lunes 22, diciembre 2025
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Loreto: Comunidad de Loboyacu forma comité de vigilancia para proteger su bosque ante crecientes amenazas

La comunidad de Loboyacu, en la cuenca del Pastaza, distrito de Andoas, Loreto, conformó su Comité de Vigilancia y Control Forestal Comunitario (CVCFC) con el acompañamiento de CORPI SL y la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP). Loboyacu arrastra impactos por actividad petrolera, tala ilegal y otros daños ambientales, mientras la mayoría de familias sigue sin acceso a electricidad. CORPI SL señala que el nuevo comité nace para reforzar la defensa comunitaria de sus bosques y fauna ante estas presiones.

Creación y estructura del comité

Durante una Asamblea General Extraordinaria, en la que participaron el Apu y comuneros de la zona, el equipo técnico de CORPI SL socializó los mecanismos de participación para la vigilancia de los recursos forestales y la fauna silvestre. En la reunión también se elaboró el reglamento interno del comité y se eligieron sus miembros y representante.

El comité está integrado por diez personas, incluyendo dos mujeres y ocho hombres, quienes asumirán la responsabilidad de supervisar el territorio y los recursos naturales de la comunidad.

Cada comité que se constituye representa un paso hacia la autodeterminación de los pueblos indígenas y la defensa de sus territorios. (Foto: CORPI-SL)

Contexto de riesgo ambiental

Loboyacu enfrenta múltiples problemas ambientales y sociales, incluyendo la presencia de actividades petroleras, tala ilegal y daños ambientales acumulados. Además, la mayoría de familias aún carece de acceso a energía eléctrica. Según CORPI SL, la creación del comité busca fortalecer la capacidad de la comunidad para proteger sus bosques y fauna frente a estas amenazas.

Acompañamiento institucional

CORPI SL informó que solicitará a la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto (GERFOR) el acompañamiento, la capacitación y la acreditación oficial de los miembros del comité, con el objetivo de garantizar un trabajo coordinado y formalmente reconocido.

Cada comité que se constituye representa un paso hacia la autodeterminación de los pueblos indígenas y la defensa de sus territorios. En palabras de CORPI SL, “desde CORPI SL reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo capacidades, construyendo vigilancia comunitaria y caminando junto a nuestras federaciones para proteger la vida y los bosques del Datem del Marañón y Alto Amazonas”.

La otra cifra que preocupa: 16% de jóvenes de Ica que ni estudian ni trabajan

En Ica, cada vez preocupa más lo que está pasando con nuestros jóvenes. Según los últimos datos del INEI, el porcentaje de chicos y chicas de 15 a 29 años que no estudian ni trabajan (NINIs) llegó al 16,1% en 2024. 

Para entender mejor este panorama, vale recordar lo que ocurrió en 2020. Ese año, Ica registró un 26,9% de jóvenes sin estudiar ni trabajar, el nivel más alto desde 2015. Ese pico coincidió con el periodo de pandemia, una etapa en la que muchos aspectos de la vida diaria cambiaron de forma abrupta en todo el país. La cifra deja en evidencia el fuerte impacto que ese momento tuvo sobre la trayectoria educativa y laboral de miles de jóvenes iqueños.

Cuando miramos el mapa nacional, vemos que este es un desafío compartido. En 2024, el porcentaje de jóvenes NINIs en el Perú fue de 17,3%. Las regiones muestran realidades distintas dentro de este mismo reto: algunas, como Tumbes, Loreto y Tacna, superan el 23%; mientras que en otras, como Huancavelica, Junín o San Martín, las tasas son más bajas, pero el problema sigue siendo evidente. 

La otra cifra que preocupa: 16% de jóvenes iqueños que ni estudian ni trabajan. Fuente: REDES.

En ese contexto, Ica se ubica en la parte media del rango nacional, reflejando que la ausencia de oportunidades educativas y laborales afecta a jóvenes de todas las regiones por igual.

¿Y por qué debería importarnos este número? Porque detrás de cada porcentaje hay historias reales: jóvenes que no pueden costear estudios, que no encuentran empleo formal o que dejan de capacitarse porque no existen suficientes opciones accesibles en la región.

