La urbanización Espinal de Juliaca mantiene paralizada una obra de pistas y veredas con una inversión de 6 millones 100 mil soles. El proyecto financiado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) registra un avance de apenas 32.5% y afecta a vecinos en plena temporada de lluvias.
El presidente de la urbanización Espinal, Walter Quispe Mamani, manifestó su preocupación por el abandono de la construcción. “Los vecinos hasta el día de hoy seguimos con esta obra paralizada”, expresó el dirigente ante la ausencia de soluciones concretas por parte de las autoridades municipales.
La conciliación entre la empresa C&C Contratistas y la Municipalidad Provincia de San Román fracasó en dos oportunidades. El primer intento programado para el 9 de octubre no se concretó porque la procuradora municipal no asistió a la cita. La segunda convocatoria del 15 de octubre tampoco prosperó por la inasistencia de la empresa constructora.
Las calles intervenidas se han convertido en lagunas artificiales que complican la movilidad de los residentes. La temporada de lluvias intensifica los problemas en una zona donde las obras quedaron inconclusas sin fecha de reinicio. Los habitantes exigen conocer el cronograma de reanudación de los trabajos.
El proyecto aprobado originalmente contemplaba 7 millones 300 mil soles de inversión total para la urbanización. Hasta el momento solo se ejecutó un tercio del presupuesto y quedan cuatro millones sin utilizar en las arcas municipales. La obra lleva meses sin avances significativos en su construcción.
La paralización afecta otros proyectos de infraestructura financiados por el Ministerio de Vivienda en la región. “Hay proyectos que están tramitando y prácticamente se está perjudicando la intervención”, advirtió Quispe Mamani sobre las consecuencias de este retraso. El proyecto de Santa Catalina es uno de los que espera la liquidación de esta obra.
El dirigente vecinal solicitó al alcalde de San Román impulsar la conclusión e inauguración del proyecto urbano. Los residentes de Espinal esperan respuestas concretas mientras enfrentan las dificultades de vivir en una zona con obras inconclusas y condiciones inadecuadas durante la estación lluviosa.
Arequipa fue, durante una semana, el epicentro del mundo hispano. Entre discursos solemnes, visitas ilustres y una logística impecable, la ciudad blanca recibió el X Congreso Internacional de la Lengua Española, un encuentro que prometía dejar huella cultural y proyectar su identidad más allá de sus volcanes. Sin embargo, mientras el idioma se celebraba en los auditorios del centro histórico, muchos ciudadanos observaban desde afuera, con la sensación de que aquel acontecimiento monumental había pasado por Arequipa… sin hablarle del todo a ella.
Arequipa y la antesala de un homenaje
El Congreso Internacional de la Lengua Española fue, desde su anuncio, un acontecimiento cargado de simbolismo para Arequipa. La historia detrás de su llegada a la ciudad tiene el tono melancólico de una promesa cumplida tarde. Mario Vargas Llosa había ofrecido su tierra natal para el noveno congreso, previsto inicialmente en 2023, pero la inestabilidad política del país desvió la sede hacia otra nación. Años después, el destino devolvió la oportunidad, aunque sin su presencia: el Nobel había fallecido en abril de 2025, y el evento se convirtió en un homenaje póstumo a su legado. Así, Arequipa se preparó para recibir a una comunidad internacional con la esperanza de mostrar al mundo su diversidad cultural.
Desde semanas antes, la ciudad se transformó. Se limpiaron plazas, se pintaron fachadas y los museos inauguraron exposiciones especiales. La “ciudad blanca” lucía más blanca que nunca, como si cada piedra de sillar hubiese sido pulida para la ocasión. Sin embargo, el entusiasmo inicial pronto se mezcló con una sensación de distancia. Muchos arequipeños sintieron que aquella belleza era más una vitrina para los visitantes que un gesto hacia quienes viven entre esas calles todos los días.
La confirmación de la visita del Rey de España terminó de encender la expectativa. Todo parecía alineado para una puesta en escena perfecta: seguridad reforzada, protocolos estrictos y un programa que convertía a Arequipa en el epicentro del mundo hispano. Pero la postal ordenada pronto contrastó con el cierre del centro histórico para los arequipeños de pie y las voces de una población que miraba, desde las rejas, un evento que sentía ajeno.
