La Amazonía peruana se encuentra bajo constante amenaza por la expansión depredadora de empresas agroindustriales y extractivas de recursos naturales. El informe ‘Parcelando la Amazonía’ de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) arroja luz sobre esta problemática. Se destacan graves fallas estructurales en los procesos de titulación, supervisión y protección de los bosques que permiten a empresas operar de forma impune en la región. Se requieren reformas para enfrentar esta situación.
La investigación centra su análisis en diez empresas productoras de cacao y aceite de palma de Loreto y Ucayali, que están impulsando la deforestación. Estas compañías han aprovechado las deficiencias en el proceso de titulación de tierras, adquiriendo vastas extensiones de la Amazonía peruana mediante mecanismos irregulares que desafían la legislación vigente.
Amenazas a la amazonía peruana
Julia Urrunaga, directora de EIA en Perú, explicó a Inforegión que las irregularidades halladas parten desde el incumplimiento de las normativas del Estado para la titulación de predios. «Es un problema estructural de falta de implementación de nuestra propia legislación por parte del Estado. A esto se suma que todavía hay varios millones de hectáreas de bosques amazónicos en riesgo de pasar por procesos similares de titulación irregular», alertó la experta.
La investigación de EIA descubrió que un grupo de seis empresas logró adquirir irregularmente un total de 571 parcelas en las regiones amazónicas de Loreto y Ucayali. Entre estas compañías figuran Cacao del Perú Norte (hoy Tamshi), Plantaciones de Loreto, Plantaciones de Inahuaya, Plantaciones de Lima, Cacao de la Amazonía y Plantaciones de Pucallpa (actualmente Ocho Sur P).
Estas consiguieron las extensiones de tierra sin cumplir dos requisitos legales fundamentales. Por un lado, los anteriores propietarios no presentaron evidencia suficiente de haber ocupado y utilizado pacíficamente esos predios. Por otro lado, no se realizaron los estudios de clasificación de suelos obligatorios para determinar la aptitud de esas tierras para la agricultura. Como resultado alarmante, se deforestaron más de 7600 hectáreas de bosques.
Derechos indígenas en peligro
Otro problema identificado es la falta de priorización de las comunidades indígenas en los procesos de titulación. A menudo, las comunidades esperan décadas para obtener sus títulos mientras que las empresas obtienen tierras de manera más rápida, desplazando a estas comunidades de sus territorios tradicionales.
“Es frecuente encontrar comunidades que tienen más de 10 o 20 años esperando que salga su titulación y esto nunca ocurre. Mientras en paralelo, sí se va titulando de modo mucho más rápido a actores privados y empresas, muchas veces sobreponiéndose con los territorios tradicionales de los pueblos indígenas”, señaló Urrunaga.
El informe de la EIA también reveló graves incoherencias entre la ubicación de las parcelas tituladas en los documentos oficiales y la realidad sobre el terreno. En casos extremos, se encontraron discrepancias de cientos de kilómetros, generando una peligrosa confusión sobre la real tenencia y ocupación de grandes extensiones de tierra. Según la experta, de no tratarse esto, se podrían originar futuros conflictos sociales.
Por último, la falta de transparencia agrava la situación de las comunidades asentadas en estas zonas. «Muchas veces ellos no saben qué es lo que está pasando, no se les informa a pesar de que se están tomando decisiones que impactarán directamente sobre sus territorios. Estas poblaciones tampoco logran acceder fácilmente a la documentación oficial sobre la situación legal de sus propias tierras”, subrayó.
Se necesitan reformas profundas
Ante esta crítica situación, Urrunaga lanzó un llamado a la ciudadanía a tomar conciencia y acción para exigir reformas estructurales al Estado. «Necesitamos organizarnos y expresar nuestra indignación para que haya cambios positivos urgentes”, destacó. Añadió que hay que sumar fuerzas para garantizar la protección adecuada de los defensores ambientales, quienes hoy están en riesgo por su labor.
Además, sugirió que desde una acción individual y de responsabilidad ética, los consumidores pueden contribuir rechazando productos que provengan de empresas involucradas en violaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas. «No podemos permitir que estas compañías se beneficien económicamente de cometer estos delitos», enfatizó.
Entre otras recomendaciones clave que plantea el informe de la EIA destacan garantizar la rendición de cuentas por los actos ilegales cometidos, establecer procesos legítimos y transparentes de titulación de tierras, modificar el marco legal alineándose con la legislación forestal y climática y erradicar incentivos al comercio ilegal de productos agrícolas.