Cuando esto ocurre, Ica también se ve afectada: se reduce la base de talento disponible, se vuelve más difícil para los negocios encontrar personal preparado y se limita el impulso necesario para sostener la productividad regional.

“Reducir la proporción de jóvenes NINIs no es solo una tarea social, sino también económica. Una región con más jóvenes estudiando, capacitándose o insertándose en trabajos de calidad es una región con mayor productividad, más innovación y mejores condiciones para que las empresas crezcan. Invertir en becas, formación técnica, acompañamiento para la inserción laboral y programas que desarrollen habilidades demandadas en Ica es, en el fondo, invertir en el futuro económico de la región”, comentó Patricio Lewis, investigador de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

En síntesis, los números muestran que Ica ha avanzado respecto a los años más complejos, pero aún tiene un desafío importante por delante. Y es un desafío que importa, porque cuando los jóvenes tienen oportunidades, toda la región se mueve hacia adelante.

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Ayacucho supera las 15 mil atenciones por diabetes y Diresa alerta tendencia creciente en la región

La Dirección Regional de Salud (Diresa) informó que en lo que va del año se han brindado más de 15 000 atenciones por diabetes en la región, una cifra que confirma el avance constante de esta enfermedad en la población ayacuchana. El médico ocupacional Brayan Huaya Alarcón explicó que los registros locales mantienen una tendencia similar a la observada a nivel nacional, donde la diabetes afecta cada vez a más adultos y es considerada una de las enfermedades crónicas de mayor impacto en la salud pública.

Huaya Alarcón precisó que la diabetes se desarrolla cuando la insulina —hormona encargada de regular el azúcar en sangre— no actúa de manera adecuada, lo que provoca que la glucosa se mantenga elevada y termine dañando vasos sanguíneos pequeños, afectando órganos como los ojos, los riñones y otros tejidos. En paralelo, la Diresa también reporta 33 000 atenciones por hipertensión arterial, otra condición que suele acompañar a la diabetes y que incrementa el riesgo de complicaciones cardiovasculares.

El especialista recordó que los síntomas más frecuentes son la sed excesiva, el aumento del hambre, la necesidad frecuente de orinar y la pérdida de peso sin explicación. Estos signos —conocidos como las “tres P”— son claves para acudir oportunamente a un establecimiento de salud y descartar la enfermedad. Según Huaya, en Ayacucho predominan los casos de diabetes tipo 2, estrechamente vinculados a estilos de vida poco saludables como dietas ricas en productos procesados, sedentarismo y sobrepeso. La diabetes tipo 1, de origen genético, es menos común y suele detectarse en edades más tempranas.

A nivel nacional, este panorama también preocupa. Instituciones de salud estiman que más de dos millones y medio de peruanos viven con diabetes y que la mayoría de casos corresponde a la diabetes tipo 2, asociada a los hábitos de vida.

Desde la pandemia, los servicios de salud han registrado miles de nuevos diagnósticos, lo que evidencia una tendencia que no se ha detenido en los últimos años. Además, estudios oficiales muestran que la prevalencia varía según la zona geográfica del país, siendo más alta en las regiones costeras, lo que coincide con cambios en patrones alimentarios y factores de riesgo que se replican en distintas ciudades.

Frente a este escenario, la Diresa recomienda reforzar prácticas preventivas como reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, priorizar productos frescos y vegetales, hidratarse adecuadamente con hasta ocho vasos de agua al día e incorporar caminatas o actividades físicas ligeras en la rutina diaria.

Aunque las atenciones por diabetes representan alrededor del 2 % de todas las consultas en la región, el médico advierte que se trata de una cifra relevante para la salud pública debido a las complicaciones que pueden derivarse cuando no existe un tratamiento oportuno.

Por último, la institución resalta que el reto continúa en la detección temprana, el cambio de hábitos y la vigilancia permanente de una enfermedad que avanza silenciosamente y que, según los especialistas, seguirá aumentando en los próximos años si no se refuerzan las medidas preventivas en toda la población.

