La Gerencia Regional de Salud de Arequipa realizó una campaña de prevención en el mercado San Camilo por el incremento de reportes de chirimachas, insecto vector de la enfermedad de Chagas, según informó Gladis Mamaní, coordinadora del área. Indicó que hace 15 a 20 años la presencia de este insecto era alta en la ciudad, y aunque actualmente la cifra es menor, se mantiene la alerta sanitaria. Según el registro anual, se reportan hasta seis casos crónicos positivos, mientras que el último caso agudo se presentó en 2004.
La especialista precisó que, de acuerdo con reportes ciudadanos, existe aproximadamente un 5% de presencia del insecto, equivalente a entre 800 y 900 notificaciones, aunque aclaró que no todas corresponden a picaduras ni casos confirmados. Además, explicó que los síntomas recientes pueden manifestarse con fiebre y enrojecimiento, mientras que los casos crónicos pueden desembocar en trastornos cardíacos o gastrointestinales, por lo que ante cualquier hallazgo o síntoma debe acudirse al centro de salud más cercano.
Mamani recordó que las chirimachas no dependen de factores climáticos, sino de las condiciones del interior de las viviendas, especialmente desorden o acumulación, y señaló que el insecto suele esconderse detrás de cuadros, roperos o paredes. Advirtió que en caso de hallarlo debe recolectarse en una bolsa y llevarse a un centro de salud para su análisis.
Distritos con mayor proliferación
Los distritos donde históricamente se registró mayor cantidad de chirimachas son Hunter, Villa La Joya, Vítor y La Joya, según reportes de vigilancia epidemiológica. Ante el hallazgo de ejemplares positivos con Trypanosoma cruzi, el sector Salud activa fumigación por manzanas y seguimiento epidemiológico a las familias afectadas.
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En un esfuerzo coordinado contra el crimen ambiental, la Primera y Segunda Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali llevaron a cabo una exitosa operación de interdicción en el río Yuyapichis, dentro del Área de Conservación Privada (ACP) Panguana, en Huánuco.
La intervención terminó con la destrucción de maquinaria e insumos usados para minería ilegal, en cumplimiento del Decreto Legislativo 1100.
Destrucción de maquinaria y campamentos
La intervención, liderada por los fiscales adjuntos provinciales Gemmill Patrocinio Benigno Ramos y Karol Garcia Saavedra, se concentró en desmantelar la infraestructura logística de los mineros ilegales. Los bienes destruidos in situ incluyeron:
Dos clasificados gravimétricos (chutes)
Tres motobombas petroleras
Un campamento
Bidones y baldes con petróleo y otros insumos.
La destrucción de estos bienes se realizó en estricta aplicación del Decreto Legislativo 1100, norma que establece los protocolos para enfrentar la minería ilegal y habilita la detonación de implementos utilizados para cometer delitos ambientales.
La operación fue posible gracias a la articulación entre varias entidades clave del Estado. (Foto: Difusión)
Alianza interinstitucional
La operación fue posible gracias a la articulación entre varias entidades clave del Estado. Además del liderazgo de la FEMA, la diligencia contó con la participación activa de:
Efectivos de la Marina de Guerra del Perú.
Personal del Componente Naval del Comando Operativo de Ucayali.
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).
La Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental informó que continuará impulsando acciones para enfrentar actividades que afectan los recursos naturales en la Amazonía. En el caso del ACP Panguana, la intervención permitió frenar operaciones de minería ilegal que generaban presión sobre este territorio de alta importancia biológica.
La III Expovida Huánuco 2025 cerró con ventas totales que superaron los S/ 224 mil, destacando la Subasta Nacional de Cafés Especiales, que registró un récord histórico de S/ 170 por kilo. La venta de 20 microlotes generó S/ 141,275.65, posicionando al Alto Huallaga como una de las principales zonas productoras de café de calidad en el país.
Participación de productores y emprendedores
Durante cuatro días, la Plaza de Armas de Huánuco albergó a más de 60 organizaciones del Desarrollo Alternativo. Los participantes mostraron productos agroindustriales, cafés de especialidad, chocolates, frutas amazónicas, artesanías, gastronomía y productos hidrobiológicos, en actividades promovidas por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).