Los contrastes de una ciudad partida
El 14 de abril amaneció con el cierre vehicular del centro histórico. Ni autos, y luego, ni peatones podían acceder libremente, y la ciudad colapsó. Las largas filas de transporte público y particulares desesperaban a quienes solo intentaban llegar a sus trabajos o estudios. Dentro del perímetro cerrado, el ambiente era otro: calles tranquilas, cafés llenos de visitantes, cámaras, acreditaciones y discursos. Dos Arequipas convivían al mismo tiempo, separadas por vallas y uniformes.
El lema del congreso “Grandes desafíos de la lengua española: mestizaje e interculturalidad, lenguaje claro y accesible, culturas digitales e inteligencia artificial” parecía una invitación a unir mundos. Sin embargo, en la práctica, la división era evidente. Las mesas académicas estaban reservadas para los inscritos, y los ponentes extranjeros dominaban la agenda. Las universidades locales figuraban en la comisión organizadora, pero la participación real de estudiantes y docentes fue limitada. Las salas lucían semivacías, especialmente durante los primeros días, cuando las 11 mesas simultáneas apenas reunían a una decena de asistentes por espacio.
Mientras tanto, en las calles, la atención se desviaba hacia otro acontecimiento: la visita del rey coincidía con una movilización nacional en rechazo al gobierno. Arequipa, fiel a su espíritu contestatario, no se quedó al margen. Las protestas ocuparon los alrededores del centro cerrado, y la tensión entre manifestantes y policías fue el reflejo de un país que no logra separar la cultura de la coyuntura. Dentro, los aplausos; fuera, las arengas. Dos discursos simultáneos, dos lenguas distintas, coexistiendo en la misma ciudad.
“Este congreso ha acogido a un total de 270 ponentes, 500 personas inscritas como público, un centenar de autoridades e invitados especiales, más de 200 entrevistas acreditadas y una media de 62.000 impresiones en redes sociales”, señaló el secretario general Álvaro García Sanzilla durante su discurso de clausura.
La cifra de asistentes, las actividades y el impacto económico fueron los grandes titulares del balance final. Según García Sanzilla, más de mil visitantes generaron un beneficio directo para Arequipa, con 1.500 noches de hotel, 5.400 cubiertos en restaurantes y 600 boletos aéreos. Los números hablaban de éxito. Sin embargo, el intercambio intelectual, ese que debería ser el corazón de un evento académico, quedó en segundo plano. Las mesas redondas y debates ofrecieron reflexiones brillantes sobre la lengua española, pero pocas voces locales participaron en la conversación.
El Perú, país diverso y multicultural, tenía mucho que aportar. Las lenguas originarias, los acentos del sur, la literatura regional, todo aquello que representa nuestra identidad lingüística, apenas encontró espacio en la programación. La oportunidad de mostrar al mundo que el español en el Perú tiene matices propios se diluyó entre los formalismos diplomáticos y el peso de las instituciones internacionales. Arequipa, con su historia de rebeldía y pensamiento crítico, parecía haber sido invitada a su propia casa, pero sin acceso a todas las habitaciones.
El jueves, cuando las butacas vacías empezaban a ser incómodas, se anunció el ingreso libre a las charlas. El interés ciudadano se sumó a distintas mesas, algunas rebosantes de espectadores que parecían haber esperado su oportunidad de participar. Las protestas, las reacciones políticas y la cobertura mediática de la visita del monarca ocuparon la conversación. El congreso, a pesar de su relevancia global, se fue apagando lentamente.
“De este modo, el derecho a entender se perfila como principio básico de la vida democrática”, recordó García Sanzilla, al reflexionar sobre la claridad del lenguaje como herramienta ciudadana.
Arequipa frente al reto de aprovechar su oportunidad
En la clausura, el tono fue de satisfacción. Se habló de misión cumplida y de éxito compartido. Las cámaras captaron sonrisas, los discursos fueron breves y las cifras ocuparon los titulares. Nadie puede negar que el evento posicionó a Arequipa en el mapa cultural del mundo hispano. Pero también es cierto que dejó al descubierto una desconexión persistente entre el brillo institucional y la vida real de la ciudad. El Congreso Internacional de la Lengua Española fue una vitrina impecable, aunque por momentos, vacía.