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Concepción: Regidores denuncian venta de entradas sin control financiero para visitar la virgen más grande del Valle del Mantaro

Tres regidores de la Municipalidad Provincial de Concepción (MPC), en la región Junín, denunciaron ante la Contraloría General de la República la existencia de presuntos indicios de fraude, peculado y corrupción en la administración del complejo turístico Piedra Parada, donde se erige la estatua de la Virgen de la Inmaculada Concepción, la más grande del valle del Mantaro.

La denuncia, presentada a través de una carta, señala que la Municipalidad de Concepción utiliza tickets sin numeración para el cobro del ingreso a este atractivo, lo que impide verificar la correcta rendición del dinero. Esta práctica, afirman los regidores, crea una caja negra que facilita la presunta apropiación o utilización indebida de los fondos, lo que configura un “serio indicio del delito de Peculado”.

La entrada a este complejo turístico cuesta entre S/5.00 si se accede a la Pasarela de Vidrio o a la corona de la Virgen, y S/10.00, para ambos. Los tickets sin numeración que se adjuntaron a la denuncia llevan el nombre “La Inmaculada Concepción”.

Los regidores que interpusieron la acción son Anthonella Sylanova Rubina Arzapalo, Dervy Paolo Buendía Yarasca y Karen Susan Vásquez Aquino.

Vásquez Aquino contó a este medio que cuando ella y su familia acudieron a visitar Piedra Parada, los encargados le entregaron cuatro tickets sin numeración, situación que la llevó a pedir información a la responsable del área de Turismo de la Municipalidad, Karen Oré, pero no se lo entregó. Ya en el Consejo Municipal, la funcionaria dijo que podría tratarse de un error de la imprenta.

La regidora añadió, además, que los administradores del atractivo turístico permiten el ingreso de visitantes fuera del horario de atención establecido.

Fallas en seguridad

La denuncia también señala presuntas fallas críticas en la pasarela de vidrio, recientemente inaugurada, que a juicio de los ediles, presenta un riesgo de colapso. Asimismo, la evacuación de emergencia tendría problemas: la única posible salida natural se encuentra bloqueada por un muro, lo que obliga a los visitantes a retornar por la ruta de ingreso. Esto podría convertirse en una “trampa mortal” ante un sismo o emergencia.

El Mirador de la Virgen de la Inmaculada Concepción, el punto central del complejo, es reconocido como una de las maravillas turísticas de la región Junín y una de las estatuas más grandes del Perú. La estatua tiene una altura total de 29.90 m y permite a los visitantes subir por una escalera de caracol hasta la corona, que funciona como mirador.

En 2023, la Dirección Regional de Turismo, basadas en el “control de entradas”, determinó que este complejo turístico recibe 7,740 turistas nacionales y 5,940 visitantes locales, solo en ese año.

Los regidores solicitaron formalmente que la Contraloría disponga una auditoría y una acción de control específica para investigar la administración de los ingresos públicos (tickets sin numeración) y que se determinen las responsabilidades administrativas, civiles y penales.

Aquí la denuncia de los regidores

 

Regidores piden fiscalización de la Contraloría a la administración del complejo Piedra parada by Huanca York Times

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Comerciantes anuncian justicia a mano propia ante creciente inseguridad en Puno

El exdirectivo del Mercado San Francisco, Andrés Apaza Huisa, reveló la radical decisión de sus compañeros comerciantes ante la delincuencia. Los afectados advierten que aplicarán justicia a mano propia contra cualquier delincuente que encuentren en la zona comercial, una medida que surge por la grave inseguridad y la inacción de la Municipalidad Provincial de Puno.

Apaza Huisa sostiene que la autoridad edil debe demostrar más firmeza y carácter ante el crimen organizado lamentando que la Municipalidad Provincial de Puno entregue autorizaciones a los centros nocturnos sin control, locales que generan un ambiente propicio para la actividad delictiva en las inmediaciones del mercado.