La feria comenzó con un pasacalle y una ceremonia inaugural que contó con la presencia de autoridades regionales, locales e instituciones aliadas. Los visitantes pudieron degustar 8 mil muestras de café y chocolate, así como chapo de plátano, granadilla y productos acuícolas, resaltando la oferta productiva del Alto Huallaga.
Devida subrayó que la feria no solo impulsa la comercialización, sino que también fortalece la economía legal y sostenible de las familias productoras del Alto Huallaga. (Foto: Difusión)
Subasta Nacional de Cafés Especiales
La subasta congregó a compradores locales, nacionales e internacionales, combinando aspectos técnicos y comerciales. “El precio máximo histórico obtenido evidenció la calidad y creciente demanda del café producido de manera legal y sostenible”, destacaron los organizadores, reforzando la competitividad de los caficultores del Desarrollo Alternativo.
Actividades culturales y gastronómicas
Además de la venta de productos, la Expovida incluyó presentaciones artísticas, actividades culturales, sorteos y demostraciones culinarias. En la zona gastronómica, se ofrecieron platos como sudado de paco, chilcano de paco y paco frito, elaborados por especialistas en producción acuícola.
Devida subrayó que la feria no solo impulsa la comercialización, sino que también fortalece la economía legal y sostenible de las familias productoras del Alto Huallaga, reafirmando su compromiso con el desarrollo alternativo y la creación de nuevas oportunidades comerciales.
En el mercado voluntario de carbono, la confianza se ha convertido en el principal valor de intercambio. Tras los casos de greenwashing y la exigencia de resultados verificables, los compradores optan únicamente por proyectos que demuestren integridad, trazabilidad y respaldo científico.
En ese escenario, Bosques Amazónicos (BAM) destaca como una NatureTech referente en América Latina. La empresa articula más de dos décadas de trabajo en conservación y manejo forestal con el uso de tecnología avanzada para asegurar operaciones transparentes y confiables
La madurez del mercado exige rigor científico
El mercado de carbono atraviesa una etapa de madurez impulsada por la exigencia de calidad. La incorporación de metodologías más estrictas, como la VM0048 de Verra, marca un cambio profundo en el sector. Esta actualización modifica la forma de calcular las reducciones de emisiones y refuerza la confianza en los créditos que se generan.
Para BAM, desarrolladora de una amplia cartera de proyectos REDD+ y ARR (reforestación, restauración y regeneración) en la Amazonía peruana, la adopción de la VM0048 responde a una convicción más que a un requisito. Es un reflejo de su ADN como start-up con base técnica sólida.
«Adoptar la metodología VM0048 no es una obligación, sino una convicción. Supone reafirmar nuestro compromiso con la calidad, la transparencia y la mejora continua,» señala la compañía, destacando su agilidad para incorporar los últimos avances científicos.
La incorporación de metodologías más estrictas, como la VM0048 de Verra, marca un cambio profundo en el sector. (Foto: BAM)
La tecnología como garantía de trazabilidad
La demanda global exige un impacto ambiental y social verificable. Los desarrolladores de proyectos deben garantizar un monitoreo digital continuo y una trazabilidad en tiempo real que respalde cada resultado y sostenga la confianza de los compradores.
BAM ha integrado soluciones tecnológicas clave para cumplir y superar esta exigencia:
Plataformas de datos geoespaciales: Para mapeo y seguimiento territorial.
Imágenes satelitales de Alta Resolución: Asegurando la verificación precisa de la cobertura forestal.
Machine learning: Uso de herramientas de inteligencia artificial para el análisis forestal predictivo y la demostración de la adicionalidad de la conservación.
Todo este esfuerzo tecnológico está enfocado en demostrar, con evidencia verificable, que cada tonelada de CO₂ compensada genera un impacto real y adicional, y beneficia directamente a las comunidades locales que actúan como guardianes del bosque.
Invertir en carbono: Inversión en el futuro
BAM enfatiza que la inversión en créditos de carbono de alta calidad es una apuesta por la estabilidad climática, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo inclusivo de las comunidades amazónicas.
