La región San Martín ha oficializado el reconocimiento de más de 533 mil hectáreas de comunidades nativas y predios privados como Unidades de Ordenamiento Forestal (UOF), convirtiéndose en la primera del país en implementar esta medida a gran escala.
El proceso fue realizado con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y su Programa Bosques Productivos Sostenibles (BPS).
¿Qué son las UOF?
Las Unidades de Ordenamiento Forestal son áreas de bosque que el Estado reconoce formalmente para su aprovechamiento planificado. Este mecanismo permite que comunidades y propietarios utilicen recursos forestales maderables y no maderables, como madera, frutos o plantas, bajo criterios de sostenibilidad.
Este mecanismo permite que comunidades y propietarios utilicen recursos forestales maderables y no maderables, como madera, frutos o plantas, bajo criterios de sostenibilidad. (Imagen: Serfor)
“San Martín es la pionera del ordenamiento forestal en el país. La medida permitirá integrar automáticamente a comunidades y predios titulados al GEOSERFOR para facilitar el monitoreo de la cobertura boscosa, prevenir la deforestación y proteger los servicios ecosistémicos que sostienen el bienestar de las comunidades”, indicó Daniel Rivera, coordinador ejecutivo del Programa Bosques Productivos Sostenibles.
Áreas incluidas y beneficios
El reconocimiento abarca a 64 comunidades nativas y más de 57 mil predios privados ubicados en distintos puntos de la región. Según las autoridades, este proceso fortalece la seguridad jurídica de los territorios y permite el acceso a títulos habilitantes para el aprovechamiento legal de los recursos forestales.
“El reconocimiento incluye a 64 comunidades nativas y más de 57 mil predios privados de la región San Martín. Con este proceso, se refuerza la seguridad jurídica de sus territorios para el desarrollo de actividades de aprovechamiento responsable de los recursos forestales maderables y no maderables, a través del otorgamiento de títulos habilitantes como permisos de aprovechamiento forestal”, señaló Carlos Villavicencio, gerente de la Autoridad Regional Ambiental de San Martín.
Según las autoridades, este proceso fortalece la seguridad jurídica de los territorios y permite el acceso a títulos habilitantes para el aprovechamiento legal de los recursos forestales. (Foto: Serfor)
Herramientas de monitoreo
Las áreas reconocidas han sido integradas al GEOSERFOR, la plataforma geoespacial del Serfor que permite visualizar información forestal del país. Esta herramienta facilita el monitoreo de la cobertura boscosa, la detección de cambios en el uso del suelo y la planificación de acciones de conservación.
Gestión forestal descentralizada
El establecimiento de las UOF es parte del proceso de ordenamiento forestal que lidera el Serfor en coordinación con los gobiernos regionales y locales, conforme a la normativa vigente. Su objetivo es garantizar que los recursos forestales del país sean utilizados de manera sostenible y en beneficio de las poblaciones locales.
El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) presentó su informe mensual sobre libertad de expresión correspondiente a septiembre de 2025. El documento revela un escenario preocupante con agresiones físicas, hostigamiento judicial y amenazas de muerte contra periodistas y medios de comunicación en distintas regiones del país.
Durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, al menos 20 periodistas resultaron afectados, de acuerdo con la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Los ataques provinieron tanto de la Policía Nacional como de algunos manifestantes. El CPP remarca que “las protestas ocurridas en el centro de Lima demostraron una vez más la nula preparación de la Policía Nacional para llevar a cabo sus labores de protección de periodistas”.
Periodistas bajo ataque
Entre los casos más graves figuran los de Jahaira Pacheco y Percy Grados, quienes recibieron impactos de perdigones. Víctor Castillo, de Canal N, denunció que un grupo de policías lo arrinconó e impidió su cobertura. El reportero independiente Jorge Ballón relató que, al identificarse como periodista, un efectivo policial lo empujó y “me metió cabe, me empujó y me fui de espaldas. Luego pateó mi celular (con el que estaba grabando) y me volvió a empujar”.
