lunes 22, diciembre 2025
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COP30: Perú lanza Paquete País para captar fondos climáticos y fortalecer la gobernanza amazónica

El Perú presentó oficialmente en la COP30 su «Paquete País» (Country Package), un plan de implementación diseñado para atraer nuevos fondos climáticos, canalizarlos hacia la conservación de la Amazonía y asegurar el cumplimiento de los compromisos climáticos nacionales (NDC).

La estrategia es el resultado de un esfuerzo conjunto sin precedentes entre el Ministerio del Ambiente (Minam), seis gobiernos regionales amazónicos y las principales organizaciones indígenas del país, contando también con el apoyo del Ministerio de Cultura.

Alianzas estratégicas y financiamiento global

La sesión contó con la participación de socios de cooperación clave, incluyendo la Climate and Land Use Alliance (CLUA), la Fundación Ford, Conservación Internacional (CI) y líderes de organizaciones indígenas como ANECAP, CONAP y AIDESEP.

Andrea Johnson, de CLUA, destacó la conexión estratégica entre este paquete y el compromiso de donantes anunciado en la COP30: la asignación de 1.8 billones de dólares para los próximos cinco años, destinados a apoyar procesos de tenencia de la tierra y el bienestar de los pueblos indígenas y comunidades locales.

Patricia Zurita, vicepresidenta de Conservación Internacional, felicitó el esfuerzo y resaltó que Perú está creando un precedente global: «Perú está siendo precedente, está creando el precedente de los paquetes de país. Ustedes son ahora un ejemplo que el resto de los países que están diseñando los programas de país van a seguir.»

Ejes prioritarios: Seguridad jurídica y combate a la ilegalidad

Los expositores coincidieron en que el Paquete País debe enfocarse en cerrar brechas estructurales, siendo la seguridad territorial la máxima prioridad:

1. Titulación de tierras: Camilo León, de la Fundación Ford, señaló que la titulación de tierras de comunidades nativas es indispensable para proteger los bosques y es una prioridad de su fundación. Esta acción busca frenar la escalada de economías ilegales que invaden y amenazan territorios titulados.

2. Combate al crimen organizado: El problema de las economías ilegales (tráfico de oro, maderas, narcotráfico) fue señalado como un gran reto que «ha penetrado en el Estado» y pone en riesgo la vida de los líderes ambientales.

3. Gobernanza indígena: La estrategia busca contribuir a la implementación de las medidas NDC del sector Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura, y en las Estrategias Regionales de Cambio Climático, garantizando la participación y el liderazgo de las organizaciones indígenas.

Propuesta indígena para una financiación directa

Los líderes indígenas enfatizaron que el éxito del Paquete País dependerá de cómo se canalicen los recursos y se garantice la participación. Oseas Barbarán, de CONAP, agradeció la voluntad de los donantes, pero enfatizó que se debe considerar la variable indígena y la seguridad territorial como fundamentales. Miguel Guimaraes, vicepresidente de AIDESEP, recordó que aún hay más de 600 comunidades que faltan titular y urgió que los recursos climáticos lleguen al territorio.

Finalmente, Fermín Chimatani (ANECAP), en representación del Grupo Perú, hizo hincapié en dos demandas clave:

Fermín Chimatani, presidente de Anecap. (Foto: Inforegión)

1. La seguridad jurídica de los territorios debe ser una prioridad estructural, no solo un componente más del paquete, ya que «sin titulación no habrá NDCs ni bosques protegidos».

2. La necesidad de mecanismos de acceso directo de financiamiento para los pueblos indígenas y sus organizaciones, eliminando los filtros burocráticos para asegurar el impacto real de los fondos en la defensa de su territorio y la biodiversidad.

El lanzamiento del Paquete País marca el inicio de un proceso de implementación donde la clave será la coordinación entre la filantropía privada, los cooperantes y el gobierno, con una visión de largo plazo que busca convertir a la Amazonía peruana en un modelo de desarrollo sostenible y resiliente.