Discotecas foco de delincuencia

El exdirectivo solicita insistentemente a la municipalidad no expedir licencias a ninguna discoteca en la zona céntrica ya que estos establecimientos son focos de gran perdición social para los jóvenes asistentes que frecuentan estos lugares donde los asaltantes esperan afuera para atacar y robarles sus pertenencias.

Apaza Huisa también menciona la existencia de centros nocturnos clandestinos que nadie clausura de manera definitiva afirmando que las autoridades simulan cierres por treinta días, pero ellos reabren sus puertas antes de la quincena cumplida. Esta falta de control evidencia la debilidad institucional y complicidad de funcionarios municipales.

Los delincuentes observan a los comerciantes como si fuesen zorros cerca del Mercado San Francisco en el centro. Los criminales revisan los puestos para determinar si tienen mercancía de valor fácil de robar. Esto aumenta la tensión entre los dueños de los negocios que trabajan diariamente en el área.

Comerciantes se organizan sin autoridades

Los vendedores del mercado se han organizado de manera autónoma para defenderse del crimen que azota la zona indicando que intervendrán sin esperar la presencia o el permiso de ninguna autoridad policial o municipal. El maleante capturado recibirá un castigo inmediato y drástico, según advierten los comerciantes organizados.

El problema de seguridad es tristemente constante, según las palabras del exdirectivo quien afirma que en la situación actual. Los miembros del serenazgo de la ciudad recogen muchas personas en completo estado de ebriedad en las madrugadas lo cual provoca un ambiente de zozobra e inseguridad en las calles del centro de Puno.

La gente que desea trabajar debe optar por otras modalidades de negocios honestos y productivos para la ciudad. La municipalidad debe exigir cambiar el rubro de los establecimientos nocturnos por actividades más seguras ya que los bares y discotecas son peligrosos focos de criminalidad en la percepción de los comerciantes.

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Golpe a APP en Trujillo: hermano de César Acuña prófugo, exgerente detenido y local allanado

La Policía y la Fiscalía Anticorrupción desplegaron este miércoles un operativo de gran escala para detener a presuntos implicados en redes de corrupción vinculadas a Alianza para el Progreso en Trujillo y al escandaloso caso Frigoinca. La acción fiscal terminó con la detención de uno de los exfuncionarios de confianza de César Acuña en el GORE La Libertad y con la búsqueda de Óscar Acuña, hermano del líder de APP.

¿Dónde está Óscar?

El principal personaje bajo lupa en esta investigación fiscal es Óscar Acuña Peralta, exresponsable político del partido en La Libertad y hermano del candidato presidencial César Acuña, quien hoy permanece no habido tras emitirse en su contra una orden de detención preliminar por diez días en el marco del caso Qali Warma —actual Wasi Mikuna—, en el que se investiga el pago de sobornos para favorecer a empresas proveedoras de alimentos escolares.

Antes de que estalle el escándalo, Oscar Acuña quería postular a diputado en las próximas elecciones del 2026. Hoy, su paradero es desconocido. Tiene una orden de detención judicial.
Antes de que estalle el escándalo, Oscar Acuña quería postular a diputado en las próximas elecciones del 2026. Hoy, su paradero es desconocido. Tiene una orden de detención judicial.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción se activó luego del reportaje de Punto Final, a fines de octubre pasado, que expuso un esquema de pagos ilícitos presuntamente realizados por Frigoinca, empresa con planta en la provincia de Chepén, para asegurar contratos y evitar sanciones pese a graves observaciones sanitarias. Según el informe, el empresario Nilo Burga transfirió a Óscar Acuña un total de 77 mil soles, distribuidos en montos de 5 mil, 7 mil, 30 mil, 20 mil y 15 mil soles entre septiembre y diciembre de 2023. Aunque Acuña reconoció haber recibido dinero, asegura que solo fueron entre 10 mil y 15 mil soles por un préstamo que —según afirma— ya devolvió.