El CPP advierte que “es evidente que la Policía Nacional ha abierto un frente de agresión y hostigamiento contra la prensa”. Además, señala como abuso la denuncia por acoso contra la periodista Karla Ramírez, de Panamericana TV, quien solo buscaba recabar descargos para una investigación televisiva.
Entre los casos más graves figuran los de Jahaira Pacheco y Percy Grados, quienes recibieron impactos de perdigones.
Intentos de silenciar la información
El informe también da cuenta de iniciativas legislativas y judiciales que buscan restringir el trabajo periodístico. En el Congreso, el legislador José Luis Elías Ávalos impulsó un proyecto para modificar el Código Penal y sancionar la publicación de mensajes privados, incluso cuando exista interés público. El CPP alertó que, de aprobarse, “casos como el de Mochasueldos no habrían podido contar con evidencia sólida”.
En paralelo, la Procuraduría Anticorrupción solicitó levantar el secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz y César Prado, bajo acusaciones vinculadas a la exfiscal Marita Barreto. El Consejo enfatizó que “el levantamiento del secreto de las comunicaciones de un periodista supone uno de los procedimientos más delicados en el ámbito de la justicia”, y cuestionó la normalización de medidas que considera persecutorias.
Amenazas desde la política
Otro de los hechos que encendió alarmas fue la amenaza del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, contra el periodista Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros. En un evento público, el burgomaestre declaró que “hay que cargarse a Gorriti”, frase que en jerga peruana significa matarlo. El CPP sostuvo que “las declaraciones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que incitan a la violencia y a matar al periodista Gustavo Gorriti, deben ser tomadas con la mayor preocupación”.
Durante un evento, Rafael López Aliaga expresó que “hay que cargarse a Gorriti”, frase que en jerga peruana significa matarlo.
Hostigamiento en las regiones
El informe también recoge el caso de Óscar Pareja, director del diario Los Andes en Puno, quien enfrenta una querella y un habeas data interpuestos por un juez que exigió retirar una publicación crítica y revelar su fuente. Aunque un juzgado ordenó eliminar la nota, no accedió a la entrega de la fuente informativa. Para el CPP, este tipo de decisiones judiciales desconocen precedentes internacionales y vulneran el rol del periodismo en una democracia.
Restricción de información pública
La Policía Nacional, mediante resolución, clasificó como reservada toda la información de denuncias registradas en sus sistemas, con un plazo de cinco años. Según el Consejo, “además de violarse principios constitucionales de transparencia, se afectan la rendición de cuentas, el interés público y se facilita el encubrimiento de turbios manejos políticos”.
El CPP concluye que la situación de la libertad de prensa en el Perú se deteriora con rapidez. Los intentos de acallar a periodistas, las agresiones físicas y las amenazas políticas son señales de alerta que deben ser atendidas con urgencia por las autoridades competentes.
La Autoridad Local del Agua (ALA), del Alto Marañón acreditó la disponibilidad hídrica necesaria para la ejecución de tres proyectos de riego tecnificado en la provincia de Huamalíes, región Huánuco. Así lo informó el ingeniero Juan Ríos, director de la Agencia Agraria de Huamalíes, quien precisó que las resoluciones ya fueron emitidas para los distritos de Miraflores, Chavin de Pariarca y Jacas Grande.
“Tuvimos dificultades al inicio, porque la Autoridad Local del Agua (ALA), del Alto Marañón no nos acreditaba la disponibilidad hídrica en esos tres distritos. Pero ya hay resultados. Podemos decir que ya contamos con una resolución emitida por la Autoridad Nacional del Agua (ANA)”, señaló Ríos.
Inversión alcanza los S/ 7.5 millones
Los tres proyectos contemplan una inversión promedio de S/ 2.5 millones por distrito, lo que suma un total de S/ 7.5 millones. El objetivo es implementar sistemas de riego tecnificado para beneficiar a los productores agropecuarios de estas zonas, donde ya se ha realizado el saneamiento físico-legal de los terrenos.