Inplementación del convenio Minam y Grupo Perú para el FCLP

Por otro lado, el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Grupo Perú, espacio que articula a las principales organizaciones indígenas del país (AIDESEP, ANECAP, CONAP), confirmaron haber concretado una Mesa de Donantes, en el marco del convenio suscrito entre ambas instituciones, que se comprometió a financiar dos componentes estructurales: la titulación de tierras y el mecanismo de acceso directo de financiamiento para las organizaciones indígenas.

Entre los cooperantes y fundaciones que han ofrecido su apoyo para este plan de trabajo se encuentran el Tenure Facility, Rainforest Norway, RRI (Rights and Resources Initiative), Clarify y CLUA (Climate and Land Use Alliance).

Como se recuerda, el convenio, de cooperación interinstitucional, fue suscrito entre el Minam y el Grupo Perú de Pueblos Indígenas, conformado por AIDESEP, CONAP y ANECAP. Este acuerdo sienta las bases para la implementación del FCLP (Alianza de Líderes por los Bosques y el Clima).

Justicia para Fabián Antúnez: Juzgado decidirá mañana si se revierte pedido de prisión preventiva contra líder asháninka

Este jueves 20 de noviembre, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Satipo evaluará un pedido clave en el proceso que enfrenta Fabián Antúnez Camacho, expresidente de la Central Asháninka de Río Tambo (CART). A las 4:15 p. m., el juez Cristian Periche dará lectura a la resolución sobre la variación de la prisión preventiva dictada en su contra, medida que podría revocarse tras la desestimación de los principales elementos probatorios.

Antúnez es investigado por la desaparición de cuatro ciudadanos, ocurrida en abril de 2023 durante el paro asháninka que bloqueó el puente Puerto Ocopa. La movilización buscaba justicia por el asesinato del líder Santiago Contoricón, crimen que detonó una protesta masiva en la zona. El Ministerio Público mantiene un pedido de prisión preventiva de 18 meses y una orden de captura vigente, en tanto avanza la etapa de control de acusación.

Un caso marcado por pruebas debilitadas

En la audiencia del 6 de noviembre, la defensa del líder asháninka señaló que ya no existe sustento legal que justifique la continuidad de la prisión preventiva. Expuso que las razones que motivaron la medida perdieron vigencia y fuerza jurídica, pues los hechos atribuidos a Antúnez fueron modificados a raíz de la pérdida de credibilidad de los testigos protegidos.

La acusación inicial sostenía que Antúnez había dado la orden directa de desaparecer a los cuatro ciudadanos. Esa versión se basaba en declaraciones de testigos protegidos que aseguraban haberlo visto implicado. Sin embargo, durante las diligencias de reconocimiento, estos testigos no lo identificaron como autor de los hechos, debilitando la principal hipótesis fiscal.

Testigos desmentidos y versiones descartadas

La defensa recordó que las declaraciones de los testigos protegidos también fueron refutadas por otros testimonios. En el caso de Fabián Antúnez, la hermana franciscana del «Albergue Casa Misión Santa Teresita del Niño Jesús» declaró que él no salió del convento durante la noche en que sucedieron los hechos, contradiciendo la narración fiscal.

La fragilidad de los testimonios alcanzó a otros líderes inicialmente investigados, como Ángel Pedro Valerio y Fredy Gavilán Mejía. En ambos casos, el Poder Judicial y la Fiscalía concluyeron que no estuvieron en el lugar de los hechos; uno fue excluido del proceso y el otro encaminado al archivo.

A ello se suma que el Ministerio Público revisó el contenido del celular de Antúnez sin hallar mensajes o comunicaciones que lo vincularan con los delitos investigados.

Cambio de imputación: de autor directo a responsable por convocar el paro

Ante el debilitamiento de las declaraciones, la Fiscalía modificó la narrativa de los hechos. Ya no sostiene que Antúnez dio la orden de desaparecer a las víctimas, sino que su supuesta responsabilidad radicaría en haber convocado la movilización asháninka y en “conocer y controlar” lo ocurrido durante el paro. Para la defensa, este giro confirma que la imputación inicial no se sostiene y que no existe riesgo procesal que justifique la prisión preventiva.