El evento demostró que Arequipa tiene la capacidad logística y estética para acoger reuniones de talla mundial. Lo que aún falta es garantizar que esa grandeza no se quede solo en los números o en los informes finales. Los beneficios turísticos y económicos son importantes, pero el verdadero legado debería medirse en el intercambio intelectual y en la creación de espacios donde los arequipeños también sean protagonistas del diálogo cultural.
El Congreso se despidió entre aplausos y flashes. El centro histórico volvió a su ritmo habitual, el tráfico regresó y los carteles serán retirados. Quedó la sensación de que algo grande había pasado, pero no necesariamente con todos. Arequipa fue escenario, pero no siempre interlocutora. Aun así, el evento dejó una lección: ser anfitrión no solo es abrir las puertas, sino también participar en la conversación. La ciudad blanca se mostró al mundo, pero ahora debe mirarse a sí misma y preguntarse cómo aprovechar lo aprendido. Porque más allá del brillo y los discursos y la realeza, el reto de Arequipa sigue siendo el mismo: hacer que la cultura no solo se exhiba, sino que se viva.
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El IV Congreso Nacional de Guardaparques del Perú concluyó con un anuncio trascendental que marcó la pauta para el futuro de la conservación en el país: la inminente implementación de la nueva escala remunerativa para el cuerpo de guardaparques. La clausura del evento sirvió como plataforma para el reconocimiento del esfuerzo de estos «guardianes de la nación» en la primera línea de defensa de la biodiversidad.
Más de 200 guardaparques, provenientes de distintas áreas protegidas y de regiones, se reunieron durante tres días en un encuentro que el presidente de la asociación, Hugo Ararima Ruiz, calificó como una «mezcla de sangre y conocimiento».
Un capital humano indispensable
Hugo Arirama Ruiz, presidente de la Asociación de Guardaparques del Perú, abrió la ceremonia subrayando el rol fundamental de sus compañeros en la gestión de las Áreas Naturales Protegidas (ANP).
«Sin guardaparques no hay áreas naturales protegidas. Los guardaparques siempre son el capital humanode las áreas naturales protegidas,» enfatizó Ararima, recordando que, a pesar de haber pasado desapercibidos en muchas ocasiones, su labor es esencial para el desarrollo del país.
El ministro, Miguel Espichan, destacó la importancia de la labor de vigilancia y patrullaje que el cuerpo realiza sobre las 22 millones de hectáreas protegidas, que representan el 18% del territorio nacional. (Foto: Inforegión)
El congreso, que se realiza después de 13 años, permitió a los asistentes compartir experiencias y renovar su compromiso, instando a las autoridades a seguir contribuyendo para que el cuerpo logre sus «sueños y objetivos».
El guardaparque: Vigilante, bombero y profesional
José Carlos Nieto Navarrete, presidente ejecutivo del Sernanp, expresó su satisfacción por haber concretado la realización del congreso después de más de una década. Afirmó que este encuentro permitió reflexionar sobre los retos actuales de la conservación, especialmente frente a las actividades ilegales como la minería, los cultivos ilícitos, la tala y la caza furtiva.
Nieto Navarrete elogió el perfil multifacético del guardaparque:
«El trabajo del guardaparques es encomiable, es inconmensurable: es bombero, es vigilante, es un extensionista, es un profesional a carta cabal de la conservación», destacó.
Además, el titular del Sernanp se comprometió con la implementación de la Ley del Guardaparque, y resaltó el trabajo armónico que la institución realiza con las comunidades locales, a quienes considera aliados fundamentales en la defensa del patrimonio natural. Al cerrar su intervención, el presidente ejecutivo preguntó a la audiencia: «¿Quiénes somos?», a lo que respondieron con un entusiasta grito: «Guardaparques del Perú».
El Ministro culminó su intervención con el anuncio que materializa el reconocimiento al esfuerzo de los guardaparques. (Foto: Inforegión)
Anuncio histórico: Justicia salarial en camino
El punto culminante de la clausura fue el discurso del Ministro del Ambiente, Miguel Espichan, quien no solo reafirmó el respaldo del Gobierno de Transición, sino que también hizo el anuncio más esperado. El Ministro recordó que el compromiso con el guardaparque es una política que trasciende gestiones.