Según la Dirección Regional de Agricultura de Huancavelica, que también participa en el proyecto, la idea fue impulsada por los propios productores desde el año pasado. (Foto: Difusión)
“Este es un paso muy importante para poder solicitar presupuesto para la ejecución del proyecto. Es decir, empezar ya con los trabajos de campo y elaborar el expediente técnico final, ¿no?”, explicó Ríos.
Beneficios para la agricultura local
La infraestructura de riego permitirá una distribución eficiente del agua en función de las características productivas de cada distrito. En Miraflores, por ejemplo, se utilizará riego por goteo en cultivos frutales; en Chavín de Pariarca, se cubrirán zonas ganaderas y de granos andinos; mientras que en Jacas Grande, se atenderán cultivos de papa, maíz y trigo.
“Los productores se verán beneficiados, porque el riego tecnificado permitirá aplicar riego por goteo en frutales, aspersión en pastos, y se adaptará según la necesidad de cada zona”, indicó el funcionario.
La infraestructura de riego permitirá una distribución eficiente del agua en función de las características productivas de cada distrito. (Foto: Difusión)
Inicio podría concretarse este año
Según la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco, que también participa en el proyecto, la idea fue impulsada por los propios productores desde el año pasado. Una vez aprobado el expediente técnico y asegurado el financiamiento, se espera iniciar la construcción dentro del presente año.
“Quisiéramos que fuera lo antes posible. A veces hay demoras por parte de algunas entidades, pero desde la Dirección Regional se está haciendo lo posible para que se inicie este mismo año”, puntualizó Ríos.
El proyecto apunta a mejorar la productividad agrícola y las condiciones de vida de las comunidades rurales de estos tres distritos andinos.
Una nueva especie de rana venenosa fue descubierta en el Parque Nacional Alto Purús, en la Amazonía del Perú. Se trata de Ranitomeya hwata, un pequeño anfibio de 15 milímetros de longitud, identificado tras años de investigación en la cuenca del río Purús, que abarca territorios de Perú y Brasil.
El hallazgo fue confirmado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, y publicado recientemente en la revista científica Zootaxa.
Características de la nueva especie
La Ranitomeya hwata es una de las especies más pequeñas del género Ranitomeya, conocido por sus colores brillantes y conductas reproductivas particulares. Presenta franjas dorsales de color amarillo intenso, un patrón ventral moteado y una banda negra que separa la región gular del vientre.
Esta especie habita exclusivamente en bosques de bambú del género Guadua, donde utiliza las cámaras naturales formadas en las plantas para reproducirse. A diferencia de otras especies del grupo, los machos exhiben un comportamiento poligínico, atrayendo a varias hembras por cada sitio de cría.
Investigación internacional
El estudio fue realizado por un equipo internacional de científicos de Alemania, Brasil, Estados Unidos, España y Perú. Entre ellos se encuentra Roberto Gutiérrez Poblete, investigador del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y especialista del Sernanp.
“La participación del investigador peruano Roberto Gutiérrez, como parte del Sernanp, refuerza nuestro compromiso institucional con la ciencia y la conservación”, informó el organismo.
Importancia de las áreas protegidas
Según el Sernanp, este descubrimiento “destaca el gran valor de las áreas naturales protegidas como refugios de biodiversidad y especies únicas en el mundo”. La entidad también señaló que el hallazgo amplía el conocimiento sobre la diversidad de anfibios amazónicos y subraya la necesidad de continuar protegiendo estos hábitats.
El Parque Nacional Alto Purús, donde se identificó la nueva especie, es uno de los territorios de conservación más extensos y diversos del país. Su difícil acceso ha permitido preservar ecosistemas que aún albergan especies desconocidas para la ciencia.
Un total de 52 videojuegos peruanos inspirados en el patrimonio cultural inmaterial del país fueron desarrollados durante la “Patrimonio Game Jam”, evento organizado por la Asociación Compañías de Videojuegos Asociadas del Perú (CVA) y el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO).