La evolución del mercado apunta hacia proyectos más integrales, medibles y transparentes. En ese futuro, BAM se consolida como un referente NatureTech, liderando la transición hacia una economía más verde, justa y basada en la naturaleza desde el corazón de la Amazonía peruana.
En la provincia de Leoncio Prado, AgroRural Huánuco implementa un proyecto de cacao en Jose Crespo y Castillo. “En José Crespo y Castillo tenemos un proyecto netamente de cacao”, informó Ana Cecilia Cerpa del Castillo, jefa de la unidad zonal.
La iniciativa contempla la instalación de 16 viveros y la intervención en 400 hectáreas para siembra y otras 400 para mantenimiento, con una duración de tres años. El proyecto comenzó en abril y actualmente se encuentran sembradas las semillas, mientras se espera que las plántulas desarrollen vigor para iniciar el proceso de injertación, que se extenderá durante toda la ejecución del proyecto.
“En cuanto a toneladas, dependerá del manejo que haga cada agricultor, ya que nuestro compromiso es con la instalación y mantenimiento durante los tres años. Posteriormente, corresponde al agricultor continuar con el manejo siguiendo las recomendaciones técnicas”, indicó Cerpa.
La iniciativa beneficiará directamente a 2600 agricultores y cuenta con un presupuesto total de 11 millones de soles, de los cuales 3.5 millones se ejecutan en esta primera etapa. Además, se proyecta complementar con un proyecto de postcosecha para fortalecer la cadena productiva.
El proyecto incluyó la construcción de tres cochas, nueve reservorios de 1000 m³ de capacidad y nueve canales de aducción, todos ya entregados. (Foto: Difusión)
Recarga hídrica en Río Blanco asegura agua para cultivos
En la zona de Río Blanco, distrito de San Rafael, provincia de Ambo, AgroRural implementa un proyecto de recarga hídrica que beneficiará a 1200 pobladores dedicados a la agricultura familiar. “El agua es vital. Esta zona está alejada y con alta altitud (aproximadamente 3500 metros sobre el nivel del mar), por lo que es esencial para el desarrollo de la agricultura familiar”, explicó Cerpa.
El proyecto incluyó la construcción de tres cochas, nueve reservorios de 1000 m³ de capacidad y nueve canales de aducción, todos ya entregados. Actualmente, se trabaja con 12 organizaciones en el componente de praderas, cuya conclusión está prevista para diciembre. Los cultivos beneficiados son principalmente papa, hortalizas bajo fitotoldos y otros productos de la agricultura familiar.
La inversión destinada a esta iniciativa asciende a 2.5 millones de soles, y se espera que garantice agua para la producción agrícola durante todo el año, contribuyendo a la seguridad alimentaria local.
Impacto y sostenibilidad de los proyectos
Ambos proyectos reflejan un enfoque integral de AgroRural, combinando inversión pública, asistencia técnica y fortalecimiento productivo. Mientras el cacao busca generar ingresos sostenibles a mediano y largo plazo, la recarga hídrica asegura recursos esenciales para la agricultura en zonas de alta altitud.
Cerpa destacó que el éxito de estas iniciativas dependerá del seguimiento técnico y del manejo que realicen los agricultores, con el objetivo de consolidar la productividad y mejorar la calidad de vida de las comunidades beneficiadas.
La Amazonía peruana está al borde de un punto de no retorno. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) estima, con base en datos de Map Biomas, que cada minuto se pierde el equivalente a seis canchas de fútbol de bosque amazónico. Esta deforestación acelerada compromete el recurso hídrico, la regulación climática y la biodiversidad que es refugio de más de 400 pueblos indígenas.
La crisis es de tal magnitud que entre 1985 y 2023, más de 88 millones de hectáreas de bosque en la Amazonía fueron destruidas a nivel regional. Específicamente en Perú, el portal Geobosques revela que la pérdida total de bosque del 2001 al 2024 supera los 3 millones de hectáreas.