Durante las diligencias de reconocimiento, estos testigos no lo identificaron como autor de los hechos, debilitando la principal hipótesis fiscal. (Foto: Difusión)

Expectativa por una resolución decisiva

Tras desmontar los elementos que sustentaron la medida, la defensa espera que el juzgado revoque la prisión preventiva y la sustituya por comparecencia con restricciones. Sostienen que Antúnez siempre ha expresado su disposición a enfrentar el proceso y cumplir las reglas de conducta necesarias para garantizar su presencia en las etapas pendientes.

La resolución de esta tarde definirá si el líder asháninka continúa afrontando el proceso privado de su libertad o si recupera la posibilidad de hacerlo en libertad, mientras defiende su inocencia en un caso que expone los riesgos de criminalizar movilizaciones comunitarias que exigen justicia frente a la violencia en los territorios indígenas.

Ica: Policía anticorrupción detuvo al gerente de la Municipalidad Distrital de Marcona

La Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (DIRCOCOR–PNP), a través de su unidad en Ica y con apoyo del Área de Inteligencia Anticorrupción de la DIVREINT, realizó un operativo que culminó en la detención en flagrancia de Fredy Monzón Cárdenas (57), gerente municipal de la Municipalidad Distrital de Marcona.

La intervención se produjo cuando el funcionario de confianza del alcalde de Marcona, Joel Rosales Pacheco, conducía una camioneta oficial de placa EAG-952, asignada a la comuna, sin contar con autorización ni documento que justificara su uso fuera de su jurisdicción.

El operativo se ejecutó en la Panamericana Sur, a la altura del grifo Primax, frente al mercado Santo Domingo, punto donde los agentes detectaron el desplazamiento irregular del vehículo estatal. Durante la verificación, Monzón no presentó ninguna constancia, oficio o permiso municipal que avalara el traslado de la camioneta desde Marcona hacia Ica, lo que para la Policía constituye un presunto uso particular de un bien público, conducta sancionada por la normativa vigente sobre administración de recursos estatales.

Ante esta situación, los agentes procedieron a incautar el vehículo y detener al funcionario por la presunta comisión del delito de peculado doloso, regulado en el Código Penal. La intervención fue comunicada al representante del Ministerio Público, quien ordenó diligencias preliminares que incluyen la revisión de los registros de uso del vehículo, la documentación interna del municipio, y las declaraciones del implicado y otros testigos.

Izquierda: En noviembre 2025, el gerente municipal Fredy Monzón Cárdenas fue detenido por la PNP. Derecha: El propio alcalde fue detenido en julio 2025 por un caso que terminó siendo condenado por corrupción.

Alcalde de Marcona, Joel Rosales también fue detenido por la Policía en julio 2025

La Municipalidad de Marcona para de escándalo en escándalo. En julio fue detenido por la Policía en Portachuelo, Nasca, debido a una requisitoria vigente por peculado, hecho que expuso su situación legal justo cuando impulsaba su precandidatura al Gobierno Regional de Ica por Acción Popular.

A partir de esa detención, el caso avanzó en el Poder Judicial. El Juzgado Penal Unipersonal de Nasca lo encontró responsable del delito de peculado por uso y lo condenó por corrupción a dos años y tres meses de pena suspendida, además del pago de reparación civil, multa y el cumplimiento de reglas de conducta estrictas.

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Piura: Pescadores de La Tortuga exigen formalización y denuncian cobros de hasta S/ 1,000 por permisos

Los pescadores de La Tortuga, en Paita, pidieron al Ministerio de la Producción ser incluidos en el padrón de formalización pesquera. Aseguran que, por estar fuera del proceso, deben pagar entre S/ 500 y S/ 1,000 por alquilar permisos cada vez que salen al mar.

230 embarcaciones quedaron fuera del proceso

El presidente de la asociación, Roberto Chapilliquén Ruiz, explicó que sus 230 embarcaciones no ingresaron al Sistema de Formalización Pesquera Artesanal (SIFORPA) por problemas de comunicación.
Según dijo, en La Tortuga no hay una señal de internet estable y esto impidió que recibieran la información necesaria sobre los plazos y requisitos.