La actividad tuvo como objetivo promover la creación de videojuegos como productos culturales vinculados a prácticas, rituales, festividades y expresiones propias de la diversidad cultural del Perú. Las producciones están disponibles gratuitamente en la plataforma Itch.io.
Desarrollo en tiempo limitado
La “Game Jam” planteó a los participantes el reto de crear un prototipo funcional de videojuego en solo 10 días. El tema propuesto fue “Ritual”, y los equipos debían inspirarse en manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial.
En total, participaron 457 personas entre programadores, animadores, diseñadores, comunicadores, historiadores, antropólogos y otros profesionales. Gracias al apoyo de la Dirección de Patrimonio Inmaterial (DPI), los equipos accedieron a orientación especializada, archivos en línea y repositorios digitales con información sobre expresiones culturales del país.
La “Game Jam” planteó a los participantes el reto de crear un prototipo funcional de videojuego en solo 10 días. (Imagen: Susurros de la Campiña: Un Ritual para Recordar)
Se conformaron 83 equipos en total, de los cuales 52 lograron culminar sus proyectos y subirlos a la plataforma digital. Los participantes se conectaron de forma remota desde diversas regiones, entre ellas Apurímac, Ayacucho, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, Loreto, Lambayeque, Ucayali, La Libertad, Lima Metropolitana y Callao.
Premios y acompañamiento profesional
Tras la evaluación del jurado nacional e internacional, tres videojuegos fueron seleccionados para recibir acompañamiento profesional: El último viaje, Tayta Shanti y Apus Rimay. Los equipos recibirán apoyo en la difusión de sus proyectos a través de ferias, entrevistas y mentorías, con el respaldo de la CVA.
El evento de premiación se realizó en la sede del Ministerio de Cultura y contó con la participación de la artista shipibo-konibo Sadith Silvano, del colectivo de Cantagallo, así como del elenco musical Animatissimo. También participaron empresas y colectivos del sector como Philantropía de Phillip Chu Joy, 7th Beat Foundation, Skillmaster, Tecsup, Leap Game Studios, entre otros.
Los equipos recibirán apoyo en la difusión de sus proyectos a través de ferias, entrevistas y mentorías, con el respaldo de la CVA. (Foto: Asociación Compañías de Videojuegos Asociadas del Perú)
Impulso al sector cultural y creativo
El Ministerio de Cultura promueve el desarrollo de los videojuegos como parte de las industrias culturales y creativas. A través de la DAFO, en 2025 se otorgan Estímulos Económicos para la Cultura con montos de S/ 60 000 y S/ 200 000 para proyectos en preproducción y producción, respectivamente.
Además, se realizan talleres, charlas y espacios de articulación dirigidos a fortalecer las capacidades de los agentes del sector, con el objetivo de consolidar una comunidad creativa con identidad cultural en el ámbito nacional.
El oso de anteojos, también conocido como oso andino o “ukumari” en lengua local, es el único oso de Sudamérica y una de las especies más representativas de la biodiversidad de la región. En el Perú habita desde los desiertos costeros hasta los bosques montanos y páramos de la Cordillera de los Andes. Sin embargo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) lo clasifica como “Vulnerable”, al igual que la legislación peruana, debido a amenazas como la caza furtiva, la contaminación y la pérdida de su hábitat.
El país alberga una población estimada de 5750 ejemplares, de acuerdo con el Plan Nacional de Conservación del Oso Andino del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Esta cifra convertiría al Perú en el territorio con mayor número de osos de anteojos en Sudamérica.
Sobre el proyecto de ley
Ante esta situación, la congresista Ruth Luque presentó el Proyecto de Ley 11767/2024-CR, que propone la creación de un corredor biológico del oso de anteojos para conservar sus hábitats y asegurar la supervivencia de la especie. La iniciativa fue ingresada a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso.
La propuesta es resultado de reuniones con la Comunidad Campesina de Muchik Santa Catalina de Chongoyape, en Lambayeque, donde los comuneros compartieron su experiencia en la convivencia y cuidado del hábitat del oso andino, así como las dificultades que enfrentan por actividades humanas, incendios forestales y caza furtiva.