Allanaron local principal de Alianza para el Progreso

La Fiscalía sostiene que estos pagos buscaban facilitar contactos y gestiones que permitieran a Frigoinca mantener operaciones sin inspecciones rigurosas, e incluso después de informes adversos del Ministerio de Salud. Ante su inubicabilidad en el inmueble allanado, agentes fiscales y policiales se trasladaron también al local partidario de APP en la urbanización San Andrés, en Trujillo, donde se desarrollaron diligencias en busca de información vinculada a la organización de esta presunta red criminal.

El local principal de Alianza para el Progreso ubicada en la Urb. San Andrés de Trujillo fue intervenida por la Fiscalía y la Policía Anticorrupción. Se allanaron las oficinas.
El local principal de Alianza para el Progreso ubicada en la Urb. San Andrés de Trujillo fue intervenida por la Fiscalía y la Policía Anticorrupción. Se allanaron las oficinas.

Exgerente regional de Salud fue detenido en pijama

El caso también alcanza a Aníbal Morillo Arqueros, exgerente regional de Salud de La Libertad y funcionario de confianza de la gestión de César Acuña en el Gobierno Regional. Morillo renunció un día después de emitirse el reportaje y hoy se encuentra detenido preliminarmente. Testimonios y documentos recopilados por el programa Punto Final y por el Ministerio Público indican que habría recibido sobornos superiores a 60 mil soles para emitir informes sanitarios favorables que permitieran a Frigoinca continuar produciendo y distribuyendo conservas pese a denuncias por contaminación y fallas sanitarias.

El doctor Aníbal Morillo Arqueros fue uno de los funcionarios de confianza de César Acuña durante su gestión como gobernador regional de La Libertad. Ocupó el cargo de gerente regional de Salud desde que el líder de APP inició su gestión. Renunció un día después de emitirse el reportaje que lo señalaba.
El doctor Aníbal Morillo Arqueros fue uno de los funcionarios de confianza de César Acuña durante su gestión como gobernador regional de La Libertad. Ocupó el cargo de gerente regional de Salud desde que el líder de APP inició su gestión. Renunció un día después de emitirse el reportaje que lo señalaba.

Sospechosa coincidencia…

El colaborador eficaz sostiene que, mediante coordinaciones realizadas incluso en oficinas de APP en Trujillo, se articuló una cadena de contactos que involucraba a Óscar Acuña, Morillo y otros funcionarios, con el fin de asegurar protección política y administrativa para la empresa. Un dato clave en la investigación es que un día después del presunto primer pago atribuido a Morillo, la Gerencia Regional de Salud emitió un informe favorable que permitió a Frigoinca continuar operando, pese a observaciones previas que debieron derivar en sanciones o cierre temporal.

En total, el megaoperativo anticorrupción comprendió allanamientos en 13 inmuebles ubicados en La Libertad, Áncash y Lima, y culminó con la detención de tres investigados, mientras Óscar Acuña continúa sin ser ubicado. 

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Comisión del Congreso aprueba extender el REINFO hasta 2027 en medio de críticas

La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó este miércoles 18 de noviembre extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2027. La medida obtuvo 17 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, en medio de cuestionamientos de especialistas y gremios empresariales que advierten que el esquema, al prolongarse, afianza la informalidad y crea condiciones que pueden favorecer operaciones ilegales, además de profundizar los daños ambientales y sociales vinculados a estas actividades.

Un padrón ampliado y el retorno de excluidos

La decisión incluye la posibilidad de que operadores previamente retirados puedan reingresar al proceso de formalización. De acuerdo con reportes del Ministerio de Energía y Minas, cerca de 50 mil mineros fueron excluidos en los últimos años, y su eventual reincorporación ha sido uno de los puntos que genera mayor resistencia entre especialistas y organizaciones opositoras.

Asimismo, la comisión aprobó un texto “con cargo a redacción”, lo que implica que el dictamen aún será modificado. Ese documento integrará los aportes de la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular), quien ha propuesto introducir restricciones para los mineros con sentencias condenatorias firmes por delitos como minería ilegal, trata de personas o actividades en zonas prohibidas.

Protestas fuera del Congreso

Mientras la comisión sesionaba, grupos de mineros informales bloquearon la avenida Abancay como medida de presión para que sus demandas sean atendidas. La manifestación añadió tensión a un debate que ya polariza a autoridades, gremios y especialistas.