Científicos del Panel Científico para la Amazonía (SPA) han lanzado una advertencia crítica: si la deforestación en el bioma alcanza un rango entre el 20% y el 25%, el ecosistema podría colapsar de manera irreversible.
Un ecosistema vital bajo amenaza
La Amazonía no solo es hogar de 47 millones de personas, sino que es un actor clave en la estabilidad climática global. Su vegetación y suelos almacenan hasta 200 mil millones de toneladas de carbono, y sus «ríos voladores»(corrientes de vapor) transportan humedad vital que contribuye al enfriamiento del planeta.
Ante esta emergencia, organizaciones de Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú han unido sus fuerzas en la campaña internacional “Amazon League”, que busca movilizar a la ciudadanía global para proteger este y otros bosques tropicales. La campaña invita a la ciudadanía a sumarse firmando la petición aquí.
La Amazonía no solo es hogar de 47 millones de personas, sino que es un actor clave en la estabilidad climática global. (Foto: WWF)
Restaurar para fortalecer la resiliencia
Frente a la crítica de la deforestación, la restauración de los ecosistemas degradados emerge como una solución prioritaria. En Perú, el Gobierno impulsa la Estrategia Nacional de Restauración de Ecosistemas y Tierras Forestales Degradadas (ProREST 2021-2030), liderada por el Serfor.
WWF Perú promueve un enfoque de restauración dual que combina la conservación y la producción sostenible:
Restauración ecológica: A través de plantaciones con alta densidad y diversidad de especies nativas y el enriquecimiento de bosques secundarios, buscando mejorar el ciclo hídrico y beneficiar a especies clave como el jaguar.
Restauración productiva: Mediante sistemas agrosilvopastoriles y la implementación de ganadería regenerativa, que ha logrado rehabilitar más de 1,000 hectáreas de pasturas tradicionales, aumentando su capacidad productiva sin expandir la frontera agrícola.
Se proyecta que para el 2030, estas acciones de restauración ecológica en títulos habilitantes podrían alcanzar más de 6,000 hectáreas y capturar hasta 150 mil toneladas de CO₂ en los próximos años.
Kurt Holle, director país de WWF Perú, reconoce que la restauración es una de las soluciones más efectivas para revertir la pérdida. “Restaurar los paisajes degradados significa devolverle vida al bosque y fortalecer la resiliencia de las personas y del planeta”, manifestó.
La campaña «Amazon League» se presenta como una oportunidad crucial para que Perú, de cara a la COP30 en Brasil, demuestra que proteger y restaurar sus bosques es esencial no sólo para sus comunidades, sino para cumplir los compromisos climáticos globales.
En la comunidad nativa de Mazaronquiari, en Pangoa (Junín), representantes del Osinfor y comuneros nomatsigengas realizaron la verificación de 1000 plantones, muestra de los 8141 sembrados en un área superior a ocho hectáreas. Las mediciones incluyeron altura, diámetro y ubicación con GPS, además del registro fotográfico correspondiente. El trabajo se desarrolló durante tres días, en condiciones de lluvia, calor intenso e incluso la caída de un rayo cerca de la zona supervisada.
Esta evaluación corresponde al primer informe del plan de recuperación de áreas degradadas presentado por la comunidad, parte de su proceso para compensar una multa forestal ascendente a S/191 802.60 en un periodo de cinco años.
Antecedentes de la sanción
La infracción se originó en 2021, cuando el Osinfor detectó el aprovechamiento y la movilización no declarada de 30.072 m³ de madera de nogal amarillo y cumala. También se identificó el cambio de uso del suelo y desbosque en 39.972 hectáreas destinadas exclusivamente al aprovechamiento sostenible de recursos forestales. Por estos hechos, tanto la comunidad como la empresa Madereras Pangoa E.I.R.L. fueron sancionadas.
“La comunidad ha decidido reforestar para saldar nuestra deuda. La población nos ha apoyado con el macheteo y la plantación, porque sabemos que, al final de cuentas, esto quedará para nosotros”, señala Simón Cherisente Mahuanca, jefe comunal. Él mismo reconoce: “Nosotros como comunidad somos responsables. Hemos cometido una infracción dentro del área de aprovechamiento forestal, porque un comunero ha hecho su chacra”.