Espichan destacó la importancia de la labor de vigilancia y patrullaje que el cuerpo realiza sobre las 22 millones de hectáreas protegidas, que representan el 18% del territorio nacional.
«Su labor silenciosa, poderosa representa el compromiso más genuino con la naturaleza… Ustedes son nuestra primera línea de defensa ante esas amenazas,» subrayó.
El Ministro culminó su intervención con el anuncio que materializa el reconocimiento a ese esfuerzo:
«Hoy tengo la satisfacción de anunciarles un avance trascendental. Gracias a las gestiones conjuntas con el Ministerio de Economía y Finanzas, desde el día de ayer ya contamos con las partidas presupuestalesque van a permitir hacer realidad la implementación de la nueva escala remunerativa del cuerpo de guardaparques del Perú.»
Esta noticia abre una nueva etapa de fortalecimiento institucional, garantizando mayor estabilidad laboral y una remuneración justa, honrando la vocación, valentía y amor por el Perú de quienes tienen la misión de cuidar la vida, los paisajes y las especies de las Áreas Naturales Protegidas.
La presidenta del gremio de transportistas de Piura, Teresina Menzala, informó que las empresas de transporte urbano e interurbano sostuvieron una reunión con el general de la Policía Nacional, Manuel Farías, con el objetivo de coordinar estrategias que permitan enfrentar el aumento de la delincuencia, las extorsiones y los atentados que han afectado al sector durante los últimos meses.
Según Menzala, durante el encuentro, se presentaron medidas preliminares orientadas a fortalecer la seguridad en las rutas y terminales, sin embargo, los transportistas, advirtieron que este plan solo será efectivo si participan de manera conjunta las instituciones locales.
“Fuimos invitados por el general Manuel Farías. Nos mostraron estrategias para combatir la informalidad y las extorsiones que existen en el rubro del transporte. (…) Pero este tipo de reuniones debe involucrar también a la municipalidad, la fiscalía y hasta el gobierno regional”, explicó.
La dirigente precisó además que las estrategias expuestas por la Policía aún se encuentran en fase de socialización, por lo que el gremio ha sido convocado a una nueva reunión a fines de octubre, donde se definirá su implementación. Esta coordinación busca reforzar la seguridad en la región ante la proximidad de las fiestas de fin de año, época en la que suelen incrementarse los robos y asaltos.
“Las estrategias que ayer nos mencionaron son todavía preliminares. Nos han pedido nuestros aportes para que esto pueda funcionar. Lo que sí se avecina es una reunión con todas las instituciones, porque ya se cristalizará la ejecución de la estrategia en este último trimestre”, indicó.
Por otro lado, Menzala advirtió que la informalidad en el transporte público continúa siendo un problema en Piura. Señaló que actualmente operan 14 empresas formales, mientras que otras, como Conetrans y TransPiura, siguen ofreciendo el servicio sin contar con autorización municipal.
“Se ha visto deficiencia en la fiscalización de la municipalidad. Estas empresas no cuentan con tarjetas únicas de circulación ni permisos vigentes, pero continúan debido a que no existe control. Hemos pedido al general Farías que también la Policía cumpla un papel protagónico para erradicar la informalidad”, subrayó.
Finalmente, hizo un llamado a la población para que utilice solo transporte formal y colabore en la prevención del delito. Señaló que elegir empresas autorizadas también es una forma de apoyar la seguridad.“Queremos seguridad para nosotros, nuestras unidades y nuestros usuarios. Pedimos a los pasajeros que suban a empresas formales. Si detectan a personas sospechosas, deben avisar al cobrador o al conductor. La seguridad la hacemos todos”, concluyó Menzala.
Una delegación de alcaldes del nororiente peruano sostuvo una reunión con el presidente José Jerí y miembros de su gabinete en Palacio de Gobierno, en Lima. El encuentro se realizó pese a que inicialmente se había anunciado su cancelación y tuvo lugar tras las recientes protestas registradas en la capital.
Durante la cita, encabezada por el propio mandatario, los burgomaestres —representando a organizaciones como AMUDIP y REMURPE— transmitieron un mensaje “firme y claro” sobre la necesidad de una reforma profunda en la gestión del Estado y el fortalecimiento de la descentralización.