Los votos a favor provinieron de las bancadas de Somos Perú, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Juntos por el Perú, Partido Socialista, Honor y Democracia y Renovación Popular. La ampliación del Reinfo todavía debe discutirse y aprobarse en el Pleno del Congreso.

Según reportes previos del Ministerio de Energía y Minas, alrededor de 50 mil mineros habían sido excluidos del Reinfo. (Foto: Andina)

Reacciones del sector empresarial

Antes de la votación, gremios empresariales como Adex, Confiep, Comex y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía expresaron su rechazo. Alertaron que un régimen transitorio sin control “fomenta la ilegalidad y pone en riesgo la industria y las exportaciones peruanas”. Señalan que la Comunidad Andina podría imponer restricciones comerciales a productos nacionales si el país incumple sus compromisos en la lucha contra la minería ilegal.

El Tribunal Constitucional también advirtió en abril que extender regímenes que permiten operar sin fiscalización profundiza los impactos en poblaciones vulnerables, reduce ingresos fiscales y agrava el deterioro ambiental.

Observatorio de Minería Ilegal advierte riesgos

El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) también publicó un pronunciamiento suscrito por organizaciones ambientales, líderes indígenas y especialistas en derecho ambiental. El texto es enfático: “Una ampliación más del Reinfo desnaturaliza su finalidad transitoria, fomentando una minería desordenada, que opera sin cumplir normas ambientales y laborales”.

El OMI sostiene que el Congreso está a punto de consolidar un sistema que, por más de dos décadas, no ha logrado controlar la minería ilegal: “Resulta preocupante que una institución democrática como el Congreso considere extender un sistema que (…) solo perpetúa estos problemas sin ofrecer soluciones de fondo”, señala el documento.

El pronunciamiento también exige que el Estado avance hacia una ley integral para la MAPE, con criterios técnicos y ambientales sólidos, y que se priorice la depuración del padrón para identificar a quienes realmente buscan formalizarse.

Arequipa: encuesta anónima buscará conocer el número real de extorsionados

El Gobierno Regional de Arequipa inició una jornada de encuestas anónimas para conocer la magnitud real de víctimas de extorsión y sicariato en la ciudad. Según el representante regional, 84 voluntarios de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) recorrerán 15 distritos considerados de mayor incidencia delictiva, como Bustamante y Rivero, Cerro Colorado y Paucarpata, con el fin de obtener información directa sobre hechos que muchas personas no denuncian.

La autoridad explicó que el objetivo principal es levantar datos primarios que permitan identificar las llamadas “cifras negras”, es decir, los casos que no llegan a conocimiento de la Policía ni del sistema de justicia. La encuesta incluye 20 preguntas. Entre ellas, si la persona se registra como víctima de robo, extorsión o estafa, así como el tipo de amenaza recibida y el nivel de satisfacción con la atención policial. La meta estadística es alcanzar un aproximado de mil encuestas para generar un diagnóstico representativo. Este levantamiento de información se desarrollará durante estos días.

Los resultados serán presentados en la próxima sesión del Coresec para definir acciones vinculadas a la política regional de seguridad pública para 2026. Las autoridades señalaron que estos datos servirán para planificar nuevas estrategias de prevención, identificar zonas críticas y orientar inversiones destinadas a enfrentar el crimen organizado en Arequipa.

Implicancias operativas y medidas de seguridad en Arequipa

El Gobierno Regional informó que los encuestadores estarán plenamente identificados y contarán con apoyo de todas las comisarías, tras la coordinación realizada con la Policía Nacional. La autoridad destacó que el levantamiento permitirá detectar “zonas rojas” vinculadas a extorsión y sicariato, así como orientar técnicas de investigación policial en coordinación con la División de Investigación Criminal. El proceso se dirige exclusivamente a mayores de 18 años y se enfatizó que la participación será totalmente anónima, con el fin de obtener datos reales sobre el crecimiento de estos delitos.