Esta evaluación corresponde al primer informe del plan de recuperación de áreas degradadas presentado por la comunidad, parte de su proceso para compensar una multa forestal ascendente a S/191 802.60 en un periodo de cinco años. (Foto: Difusión)
Plan de recuperación y participación comunal
El plan contempla la siembra de especies como moena alcanfor, estoraque, moenas amarillas, tulpay, nogal negro, tornillo y caoba. Según el acta comunal, el compromiso es mantener las plantaciones y reemplazar los plantones que no sobrevivan. “El compromiso de cada uno es no cometer más errores, dar mantenimiento al área y, si hay una plantación que se está muriendo, la vamos a recalzar (para darle sostén y nutrientes)”, afirma el jefe de la comunidad.
Más de 1400 pobladores participan en las actividades de reforestación y mantenimiento, coordinadas en asambleas comunales. La empresa involucrada también contrató a un ingeniero forestal para brindar asistencia técnica durante el proceso.
Comité de vigilancia comunal
El comité de vigilancia y control forestal comunitario, integrado por cinco comuneros reconocidos por la autoridad forestal, realiza controles mensuales. “La comunidad nos ha nombrado para vigilar las áreas de reforestación”, explica Ronald Piori Marcos, secretario comunal. Su labor consiste en verificar limpieza, coordenadas y mantenimiento de los plantones. “Mi motivación es la comunidad”, comenta.
El jefe comunal destaca su aporte: “El comité de vigilancia nos orienta para manejar el área. Son como nuestros ingenieros: nos explican cómo plantar y cómo cuidar. Han sido capacitados por el Osinfor y el Serfor para poder apoyarnos en todas las actividades de la comunidad”.
Más de 1400 pobladores participan en las actividades de reforestación y mantenimiento, coordinadas en asambleas comunales. (Foto: Difusión)
Informe preliminar y próximos pasos
Durante el cuarto día de visita del Osinfor, la comunidad se reunió para escuchar los resultados preliminares de la verificación, expuestos por el supervisor Samuel Arzapalo Huancas. Tras ello, las autoridades comunales reiteraron su compromiso de levantar observaciones y continuar con las acciones previstas en su plan de recuperación.
Con esta primera fase concluida, la comunidad de Mazaronquiari continúa ejecutando su estrategia de reforestación, con el objetivo de recuperar las áreas degradadas y avanzar en el cumplimiento de la sanción impuesta.
La mañana del 17 de noviembre, la avenida Abancay volvió a colapsar bajo la presión de cientos de mineros informales, un escenario que se repite cada vez que se acerca el vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera, conocido también como REINFO. Esta vez, la protesta coincidió con la próxima evaluación, en la Comisión de Energía y Minas, de un predictamen que no solo propone extender el registro hasta el 31 de diciembre del 2027, sino también reincorporar más de 50 mil registros excluidos por incumplimientos previos.
El documento, que integra diversos proyectos de ley, es parte de una tendencia que se arrastra desde 2016, con prórrogas sucesivas que han convertido un régimen supuestamente «temporal» en un mecanismo de operación continua que no termina de consolidar la formalización minera. El presidente de la comisión, Víctor Cutipa, adelantó que su expectativa es que el texto pase intacto al voto del grupo parlamentario.
Un predictamen que reabre el proceso y modifica la arquitectura de formalización
De acuerdo con el documento, la comisión considera que las modificaciones planteadas “constituyen un instrumento transitorio pero indispensable para consolidar el proceso de formalización minera integral». Sin embargo, el predictamen reconoce que el proceso arrastra fallas profundas desde su creación. Entre ellas, destaca la ausencia de información real y verificable sobre cuántos operadores existen, dónde trabajan y en qué condiciones:
“Las estimaciones fragmentarias (…) no permiten caracterizar con precisión el universo real de actores ni su comportamiento productivo, lo cual genera ineficiencia en la intervención estatal y dificulta la toma de decisiones normativas”.
Este diagnóstico es clave, porque revela que el Congreso está proponiendo ampliar nuevamente un sistema que la propia comisión describe como débil, impreciso y sin capacidad de fiscalización efectiva.