“Reconocemos su apertura al diálogo, pero llevamos un mensaje firme y claro: es momento de una verdadera descentralización, que llegue a las municipalidades rurales que todos los días enfrentan con esfuerzo las necesidades de su pueblo”, publicó la REMURPE antes del encuentro.
La agenda municipalista presentada por los alcaldes se centró en tres ejes prioritarios para el desarrollo regional y local:
Continuidad de las inversiones: garantizar que los proyectos iniciados no se paralicen.
Municipio resolutivo: implementar mecanismos que faciliten la ejecución de proyectos y la firma de convenios desde las propias regiones.
Seguridad ciudadana como prioridad nacional: exigir que la lucha contra la delincuencia sea asumida como política de Estado.
Entre los asistentes del nororiente peruano estuvieron el alcalde provincial de Jaén, José Tapia; el alcalde distrital de Las Pirias (Jaén), Ronald Herrera; el alcalde de Lonya Grande (Utcubamba), Wilder Coronel; el alcalde de Cumba (Utcubamba), Iván Rubio; y la alcaldesa de Jamalca, Sadith Oblitas.
Durante la última sesión ordinaria del Consejo Regional de Ayacucho, el consejero por la provincia de Parinacochas, Johon Edward Huachaca cuestionó el desinterés del gobernador regional frente al conflicto territorial que mantiene Ayacucho con la región Apurímac.
Según señaló, un documento remitido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en septiembre aún no ha sido atendido por el despacho regional. “El documento está durmiendo en las oficinas del gobernador. No hay interés ni empeño para solucionar este problema de enfrentamiento entre pobladores”, manifestó el consejero, tras advertir que la falta de acción agrava la tensión en las comunidades fronterizas.
El representante regional responsabilizó al propio gobernador de haber “creado el problema”, recordando que, antes de su gestión, las familias de las zonas limítrofes vivían en mayor tranquilidad. “Ahora los enfrentamientos continúan y no hay ninguna respuesta efectiva» añadió.
El artista visual y mediador cultural Cris Luza realizó el taller “Imaginando futuros críticos” en el Museo Amazónico. La actividad propuso reflexionar colectivamente sobre la relación cotidiana con la tecnología y cómo esta puede pensarse más allá de los aparatos, como un entramado social que define jerarquías, identidades y formas de habitar el mundo. Durante el encuentro, los participantes exploraron la imaginación y la especulación como recursos para construir otros posibles futuros, a partir de preguntas sobre la historia y el territorio amazónico. Este taller forma parte del proyecto “La peor de todas”, beneficiario de los estímulos económicos del Ministerio de Cultura 2024, y continuará en Trujillo antes de su muestra final en Lima. ☞ Encuentra esta y otras noticias de interés, visitando nuestra página web: https://proycontra.com.pe/
El engaño llegó vestido de regalo. La tarde del miércoles 15, cuando faltaban horas para que cumpliera 18 años, un hombre con casco oscuro se detuvo frente a la casa de G. C. R. en Bellavista, distrito de Surcubamba, en Huancavelica. Aseguró que el suegro la esperaba con un regalo enviado desde Estados Unidos por el padre de su hija, una niña de dos años.
La madre de la adolescente insistió; ella dudó, pero finalmente subió a la moto con su bebé en brazos. Partieron hacia Vista Alegre, a unos diez minutos de distancia.
Como no regresaban, la familia alertó a las autoridades, incluida la comisaría.
El jueves 16, día de su cumpleaños, los cuerpos de ambas fueron hallados en un descampado, cerca de un río, entre Bellavista y Vista Alegre, en Anchaccasa. Presentaban signos de haber sido estranguladas con una cuerda. No tenían lesiones que indicaran abuso sexual.
La Policía cree que el “regalo” fue una trampa urdida por delincuentes para sacar a la joven de su casa. Testigos vieron la moto rondar la zona la víspera, pero nadie reconoció al conductor.
La Fiscalía de Tayacaja abrió una investigación por feminicidio contra dos personas ya plenamente identificadas.
Mientras tanto, los cuerpos fueron llevados a la morgue de Huancayo y la familia recauda fondos para enterrarlas juntas en Bellavista.
