mujer, denunció: «Somos dueños de nuestros bosques. Las leyes que aprueban benefician a los ricos, a los mineros, a los petroleros y a los madereros, mientras que a nosotros nos saquean».
Asimismo, recordó que próximamente se cumplirán 15 años del ‘Baguazo’, una protesta indígena en la que cientos de wampis y awajún del norte de Perú exigieron la derogación de dos decretos que afectaban la administración de sus territorios y que no habían pasado por procesos de diálogo o de consulta previa. El enfrentamiento en la ‘Curva del Diablo’ resultó en la muerte de 10 policías y 23 civiles.
Demandas por una protección efectiva
Frente a estas amenazas, los pueblos indígenas exigen al Estado peruano adoptar medidas urgentes. Entre ellas, garantizar un presupuesto específico para implementar mecanismos de protección para defensores indígenas, respetar el derecho a la consulta previa sobre leyes que los afecten, y asegurar la intangibilidad de las reservas de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (Piaci).
Además, demandan el pleno respeto de la seguridad jurídica de sus territorios, lo que implica la titulación, demarcación, delimitación, ampliación y registro de los mismos. También solicitan un mecanismo de reparaciones para las víctimas que defienden los derechos territoriales indígenas.
Dato
Aidesep fue fundada en mayo de 1979 y está integrada por 9 organizaciones descentralizadas que se ubican en el norte, centro y sur de la selva peruana. Asimismo, cuenta con 109 federaciones que representan a alrededor de 650 000 indígenas distribuidos en 2439 comunidades con 19 familias lingüísticas.
La integran las organizaciones: Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio); Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (Orpian-P); Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad); Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de Aidesep Atalaya (Corpiaa); Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (Corpi-SL); Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru) y Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la región San Martín (Codepisam).