En solo un mes, julio de este año, se detectaron nuevas infraestructuras mineras ilegales en los ríos Cenepa, Santiago y Aguaytía. (Composición: Inforegión con imágenes satelitales de ACCA)
¿Qué plantea realmente el predictamen?
Más allá de la fecha límite del 2027, el predictamen incorpora cambios de impacto estructural:
1. Reincorporación masiva de excluidos
Se propone devolver al proceso a quienes salieron del Reinfo por incumplimientos, permitiendo que retomen trámites en el estado previo al 30 de junio de 2025. Este retorno comprueba que las depuraciones realizadas por el Ministerio de Energía y Minas, que en 2025 redujeron el registro a poco más de 31 mil inscritos, podrían revertirse de manera abrupta.
2. Suspender o flexibilizar los procedimientos de exclusión
El predictamen plantea congelar procedimientos sancionadores que se aplicaban a operadores que no acreditaban titularidad, carecían de contratos de explotación o incumplían obligaciones ambientales.
3. Dependencia del futuro proyecto de Ley MAPE
El texto señala que el proceso seguirá vigente hasta que se apruebe la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. Sin embargo, dicha norma lleva años estancada y no alcanza consenso político, lo que convierte la prórroga en un escenario abierto e indefinido.
4. Proponer un Censo Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal
El predictamen plantea ejecutar un censo nacional, al que califica como “el único mecanismo capaz de generar una línea base estadística confiable”. Sin embargo, la propuesta llega después de plantear una nueva ampliación y la reincorporación masiva de registros excluidos, lo que evidencia una contradicción estructural, puesto que se propone ordenar el sector sin tener todavía los datos básicos para hacerlo.
Un sistema que acumula tensiones y vacíos
Desde su creación, el Reinfo buscaba ordenar la pequeña minería y la minería artesanal. Sin embargo, la dinámica ha tomado otro rumbo. De acuerdo con cifras analizadas en el predictamen, el 93% de inscritos trabaja en concesiones ajenas, lo que impide avanzar en la formalización definitiva. El proceso exige, por ejemplo, contar con contratos de explotación, pero estos casi nunca se concretan.
Dante Vera, director de V&C Analistas y miembro del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS), destacó a Inforegión que este vacío genera conflictos y frena avances. «Esto no ha avanzado, sea porque el concesionario señala que cuenta con un derecho adquirido y que no están obligados a firmar esos contratos. En caso de negociar, lo reducen a cuánto se paga por regalías: el titular pedirá un porcentaje alto, mientras el minero ofrecerá el mínimo posible», explicó.
El 93% de inscritos trabaja en concesiones ajenas, lo que impide avanzar en la formalización definitiva. (Foto: Confemin)
Este problema representa un obstáculo para avanzar en la formalización, ya que uno de los requisitos centrales del proceso es la existencia de un contrato de explotación entre ambas partes. Esta situación también fue advertida por Máximo Bequer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin), durante una entrevista con Inforegión. “La formalización no depende del minero artesanal, sino de los titulares de las concesiones, quienes no quieren firmar los contratos de explotación”.
Las dificultades se agravan porque los gobiernos regionales no cuentan con personal ni capacidades suficientes para fiscalizar, mientras que las zonas de operación, muchas ubicadas en territorios de alta conflictividad socioambiental, registran escaso acompañamiento institucional.
En junio pasado, el Ejecutivo ya había extendido la vigencia del Reinfo hasta diciembre de 2025, pero la presión social, la falta de avances y la ausencia de una ley integral han reactivado el debate.
Advertencias desde los gremios y la Comunidad Andina
Mientras el Congreso acelera la ampliación, 56 gremios empresariales, entre ellos la Confiep, la SNI y la SNMPE, alertaron que un régimen transitorio sin control “fomenta la ilegalidad y pone en riesgo la industria y las exportaciones peruanas”. Señalan que la Comunidad Andina podría imponer restricciones comerciales a productos nacionales si el país incumple sus compromisos en la lucha contra la minería ilegal.