“Donde vivimos no hay señal nítida y no estábamos informados sobre la importancia de formalizar nuestras embarcaciones”, afirmó.

Denuncian alquiler de permisos y presunta corrupción

Al no estar formalizados, los pescadores quedan expuestos a fiscalizaciones y sanciones. Por eso, deben alquilar permisos de otras asociaciones o cooperativas que sí ingresaron al padrón.

“Esos permisos vienen de dirigentes que tienen permisos hasta de sobra. Nosotros solo queremos formalizar nuestras embarcaciones, no aumentar la flota”, señaló Chapilliquén.

Piden adelantar la pesca de pota

El dirigente también solicitó que se adelante la autorización para pescar pota. Afirma que esta especie está consumiendo peces pequeños como cabrilla, cachema y anchoveta, de los que depende la economía local.

“La pota se come todo el pescado pequeño. La canasta familiar ya está sufriendo. Necesitamos la salida al mar”, indicó.

Llamado a Produce

Los pescadores piden a Produce que acelere su formalización y les permita trabajar sin depender del alquiler de permisos. “Solo queremos que el ministro se ponga una mano al pecho y nos dé la oportunidad de formalizarnos”, finalizó Chapilliquén.

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Jaén: alistan prepublicación de la creación del Área de Conservación Regional “Bosques de Huamantanga y Chorro Blanco”

En un gesto decidido hacia la protección del patrimonio natural, el Gobierno Regional de Cajamarca, junto a especialistas del Ministerio del Ambiente y de la organización Naturaleza y Cultura Internacional (NCI), está coordinando la prepublicación del Área de Conservación Regional (ACR) “Bosques Montanos de Huamantanga y Chorro Blanco”, que abarca territorios clave en la provincia de Jaén.

Este proyecto, cuya oficialización está prevista en el diario El Peruano en los próximos días, representa un avance significativo en los esfuerzos por salvaguardar más de 14 000 hectáreas de bosques montanos andinos.

La creación de esta ACR no solo fortalecerá la conservación de flora y fauna, también resguardará los servicios ecosistémicos vitales, como el abastecimiento de agua. En su territorio se encuentran nacientes importantes de quebradas como La Rinconada, San José de la Alianza, y La Cascarilla, que alimentan la cuenca del río Amojú.

Actualmente, el Bosque de Huamantanga ya cuenta con una protección municipal: fue declarado como Área de Conservación Municipal en 2003, con una superficie de aproximadamente 3 840 hectáreas, prohibiéndose actividades como tala o extracción de fauna.

Por su parte, el bosque de Chorro Blanco (también conocido como Huaco) tiene una ordenanza municipal similar desde 2006 en Huabal.

Durante la fase de preparación, se han realizado talleres y acuerdos con las comunidades locales de San José de la Alianza y Nuevo Jerusalén, para alinear el plan de conservación con las necesidades de las poblaciones.

Además, se contempla la producción de plantones de especies nativas como el romerillo (Podocarpus), además de acciones de reforestación, protección de fuentes de agua y define una zonificación preliminar para su futuro manejo.

Desde el punto de vista de la biodiversidad, este bosque alberga una rica flora que incluye romerillo, cedro, cascarilla, orquídeas y bromelias; y fauna emblemática como el oso de anteojos, el gallito de las rocas, el venado colorado y otras especies propias de bosques montanos de neblina.

Si todo va según lo planeado, tras la etapa de prepublicación se abrirá un plazo para que diferentes ministerios presenten observaciones. Luego, el expediente será elevado al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva, lo que transformaría este ambicioso proyecto en realidad concreta.

Para la población de Jaén, la creación de esta ACR significaría no solo más protección ambiental, sino también un impulso al turismo local sostenible y un legado importante para las futuras generaciones.