La propuesta es resultado de reuniones con la Comunidad Campesina de Muchik Santa Catalina de Chongoyape, en Lambayeque. (Foto: Difusión)
Conservación y gestión articulada
El proyecto señala que la conservación del oso de anteojos requiere un trabajo coordinado entre instituciones como el Serfor, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), gobiernos regionales y provinciales. El objetivo es garantizar la protección de los ecosistemas donde habita la especie, manteniendo las dinámicas y procesos naturales que aseguren la biodiversidad en sus tres niveles: ecosistemas, especies y diversidad genética.
Asimismo, se plantea el desarrollo de instrumentos para identificar, gestionar y monitorear corredores ecológicos en los ecosistemas de montaña, con el fin de fortalecer la conectividad del hábitat del oso.
Plan de acción y medidas complementarias
La iniciativa establece que, de aprobarse la norma, el Serfor, Sernanp y los gobiernos regionales deberán elaborar en un plazo de 90 días un Plan Específico de Acción para la Conservación del Oso Andino con vigencia de cinco años. Dicho plan deberá incluir diagnósticos recientes, objetivos, metas, indicadores, responsables y mecanismos de evaluación.
Además, se propone la creación de comités de vigilancia y monitoreo, la promoción de investigaciones científicas que contribuyan a la conservación de la especie, el fomento del turismo responsable y la educación ambiental en las comunidades involucradas.
Semana de la conservación
Un punto adicional de la propuesta legislativa es la declaración de la tercera semana de febrero de cada año como la «Semana de la Conservación del Oso de Anteojos». Durante esos días, el Ministerio del Ambiente, en coordinación con el Serfor, el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales, deberán organizar actividades educativas y de sensibilización para destacar el valor ambiental y cultural de esta especie.
El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) impulsa una estrategia de articulación interinstitucional en la Selva Central para fomentar el manejo sostenible de los bosques y la recuperación de áreas degradadas en territorios indígenas. La iniciativa se desarrolla en las comunidades ashaninka, nomatsigenga y yanesha, ubicadas en el departamento de Junín.
Las acciones se enmarcan en el uso de mecanismos de compensación de multas, que permiten a las comunidades subsanar infracciones mediante la reforestación con especies maderables. Para fortalecer este trabajo, Osinfor ha sostenido reuniones con entidades del sector público vinculadas al ámbito forestal.
Coordinación interinstitucional
Entre los actores convocados por Osinfor se encuentran el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Programa Bosques Productivos Sostenibles, las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS) de Satipo y la Selva Central, el PROVRAEM, la Agencia Agraria de Satipo y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).
“Buscamos articular con todos los actores para llegar de manera integral a las comunidades nativas y acercar de mejor manera los servicios del Estado”, señaló Williams Arellano Olano, jefe del Osinfor. Indicó también que la prioridad es fomentar actividades legales y sostenibles frente a amenazas como la tala ilegal y el cambio de uso de suelo.
Las acciones se enmarcan en el uso de mecanismos de compensación de multas, que permiten a las comunidades subsanar infracciones mediante la reforestación con especies maderables. (Foto: Osinfor)
Restauración forestal con enfoque comunitario
En un contexto donde las multas forestales aplicadas a comunidades indígenas en Junín superan los S/ 160 000, Osinfor ha promovido el uso del mecanismo de compensación mediante la recuperación de áreas degradadas. Tres comunidades nativas de la zona se han acogido a esta modalidad y actualmente ejecutan acciones de restauración equivalentes a más de S/ 1 millón, en un plazo de cinco años.
“A través de los mecanismos de compensación hemos encontrado la oportunidad de que las comunidades puedan recuperar las áreas degradadas y subsanar las infracciones que cometieron”, explicó Arellano Olano.
