Un intenso debate sobre la inversión sostenible, la gobernanza y la lucha contra la pobreza en la Amazonía peruana se llevó a cabo en la COP30, con la participación de líderes empresariales, políticos regionales y representantes indígenas. El consenso general fue que el desarrollo de la Amazonía requiere una alianza real entre lo público, lo privado y las comunidades, anclada en un plan estratégico que termine con la atomización de pequeños proyectos.

El pequeño emprendedor como locomotora

Samuel Dyer, presidente del Grupo Pro Amazonía, abrió el debate con una fuerte crítica a la falta de planificación y a la ineficacia de la ayuda internacional: «Si en la Amazonía no impulsamos el emprendimiento privado, comunitario, corporativo y sobre todo de los pequeños, que son como 500 000, todo lo demás es sueño.»

Dyer citó estudios económicos que demuestran que ningún país alcanza el desarrollo sin una base sólida de pequeños empresarios. Propuso que la función del sector privado es impulsar ese emprendimiento en bionegocios, agroindustria y acuicultura, pero advirtió que la inversión falla cuando se realiza de forma descoordinada y sin un marco estratégico.

Su propuesta central es la creación urgente de un Plan Estratégico para toda la Amazonía Peruana con visión al 2055, que sirva de base para un bono estatal respaldado por la valoración del carbono en los bosques vírgenes.

Un plan propio para la Amazonía

Manuel Gambini, gobernador de Ucayali y presidente de la Mancomunidad Amazónica, respaldó la necesidad de una planificación diferenciada, señalando que los planes nacionales diseñados desde Lima a menudo ignoran la realidad territorial.

«Nosotros siempre hemos deseado tener nuestro propio plan de desarrollo para nuestra Amazonía peruana. Si le damos la mayor importancia y trabajamos algunas reformas básicamente en nuestra legislación para la adecuación de un desarrollo integral de la Amazonía, allí vamos a poder encontrar una serie de factores que de repente faltan», señaló.

Gambini destacó que la alianza entre los gobernadores, pueblos indígenas y el sector privado es clave para impulsar actividades económicas que alivien la presión sobre los bosques en pie y garanticen su permanencia.

Por su parte, Claudia Godfrey de Profonanpe, el fondo ambiental de Perú, coincidió en la necesidad de un plan alineado y la cocreación como metodología de trabajo, para que el diseño de proyectos incorpore el conocimiento que nace del territorio.

«Conservar es vivir, no legislar»

El presidente de la Coordinadora de Desarrollo y Autodefensa de los Pueblos Indígenas de San Martín (Codepisam), Samuel Pinedo, planteó una postura crítica sobre el rol de la cooperación internacional y las políticas públicas orientadas a los pueblos indígenas. Durante su intervención, cuestionó la utilidad de las cumbres climáticas para las comunidades amazónicas.

«Estas COP solamente son la hipocresía de hacer un plan mediocre en favor de la conservación y no repotenciando la necesidad de sus verdaderas poblaciones que son las comunidades nativas», afirmó.

Pinedo demandó garantizar la seguridad jurídica de los territorios indígenas, a la que definió como la principal barrera frente a actividades ilegales. También reclamó eliminar la burocracia en el acceso al financiamiento climático y permitir que las organizaciones indígenas puedan gestionarlo directamente.

«¿Por qué no nos dan la oportunidad de hacer administración directa de los fondos? ¿Por qué buscan filtros? Porque esos filtros administrativos al final aterrizan en cuentagotas para el beneficio de las comunidades», señaló.

Además, expresó su desacuerdo con el concepto técnico de “conservación” y defendió una perspectiva basada en la relación cotidiana con la naturaleza. Instó a los gobiernos a asegurar la pertinencia cultural en las decisiones ambientales y evitar medidas elaboradas sin consulta previa, advirtiendo que no se deben hacer planes «que nos impongan, sino que nos convoquen para participar».