El Tribunal Constitucional también advirtió en abril que extender regímenes que permiten operar sin fiscalización profundiza los impactos en poblaciones vulnerables, reduce ingresos fiscales y agrava el deterioro ambiental.
Organizaciones, líderes indígenas y especialistas se pronuncian
El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) también publicó un pronunciamiento suscrito por organizaciones ambientales, líderes indígenas y especialistas en derecho ambiental. El texto es enfático: “Una ampliación más del Reinfo desnaturaliza su finalidad transitoria, fomentando una minería desordenada, que opera sin cumplir normas ambientales y laborales”.
El OMI sostiene que el Congreso está a punto de consolidar un sistema que, por más de dos décadas, no ha logrado controlar la minería ilegal: “Resulta preocupante que una institución democrática como el Congreso considere extender un sistema que (…) solo perpetúa estos problemas sin ofrecer soluciones de fondo”, señala el documento.
El pronunciamiento también exige que el Estado avance hacia una ley integral para la MAPE, con criterios técnicos y ambientales sólidos, y que se priorice la depuración del padrón para identificar a quienes realmente buscan formalizarse.
Un debate decisivo para el futuro de la minería de pequeña escala
Mientras se acerca la votación, los mineros informales continúan con movilizaciones frente al Congreso. Lo que se discuta en la Comisión de Energía y Minas hoy 18 de noviembre definirá el rumbo de un sector que involucra a más de 250 mil personas de manera directa y a un millón de familias en total. Para algunos congresistas, extender el Reinfo es una respuesta social necesaria. Para expertos y organizaciones, es un nuevo episodio de postergación que perpetúa la informalidad y la degradación ambiental.
En el centro del debate hay una pregunta de fondo: ¿puede el Perú seguir prorrogando un sistema que no conduce a la formalización real, mientras la minería ilegal continúa expandiéndose sobre ríos, bosques y territorios indígenas? Las próximas horas serán decisivas para responderla.
¿Sabías que la minería ilegal se ha extendido a nueve regiones amazónicas de nuestro país? ¿Y que están en riesgo a 73 comunidades nativas? Conoce más aquí.
La Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Tingo María presentó oficialmente a su primer equipo de guardafaunas voluntarios, integrado por 15 personas que apoyarán en la vigilancia y conservación de la fauna silvestre en toda la provincia de Leoncio Prado. La medida busca atender de manera más amplia el tráfico ilegal de animales, que continúa siendo un problema persistente en la región.
Tingo María ocupa una posición estratégica para intervenir en el traslado de animales desde San Martín y Ucayali hacia Lima, recuperando especies en riesgo de ser comercializadas de manera ilegal.
Formación y perfil de los voluntarios
El equipo está conformado principalmente por jóvenes mayores de 18 años, en su mayoría estudiantes de la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) de carreras como Ingeniería Forestal y Recursos Naturales. Además, se sumó un poblador adulto del caserío Honolulu, quien colaborará en la protección de los bosques y la fauna de su comunidad.
La médico veterinario de la ATFFS Tingo María, Julissa López Rojas, indicó que el equipo técnico de la institución estaba limitado a solo dos profesionales, lo que dificultaba atender la totalidad de la provincia. “Por eso surgió la idea de convocar a jóvenes con vocación para proteger a la fauna. Queremos ampliar nuestra capacidad de respuesta y, sobre todo, fortalecer el trabajo de educación ambiental en las comunidades”, señaló.
Tingo María ocupa una posición estratégica para intervenir en el traslado de animales desde San Martín y Ucayali hacia Lima, recuperando especies en riesgo de ser comercializadas de manera ilegal. (Foto: Difusión)
Reconocimiento oficial y plan de trabajo
Este primer equipo de guardafaunas voluntarios fue implementado formalmente mediante resolución por la ATFFS Tingo María. El proyecto tiene un plan semestral que se extenderá hasta marzo del próximo año y contempla la entrega de constancias oficiales por seis meses de servicio, documento que podrá fortalecer la experiencia de los participantes en el sector ambiental.