Supervisiones y planificación de capacidades
Durante 2025, Osinfor ha supervisado más de 34 000 hectáreas de bosque con títulos habilitantes en Junín. Según Ildefonzo Riquelme Ciriaco, director de Supervisión y Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre del organismo, estas supervisiones han permitido observar mejoras en la legalidad de la madera extraída y mayor claridad en los planes de manejo presentados.
Las reuniones también han servido como insumo para la elaboración del Plan de Desarrollo de Capacidades 2026. David Blas Jaimes, director de la Dirección de Evaluación y Desarrollo de Capacidades Forestales y de Fauna Silvestre, indicó que este proceso busca identificar las necesidades reales de los usuarios del bosque para ofrecer capacitaciones más efectivas y pertinentes.
La iniciativa se desarrolla en las comunidades ashaninka, nomatsigenga y yanesha, ubicadas en el departamento de Junín. (Foto: Osinfor)
Atención a la fauna silvestre
En el marco de sus visitas técnicas, el Osinfor recorrió centros de cría de fauna silvestre en Chanchamayo, donde recogió información sobre necesidades de capacitación y asistencia técnica para mejorar la gestión de estos establecimientos.
“Sabemos que el Osinfor nos visita para verificar que estemos en regla y para brindarnos recomendaciones que nos ayuden a mejorar nuestros establecimientos que albergan animales silvestres”, declaró Abner Escobedo Sayán, titular del zoológico Zhaveta Yard.
Se ejecutó un nuevo operativo contra la minería ilegal en la Amazonía. La intervención se desarrolló en el sector Azul, a orillas del río Malinowski, dentro de la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios. Durante la operación se logró la destrucción e inutilización de maquinaria, infraestructura y campamentos utilizados para actividades mineras ilegales en una zona considerada crítica por su valor ecológico.
La acción fue liderada por el Ministerio del Ambiente (Minam), a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), con apoyo de la Policía Nacional del Perú, el Ejército del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.
Más de 20 unidades destruidas
Según información del Minam, se destruyeron ocho balsas traca, cuatro motores grandes, doce motocicletas, un motocarguero, siete campamentos, tres bombas de succión y más de 150 galones de combustible. Todo este material habría sido utilizado por mineros ilegales dentro del área natural protegida.
Según información del Minam, se destruyeron ocho balsas traca, cuatro motores grandes, doce motocicletas, un motocarguero, siete campamentos, tres bombas de succión y más de 150 galones de combustible. (Foto: Minam)
La interdicción contó con la participación de más de 60 efectivos de las fuerzas del orden. El presidente del Sernanp, José Carlos Nieto Navarrete, estuvo presente durante la operación.
“Cada operativo es una victoria en defensa de nuestra biodiversidad. No podemos permitir que la minería ilegal ingrese a nuestras áreas naturales protegidas”, declaró Nieto durante su participación. El funcionario también señaló la importancia de fortalecer actividades sostenibles como la producción de castaña y el turismo de naturaleza, con el fin de ofrecer alternativas económicas a las comunidades locales.
Reserva de alta biodiversidad
La Reserva Nacional Tambopata es considerada una de las áreas más emblemáticas de conservación en el país. Alberga especies amenazadas como jaguares, guacamayos y nutrias gigantes, cuya supervivencia depende de la integridad del ecosistema amazónico.
El Gobierno Regional de Huánuco iniciará una campaña de sensibilización para proteger el Río Hirviente, ubicado en el distrito de Honoria, provincia de Puerto Inca. Este recurso natural, considerado único en el país por alcanzar temperaturas de hasta 96 grados centígrados, enfrenta crecientes amenazas ambientales.
“Estamos planificando acciones para proteger esta biodiversidad, porque no en todo el Perú tenemos un recurso natural como el Río Hirviente. Es un patrimonio que debemos cuidar”, declaró Vilma Vilcas, gerente regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental.
Amenazas y riesgos latentes
La funcionaria advirtió que en la zona se han identificado múltiples amenazas, entre ellas la tala ilegal, los incendios forestales y el tráfico de terrenos. “Animales y personas ya han caído al río, y lamentablemente se han registrado muertes. Es un riesgo que no podemos seguir permitiendo”, señaló.