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Alcalde de Huamanga y funcionarios municipales acuden a cena política de Perú Primero, pese a advertencia del JNE

La noche del sábado 15 de noviembre, el partido Perú Primero realizó una cena política en la ciudad de Ayacucho con la presencia de dirigentes, militantes y simpatizantes, además de los hermanos Martín y Mario Vizcarra, quienes encabezaron la actividad. Entre los asistentes destacó la presencia del alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Juan Carlos Arango Claudio, cuya participación reactivó las alertas sobre el incumplimiento de la neutralidad electoral en la región. A la cena también asistieron funcionarios activos de la Municipalidad Provincial de Huamanga, entre ellos Caté Giona De La Cruz Rojas, subgerente de Programas Alimentarios y Nutrición; Juan Venancio Escriba Palomino, subgerente de Juventud, Educación y Deporte; y Elver Henry Vicente Sánchez, gerente del Terrapuerto Municipal Libertadores de América y exgerente municipal. Aunque no se ha acreditado el uso de recursos municipales para asistir al evento, la sola presencia de autoridades y personal de confianza en actividades políticas alimenta el debate sobre los límites entre gestión pública y militancia partidaria

La participación del alcalde en este evento ocurre poco después de que el JNE confirmara, mediante la Resolución 0457-2025-JNE publicada el 5 de octubre, que Arango infringió el Reglamento de Propaganda Electoral al participar en un mitin realizado el 11 de junio en Coracora, donde también estuvo Martín Vizcarra. El JNE fue claro al señalar que Arango debía abstenerse de intervenir en actividades políticas. De reincidir, el Jurado Electoral Especial podría imponerle una sanción más severa, que incluiría una amonestación pública y una multa de hasta cien Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a unos S/535 mil. En ese contexto, su presencia en la cena del 15 de noviembre podría interpretarse como un nuevo incumplimiento, pues vuelve a participar en una actividad partidaria vinculada directamente a Perú Primero. La cena también se enmarca en el avance de la campaña regional de Perú Primero, que ya ha presentado a sus principales candidatos para Ayacucho de cara a las elecciones de 2026. Entre ellos destaca Carlos Johnny Barrientos Taco, quien encabeza la lista al Senado tras renunciar a la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Ayacucho. Barrientos registra investigaciones fiscales por presuntos delitos como malversación, colusión, peculado de uso y abuso de autoridad. También figuran Juana Pilar Anaya Bonilla, candidata al Senado con el número 2; Jhony Ángel Vargas Quispe, candidato a la Cámara de Diputados con el número 1 y coordinador nacional del partido en Ayacucho; Willy Vladímir Villa Navarro, candidato con el número 3; y Dajhanna Vásquez De La Torre, postulante con el número 4.

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Satipo: Comunidades de Pangoa se inundan mientras municipalidad tiene S/ 24 millones para desastres sin gastar

Las primeras lluvias de la temporada provocaron esta mañana, 18 de noviembre, la inundación de dos comunidades nativas en el distrito de Pangoa, en Satipo, tras el desborde del río Ene. El agua ingresó a tres instituciones educativas de los niveles inicial, primaria y secundaria, destruyendo libros, materiales didácticos y afectó mobiliarios.

Las comunidades nativas impactadas son Centro Tsomaveni y Boca Tincaveni, que soportaron una intensa y persistente lluvia que comenzó a las nueve de la noche del lunes hasta la mañana de este martes. 

En la comunidad Centro Tsomaveni, la institución educativa de inicial atiende a 35 niños. La escuela primaria, a 60 menores, y el colegio, a 65 adolescentes que cursan la secundaria, detalló el presidente de las comunidades asháninkas del río Ene, en Pangoa, Elí García Rivera

En la comunidad Boca Ticaneveni, la institución educativa de primaria atiende a 38 menores. Debido a la crecida del río, el balance de los daños aún está incompleto. 

Colegio construido con madera queda las aguas

Por su parte, el sub gerente de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Pangoa, Fernando Rojas, señaló que personal municipal se desplazó a la zona para recabar una información exacta de las familias afectadas. Rojas indicó que el acceso logístico dificulta la respuesta, ya que el personal debe desplazarse unas cinco horas para llegar al lugar y recopilar los datos.