Capacitación continua
El programa incluye sesiones de capacitación periódicas, con la primera programada a fines de este mes y otra en diciembre. La formación abordará protocolos de manejo de fauna silvestre, atención de emergencias y buenas prácticas, con el objetivo de minimizar errores por falta de experiencia y garantizar la correcta intervención de los voluntarios.
Llamado a la ciudadanía
La ATFFS enfatizó que la protección de la fauna silvestre y los bosques requiere la colaboración de toda la población. “Necesitamos que la ciudadanía se sume. Las instituciones, las comunidades y cada persona pueden contribuir reportando casos y evitando prácticas que dañen a la fauna silvestre”, señalaron.
La institución recordó además que la fauna silvestre no debe ser tratada como mascota, ya que su hábitat natural es el bosque, donde cumple un rol fundamental para el equilibrio ecológico de la región.
Tras 17 años con una escala remunerativa sin definición oficial, el Estado peruano revirtió hoy una deuda histórica con los guardianes de su patrimonio natural. En una ceremonia liderada por el presidente de la República, José Jerí Oré, se implementó formalmente la nueva y mejorada escala salarial para los guardaparques del Perú y se firmaron contratos que formalizan su vínculo laboral, otorgándoles estabilidad y dignidad.
El acto concretiza la Ley N.º 31991, Ley del Cuerpo de Guardaparques del Perú, que crea un régimen laboral especial para el personal que labora en las 78 Áreas Naturales Protegidas del país.
Reconocimiento concreto a una labor heroica
La nueva escala salarial, aprobada en septiembre de 2025, beneficia a cerca de 800 guardaparques, corrigiendo una disparidad que los mantenía con sueldos de entre S/1600 y S/2200. La mejora es sustancial y está diferenciada por niveles: Guardaparque Experto recibirá S/3265 y el Guardaparque S/2865.
El nuevo régimen laboral especial les garantiza un contrato de duración indeterminada, beneficios sociales y el reconocimiento de sus jornadas atípicas, esenciales para la labor que se extiende desde el Parque Nacional Huascarán hasta el Alto Purús.
La voz del Estado: «Dignificar el trabajo»
Durante la ceremonia, el ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán Mariñas, resaltó la importancia estratégica de los guardaparques, señalando que en muchas ocasiones son el único rostro del Estado en las zonas más remotas.
La nueva escala salarial, aprobada en septiembre de 2025, beneficia a cerca de 800 guardaparques. (Foto: Difusión)
«Con esta ley se dio un paso fundamental y trascendental para dignificar el trabajo del guardaparque. Que se reconozca la labor del guardaparque en la labor de nuestras áreas naturales protegidas», afirmó el ministro.
El presidente de la República, José Jerí Oré, calificó la implementación como un «acto de justicia y de reconocimiento sincero» hacia quienes cuidan más del 18% del territorio nacional.
«Son héroes silenciosos de nuestro país, guardianes de nuestras lagunas, bosques amazónicos, desiertos costeros y ecosistemas… Por fin verán un reconocimiento real a su labor. Nunca será suficiente, pero hoy hemos dado un paso importante para mejorar esas condiciones», declaró el mandatario.
El orgullo de los héroes de la conservación
En representación de sus 800 compañeros, el guardaparque Emilio Aparicio Mesa, con 33 años de servicio en el Parque Nacional del Manu, expresó la emoción de la comunidad por el cumplimiento de esta promesa.
«Para mí este día es muy histórico y para todos mis hermanos héroes de la conservación, mis hermanos guardaparques. Nosotros, señor presidente, vivimos, convivimos con la naturaleza. Somos las personas que enarbolamos la bandera de la conservación de toda la diversidad del Perú», sostuvo Aparicio.
El guardaparque evocó la mística de su trabajo, bregando en el frío altoandino y navegando en la Amazonía, y se comprometió a seguir trabajando con la misma pasión, llevando la bandera de la conservación y defendiendo «lo que nos une: la diversidad biológica que nos da orgullo como peruanos».
La implementación de la Ley N.º 31991 consolida una señal clara del Estado: los guardaparques no son personal eventual, sino esenciales y permanentes para la protección del tesoro natural de la nación.