El área donde se encuentra el río también es considerada una zona petrolera, lo que eleva la vulnerabilidad frente a emergencias. “Los incendios no miden la magnitud del peligro. Si alcanzan los depósitos de petróleo, estaríamos frente a una catástrofe”, advirtió Vilcas.
La campaña se desarrollará del 13 al 15 de octubre en Honoria, con la participación de instituciones clave. (Foto: Glen Arriaga Silva)
Jornada de capacitación y aliados
La campaña se desarrollará del 13 al 15 de octubre en Honoria, con la participación de instituciones clave. “Hemos convocado a la Policía, la Fiscalía, el Sernanp, la municipalidad de Honoria y a las comunidades locales. Todos debemos tomar acciones para proteger este recurso natural”, explicó la gerente regional.
El trabajo incluirá diagnósticos y talleres técnicos que permitan definir la metodología de protección. Entre las modalidades posibles se evalúan un Área de Conservación Regional (ACR), un Área de Conservación Privada (ACP) o un Área de Conservación Ambiental (ACA).
Alternativas de conservación
El futuro del Río Hirviente dependerá también de la decisión de los actores locales y propietarios de tierras en la zona. “Como ya existen dueños de terreno, es probable que se opte por un ACP. Lo importante es que la municipalidad y las comunidades se comprometan en esta tarea”, indicó Vilcas.
La funcionaria pidió además el respaldo del Ministerio del Ambiente y de la cooperación internacional. “Este espacio permite investigaciones con gran potencial para la medicina y la biotecnología. El Río Hirviente puede convertirse en un laboratorio natural para la salud y la ciencia”, resaltó.
La funcionaria advirtió que en la zona se han identificado múltiples amenazas, entre ellas la tala ilegal, los incendios forestales y el tráfico de terrenos. (Foto: Glen Arriaga Silva)
Reconocimiento internacional
El atractivo del Río Hirviente no ha pasado desapercibido fuera del país. Según Vilcas, instituciones internacionales, incluida la NASA, ya han mostrado interés en su estudio y conservación. “Otros países han tomado conciencia y buscan aportar a la protección de este lugar. Es una oportunidad para atraer financiamiento y generar beneficios para Huánuco”, comentó.
Finalmente, Vilcas reafirmó el compromiso del Gobierno Regional de Huánuco para liderar este proceso junto con las autoridades locales. “Queremos evitar que se pierda este espacio de biodiversidad. Debemos protegerlo ahora, porque ya está siendo talado demasiado”, expresó
La ExpoAmazónica 2025 fue el escenario del Foro Amazonía Intercultural, donde líderes de los pueblos indígenas del Perú lanzaron un enérgico llamado de alerta al Estado: el actual mecanismo de protección para los defensores ambientales es ineficaz y la única vía para frenar los asesinatos es garantizar la seguridad territorial y la titulación de sus tierras.
El evento, impulsado por el Grupo Perú de Pueblos Indígenas (CONAP, Aidesep y Anecap), puso en el centro del debate la trágica cifra de más de 36 líderes amazónicos asesinados por defender sus territorios de actividades ilegales. La exposición reveló las fallas estructurales del Estado y la urgencia de construir una respuesta que nazca desde el territorio.
La debilidad del Estado frente al crimen
Los líderes indígenas fueron categóricos al denunciar la inoperatividad del mecanismo multisectorial de protección. Miguel Guimaraes, vicepresidente de Aidesep, criticó que el tema no sea una prioridad en la agenda nacional y que el mecanismo tenga «poca efectividad» por falta de recursos y voluntad política.
Oseas Barbarán Sánchez, presidente de CONAP, reforzó esta crítica, recordando el asesinato de líderes como Santiago Contoricón. Señaló que la violencia, alimentada por el narcotráfico y las actividades ilegales, se extiende paulatinamente. Ambos líderes coincidieron en que, ante la ausencia del Estado, las comunidades han tenido que recurrir a sus propios mecanismos de autodefensa, como las guardias indígenas.