El funcionario dijo que cuenta con la dotación de bienes de ayuda humanitaria en el almacén de Defensa Civil para hacer frente a la emergencia. Además, existe la posibilidad de trasladar los centros poblados a lugares más seguros, dado que recién es el inicio de la temporada de lluvias y la situación lo puede ameritar.

Sin embargo, el dirigente asháninka Elí García, denunció que en el caso de la comunidad Centro Tsomaveni, es la segunda vez que se inunda en este año. La primera emergencia ocurrió en abril, al inicio del año escolar. Entonces, las autoridades comunales solicitaron con urgencia una maquinaria pesada para la descolmatación de la quebrada, cuyo desborde afectó la infraestructura del colegio de los niveles inicial, primaria y secundaria, el puesto de salud y el local comunal.

Mobiliario escolar malogrado

Sin embargo, la municipalidad no atendió el pedido. La reciente inundación fue más fuerte, señala el dirigente indígena. 

En tanto, del presupuesto de S/ 24.2 millones que la Municipalidad de Pangoa dispone para la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, recién va en 5% de avance en su ejecución, a menos de poco de terminar el año. 

 

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Contraloría: medicamentos vencidos y equipos en desuso en almacenes del Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno

La Contraloría General realizó una visita de verificación al almacén central y al subalmacén de medicamentos del Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno, donde se identificaron situaciones que afectan la adecuada gestión de bienes y la seguridad en la atención a los pacientes.

Durante la supervisión al almacén central, se constató la existencia de equipos deteriorados y fuera de uso que no han sido dados de baja, pese a que, según los encargados de la entidad, el trámite se encuentra en proceso. Asimismo, se encontraron medicamentos vencidos —como yodo, antibióticos, antiinflamatorios, dispositivos para diálisis y catéteres—, algunos con fechas de caducidad que se remontan a 1997, los cuales no han sido destruidos ni retirados de los registros.

En el subalmacén de medicamentos, utilizado para abastecer a los servicios del hospital, se verificó que el equipo de cadena de frío presenta fallas, ya que no muestra la temperatura real de conservación, lo que impide garantizar las condiciones adecuadas para los medicamentos termosensibles. Además, se identificó otro conservador que se encuentra inoperativo desde hace dos años. También se hallaron medicamentos vencidos del 2024, los cuales no han sido destruidos ni dados de baja.

Asimismo, la Contraloría realizó una visita al Cuartel Manco Cápac – 4ta Brigada de Montaña, donde se verificaron las condiciones del racionamiento de alimentos, encontrándose en el almacén sacos de habas vencidas desde el 2016, hecho que evidencia deficiencias en la gestión de insumos para el personal militar.

Ante ello, se dispuso que el Órgano de Control Institucional de la entidad inicie un servicio de recopilación de información para evaluar la suscripción de contratos, adendas y la ejecución del servicio de suministro de víveres para la 4ta Brigada de Montaña del Ejército del Perú, correspondiente al periodo 2024 a la fecha, encargándose esta labor al equipo designado.

La Contraloría continuará desarrollando las acciones de control necesarias para alertar oportunamente situaciones adversas y promover el adecuado uso de los recursos públicos en beneficio de la población.

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Militantes de APU Puno rechazan alianza con Juntos por el Perú y exigen transparencia

El coordinador regional de Adelante Pueblo Unido (APU) en Puno, Iván Trujillo, encabezó un pronunciamiento unánime de las bases provinciales para distanciarse del partido Juntos por el Perú y de la secretaria nacional del partido político APU representada en Anahí Durán Guevara, exministra de la Mujer. La decisión surge tras acuerdos políticos opacos que, según los militantes, excluyeron a las bases y priorizaron intereses de Lima sobre las regiones.

El 16 de noviembre, las 13 provincias de Puno rechazaron la alianza unificada de izquierdas con Juntos por el Perú, y Adelante Pueblo Unido, Patria Roja y Unidad Popular. Denunciaron que Anahí Durán —quien representaba al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de APU— imponía candidaturas sin consulta, como la del doctor Aníbal Torres en el puesto 7 para senador, mientras ella ocuparía el 4°. «No admitimos que nuestro referente sea relegado, Aníbal Torres, es la viva expresión de nuestro partido», advirtieron.