A orillas del Lago Titicaca, la construcción del hospital Rafael Ortiz Ravines de Juli se ha convertido en el centro de un desbalance financiero que vincula al gobernador Richard Hancco con el representante del Consorcio hospitalario Juli de Armando Lezano, que construye el hospital.
Mientras la obra presenta un avance físico de apenas 3.64% -valorizado en S/ 9.2 millones-, los desembolsos autorizados por Hancco ascienden a S/ 56.6 millones, revelando una diferencia de S/ 47.4 millones que tiene en alerta a la provincia de Chucuito.
La matemática no perdona: por cada ladrillo puesto, han salido de las arcas públicas cinco veces su valor. El Consorcio Hospitalario Juli, que tiene como su representante a Armando Manuel Lezano Carreon, sigue cobrando millonarias sumas por una obra que avanza a paso de tortuga y cuya fecha de entrega se proyecta recién para junio del 2027. La pregunta se hace sola: ¿Y el dinero? Esa es la pregunta que repite el kusillo en Juli. ¿En qué bolsillo se acomodaron esos 47 millones?
El kusillo se imagina a Armando Lezano Carreón, el representante del consorcio, subiendo cada martes al cerro de San Bartolomé. No para rezar, no. Para encender su cigarro y, entre humo y rezos ch’amaqueros, embrujar al gobernador Richard Hancco. Hechizo de los buenos, debe ser: el que hace que a una firma suelte millones tras millones por una obra que no avanza.
Mientras tanto, abajo, en la provincia de Chucuito, la gente se atiende en postas que se caen a pedazos, mirando cómo el humo del cerro—y del presupuesto—se lo lleva el señor Lezano.
El jefe de la oficina descentralizada de la OEFA Puno, Yuri Coyla, detalló que un 40% de municipalidades incumplieron con presentar sus planes de trabajo en materia ambiental del 2025. El funcionario señaló que el año pasado se alcanzó un 80% de cumplimiento a nivel de todas las entidades de fiscalización ambiental local pero este año bajó a 60% aproximadamente.
Las municipalidades deben presentar anualmente el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental un año antes del ejercicio. Coyla explicó que los cambios en la normativa este año complicaron la situación. Por ello la OEFA realiza capacitaciones para absolver consultas de funcionarios municipales a cargo y que puedan cumplir con la formulación del plan para el año 2026.
Los planes del 2025 fueron aprobados el año pasado bajo distintos criterios y procedimientos ya establecidos. Sin embargo, ahora cambiaron las reglas y esa situación genera confusión a nivel nacional. Coyla señaló que justamente por estos cambios normativos están trabajando intensamente en capacitar a las autoridades locales sobre los nuevos requerimientos para la elaboración de estos documentos de planificación ambiental.
Todavía hay una cantidad de municipalidades que no presentaron sus planes posiblemente por desconocimiento según explicó el jefe. El funcionario indicó que también influyó que no han tenido la información necesaria. Esta situación preocupa porque los gobiernos locales tienen responsabilidades específicas en materia de fiscalización ambiental que no pueden cumplir sin contar con sus planes debidamente aprobados.
Los planes tienen que ver con el ejercicio de la función de Fiscalización Ambiental en las jurisdicciones locales. Coyla detalló que incluyen actividades de evaluación ambiental, actividades de supervisión ambiental y el ejercicio de la potestad sancionadora. También contempla el tema normativo ya que cada municipalidad puede emitir sus propias normas aplicables en su jurisdicción como reglamentos de supervisión.
El OEFA previó esta situación y creó el Plan Simplificado para municipalidades que identifican problemas ambientales relevantes. Este instrumento es para aquellas jurisdicciones donde la propia municipalidad no detecta conflictos ambientales. Sin embargo, Coyla señaló que en Puno hay problemas en materia de residuos sólidos casi en toda la región.
Las municipalidades por más pequeñas que sean reportan actividades de gestión de residuos sólidos. Coyla explicó que ellos tienen que supervisar este tema que representa el principal desafío ambiental regional. La gestión inadecuada de residuos afecta prácticamente todas las jurisdicciones puneñas por lo que incluso los gobiernos distritales más pequeños deben incluir esta problemática en sus planes anuales.
