LIMA. En una reciente decisión, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló la sentencia condenatoria en segunda instancia, dictada por la 8ª Sala Penal Liquidadora de Lima, contra la defensora ambiental Lucila Pautrat. Dicha sentencia ratificaba el fallo previo del 43º Juzgado Penal de Lima que la condenó, en 2021, a dos años de prisión suspendida y el pago de una reparación civil de S/ 50 000.
Este caso se originó a raíz de una querella por difamación agravada presentada, en 2019, por la empresa Tamshi S.A.C., dedicada al cultivo intensivo de cacao. La acusación se basó en la divulgación de dos notas de prensa que informaban sobre la deforestación de más de 2500 hectáreas de bosques tropicales primarios, por parte de Tamshi S.A.C., en la localidad de Tamshiyacu, ubicada en el distrito Fernando Lore, provincia Maynas, región Loreto.
Caso Pautrat: Sentencia establecerá un precedente
Para la ingeniera forestal Lucila Pautrat Oyarzún, directora de Instituto de Estudios Forestales y Ambientales – Asociación Kené, una ONG dedicada a la conservación, defensa y preservación de los bosques amazónicos peruanos, esta decisión judicial firme “sienta un precedente significativo para todos los casos de las y los defensores ambientales que vienen siendo criminalizados, precisamente, por la defensa de los bosques o, en el caso de las y los líderes indígenas amazónicos y altoandinos, de sus territorios o de los ríos y lagunas”.
«La Sala Penal Transitoria de l CSJ ha determinado que las sentencias previas no habían valorado adecuadamente las pruebas que presentamos y que las notas de prensa que publicamos se basaban en información pública. Para mí, lo más importante no es solo la corrección del error en la sentencia condenatoria anterior, la de la 8ª Sala Penal Liquidadora, sino que la CSJ, el sistema de justicia, ha reconocido que la defensa del ambiente es un derecho de rango constitucional, que concierne a todos los ciudadanos peruanos y que, por tanto, no debe ser objeto de criminalización», manifestó a INFOREGIÓN.
Criminalización de defensores y defensoras del ambiente
En los últimos años, en Perú, se han registrado más de 1000 casos de criminalización de defensores ambientales, de los cuales, alrededor del 70% están relacionados con la protección del ambiente y afectan a líderes indígenas. La alarmante cifra fue revelada en junio de 2022, durante el Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Ambientales, celebrado en Lima. En esa oportunidad, la abogada Mar Pérez, de la Cnddhh, señaló que la criminalización es una de las principales formas de agresión contra los defensores ambientales. Se manifiesta a través de denuncias, investigaciones fiscales y juicios.
«La criminalización de las y los defensores ambientales es un asunto complejo que muchas veces es invisibilizado. También tenemos los casos de compañeros defensores asesinados por proteger sus territorios. Con la sentencia absolutoria de la CSJ, creo que hay un incremento en la conciencia social respecto a la importancia del trabajo que realizan las y los defensores ambientales, sobre todo, en un escenario de cambio climático. Existe, además, una creciente conciencia de que esta labor debe ser reconocida por las autoridades, en el sentido de fortalecer la regulación y las normas para la protección ambiental», refirió.
Pautrat vs Tamshi S.A.C.
Pautrat Oyarzún relató que “el problema surgió en 2013, cuando la población de Tamshiyacu presentó una denuncia en el Ministerio Público contra la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C., ahora Tamshi S.A.C., por tala indiscriminada de árboles”. Desde febrero de 2013 hasta junio de 2015, la compañía deforestó más de 2000 hectáreas de bosque natural, como se capturó en imágenes satelitales. Sustituyó la cobertura forestal que existía en esta zona sin la autorización debida ni los requisitos legales previos, como los estudios de suelo para el cambio de uso y los estudios de impacto ambiental (EIA).
«A raíz de la acusación de deforestación, se produjo una serie de investigaciones a nivel de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Maynas (Loreto). Además, nosotros [la asociación Kené y Lucila Pautrat] acompañamos las denuncias de usurpación de predios a pequeños agricultores por parte de trabajadores de Tamshi S.A.C. En ese contexto, publicamos dos notas de prensa, dando cuenta de estos hechos de conocimiento público», precisó.
La defensora ambiental, reconocida como tal por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), indicó que, “como respuesta a esta defensa de los bosques y agricultores”, la empresa interpuso cuatro denuncias penales en su contra. Según explicó, una fue archivada por carecer de sustento; otra era la querella por difamación agravada, que resultó en la sentencia absolutoria de la CSJ. Las dos acciones legales restantes permanecen abiertas: una es por participar como testigo de un proceso de investigación penal en curso, y una última, también en proceso, que el Minjus apoya con la defensa pública, en su calidad de defensora.