Los militantes acusaron al CEN de APU de falta de transparencia y desconocer las demandas regionales. «Desde junio advertimos que este acuerdo dividía al partido», declaró Trujillo. Criticaron que Juntos por el Perú —aliado en la alianza— votó por la vacancia de Pedro Castillo y ahora modifica leyes electorales para perpetuar a sus candidatos. «¿Dónde quedó la izquierda?», cuestionaron.

El conflicto escaló cuando Durán expulsó de reuniones a coordinadores regionales por discrepar. «Ella actúa con prepotencia. Cortaba el micrófono si no compartías su postura», revelaron. Las bases exigen que APU rompa con Juntos por el Perú y priorice la organización popular antes que acuerdos cupulares. «No somos peones de nadie», enfatizaron.

El elemento histórico que respalda su postura es el asesinato de Edi Quilca en 2003, donde Javier Diez Canseco —figura de izquierda— apoyó a Puno, mientras hoy Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) «llega a cosechar votos sin haber hecho nada por la región». «¿Dónde estuvo cuando el pueblo lo necesitaba?», preguntaron.

La consecuencia inmediata es el rechazo a todos los candidatos vinculados a la alianza. «Si alguien postula por APU en esa lista, lo hará a título personal», advirtieron. Además, recordaron que el 95% de los nombres propuestos no tienen trayectoria en Puno. «¿Qué han hecho por nosotros?», cuestionaron.

El juicio al doctor Aníbal Torres —su referente— marca su agenda. «El 19 de noviembre es su alegato. No hay delito de rebelión», afirmaron. Mientras, en Puno, la lucha por una nueva Constitución y contra la corrupción sigue en las calles. «El pueblo no olvida ni perdona a quienes lo traicionan», concluyeron.

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Maranura: Ciudadanos denuncian falta de acciones preventivas ante el inicio de la temporada de lluvias

Los ciudadanos de diversos centros poblados en el distrito de Maranura manifestaron su intensa preocupación debido a la ausencia total de acciones preventivas para las lluvias en vísperas del inicio de la temporada de precipitaciones. La productora Luzmila Huamán, residente del sector Bersalles, advirtió sobre el considerable impacto negativo que cualquier desastre natural podría originar en los costos de todos los insumos agrícolas. Específicamente, ella señaló que la afectación principal recaería en el traslado de fertilizantes hacia su sector, porque cuando ocurren los desastres naturales los precios suelen elevarse. Asimismo, el ciudadano Moisés Franco, desde el sector Chinche, agregó otra seria inquietud directamente relacionada con la seguridad en las vías de comunicación, indicando que sufren constantemente problemas de accidentes y de derrumbes.

En este mismo distrito, los vecinos cuestionaron severamente la falta de intervención y medidas anticipadas ejecutadas por las autoridades locales responsables. El mismo residente de Chinche, Moisés Franco, expresó su gran malestar y denunció públicamente la evidente ausencia de cualquier intervención proveniente de la municipalidad. Además, él afirmó que las autoridades locales no han tenido la capacidad necesaria para implementar las acciones preventivas para las lluviasni para tomar las medidas requeridas en esta materia. Los habitantes de Maranura temen que los derrumbes y los desastres naturales puedan aumentar dramáticamente los precios de los productos esenciales.

La autoprotección sustituye a las acciones preventivas para las lluvias 

Consecuentemente, y ante esta situación de riesgo inminente, otros pobladores de la localidad señalaron que han decidido adoptar medidas de autoprotección para enfrentar las posibles emergencias por su cuenta. Wilfredo Ríos Cuyo, habitante del sector Beatriz Baja, explicó la importancia crítica de contar con una preparación efectiva a nivel de toda la comunidad. Él también indicó que los vecinos del sector saben cómo tomar las precauciones del caso y logran tener siempre una mochila bien equipada e implementada. De esta manera, los ciudadanos terminan sustituyendo las  acciones preventivas para las lluvias que la municipalidad debería estar promoviendo. De hecho, la falta de acciones preventivas adecuadas puede afectar el correcto traslado de bienes de primera necesidad.

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