La cogestión como «matrimonio con el Estado»
Erick Valerio Benavides, presidente del ECA AMARCY (Ejecutor de Contrato de Administración de Reservas Comunales Yanesha), aportó la perspectiva de los pueblos indígenas que se encuentran en la primera línea de la conservación. Su intervención se centró en la necesidad de seguridad territorial y la innovación institucional.
La falta de claridad en los derechos territoriales es un caldo de cultivo para la criminalidad y las amenazas. (Foto: Inforegión)
Valerio definió la relación con el Estado como un «matrimonio con el Estado», donde las comunidades cogestionan las reservas comunales. Sin embargo, aclaró que el rol de las organizaciones como ECA es el de ejecutores, y a menudo deben crear sus propias herramientas de gestión para forzar al Estado a cumplir su rol.
«Nosotros mismos tenemos que hacer todos los procesos… de georeferenciar las comunidades… para que se haga la actualización,» explicó Valerio, destacando que las comunidades están demostrando proactivamente su capacidad para la gestión territorial.
La seguridad territorial como prioridad
El líder indígena fue enfático: «Si no tenemos seguridad territorial, ¿de qué estamos hablando que tenemos los bosques?». La falta de titulación y la superposición de derechos territoriales con concesiones y actividades ilegales siguen siendo el principal obstáculo.
Valerio celebró que el Grupo Perú de Pueblos Indígenas (al que pertenece Anecap) esté impulsando el Programa Indígena Jurisdiccional, un proyecto innovador que busca beneficiar a las comunidades en los mercados de carbono. No obstante, insistió en que el Estado debe garantizar que los pueblos indígenas participen en la elaboración de todas las propuestas y proyectos, para asegurar que estos se adapten a las realidades locales.
La base del reclamo es el derecho a la autonomía. Valerio citó el caso de las comunidades de México, que tienen la autonomía para crear y pagar sus propios sistemas de educación, como ejemplos de experiencias que el Perú debería replicar. Con su intervención, el líder indígena de ECA AMARCY dejó claro que las organizaciones indígenas no solo reclaman, sino que están construyendo las herramientas para ser protagonistas del desarrollo sostenible de la Amazonía.
Santiago Contoricón, líder asháninka, fue asesinado de un disparo en la cabeza en su casa, en la comunidad indígena de Puerto Ocopa. (Foto: Difusión)
Titulación de tierras como prevención urgente
Hugo Che Piu, director ejecutivo de DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales), aportó una visión crítica sobre la respuesta estatal. Señaló que el problema es más profundo que la cifra de asesinados, pues existen más de 500 casos de riesgo que involucran a 700 personas que viven con miedo.
Che Piu ilustró la ineficacia del Estado con un dato demoledor: el protocolo de urgencia del Ministerio del Interior para atender a los defensores, que debía aprobarse en 30 días, lleva más de 1500 días de retraso debido a la alta rotación de ministros. Además, advirtió que la policía tarda hasta seis horas en llegar a zonas rurales amenazadas.
Sus propuestas se centraron en la prevención y el fortalecimiento territorial:
1. Seguridad Jurídica: Enfocarse en la prevención, es decir, titular las tierras indígenas. La falta de claridad en los derechos territoriales es un caldo de cultivo para la criminalidad y las amenazas.
2. Gobernanza Comunal: Fortalecer las guardias indígenas y las jurisdicciones comunales, ya que el Estado no puede proteger a los defensores por sí solo en zonas de difícil acceso.
3. Interoperabilidad: Exigir que la información sobre defensores amenazados (como el caso de Santiago Contoricon se comparta entre los distintos ministerios (Justicia, Interior).
El foro concluyó que la protección de los defensores no es solo un tema de derechos humanos, sino una estrategia climática urgente. Los líderes indígenas demandan que el mecanismo de protección se eleve a la categoría de sistema, con recursos y un marco legal sólido que reconozca a las comunidades como los verdaderos guardianes del patrimonio nacional.