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Restos arqueológicos en Ayapiteg frenan el avance del tramo 2 de la carretera Huánuco–La Unión

El tramo 2 de la carretera Huánuco–La Unión registra demoras en la zona de Ayapiteg debido a la presencia de restos arqueológicos, informó Agustín Ayra Caqui, especialista en liberación de predios. Provías Nacional evalúa distintas alternativas para continuar la obra.

“Se proyecta que el 25 de este mes se realice una reunión oficial entre Provías Nacional y las autoridades locales para definir la alternativa definitiva de la variante de Ayapiteg”, indicó Ayra. Se analizan dos opciones: una por la parte baja, al pie del estadio, y otra por la parte alta. La alternativa de la parte alta presenta problemas arqueológicos y de drenaje, mientras que la opción por la parte baja permitiría realizar rescates arqueológicos, aunque requiere trámites extensos.

Variante pendiente en Chavinillo

En el distrito de Chavinillo, la obra no avanza sobre el trazo original porque más de 157 viviendas se verían afectadas y aún no se ha resuelto la reubicación. La vía principal concentra la actividad comercial de la zona y los residentes no aceptan trasladarse. Por ello, se analiza ejecutar una variante de aproximadamente 2 km como proyecto paralelo. La decisión final se espera en la reunión del 25 de este mes.

Las condiciones climáticas, principalmente la temporada de lluvias de diciembre a abril, también pueden afectar la ejecución de los trabajos. (Foto: Inforegión)

Otros sectores y avances generales

En otras áreas del tramo 2 no se han registrado problemas significativos. En zonas urbanas, se trabaja en la reubicación de interferencias de agua y desagüe antes de intervenir la vía. De las 12 comunidades involucradas en el proyecto, 11 ya han recibido compensaciones; solo queda pendiente Chavinillo por asuntos internos de las autoridades locales.

En materia de saneamiento, se realizan obras en todas las zonas urbanas del tramo, como en Acobamba, según la municipalidad de Aparicio Pomares. Las condiciones climáticas, principalmente la temporada de lluvias de diciembre a abril, también pueden afectar la ejecución de los trabajos.

Pese a los retrasos, Ayra señaló que “el avance general del tramo 2 está dentro de lo programado según los especialistas en supervisión y costos”. Sin embargo, advirtió que cualquier ajuste o paralización adicional dependerá de decisiones oficiales pendientes.

El desarrollo de esta carretera es clave para mejorar la conectividad entre Huánuco y La Unión, y la definición de las alternativas en Ayapiteg y Chavinillo será determinante para la continuidad del proyecto.

Perú expondrá ante la CIDH cómo la criminalidad afecta a transportistas, comerciantes e indígenas

Este jueves 20 de noviembre, representantes de la sociedad civil peruana participarán en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar el impacto del crimen organizado y la inseguridad ciudadana en los derechos humanos. La sesión comenzará a las 9:00 a. m. y se realizará desde la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en Lima, con conexión directa con la CIDH.

Entre los participantes se encuentran Julio Campos, representante del sector transportista; Judith Panca, empresaria de Gamarra; el apu Julio Cusurichi, representante de pueblos indígenas; y María Ysabel Cedano, de organizaciones feministas. Por la CNDDHH intervendrán Ricardo Soberón, especialista en seguridad ciudadana, y Tania Pariona, secretaria ejecutiva.

Sectores afectados por la criminalidad

Los oradores expondrán cómo la criminalidad afecta a distintos sectores. Campos abordará el impacto del sicariato y la extorsión en los transportistas, mientras que Panca se referirá a los cobros de cupos que enfrentan los comerciantes. Cusurichi destacará los asesinatos y amenazas a comunidades indígenas vinculadas a mafias de economías ilegales, y Cedano explicará cómo la violencia afecta de manera diferenciada a las mujeres.

La CNDDHH y otras organizaciones enfatizan que la inseguridad ciudadana debe considerarse un asunto de derechos humanos, no solo un problema de justicia penal o policial. (Foto: CIDH)

Seguridad ciudadana como cuestión de derechos humanos

La CNDDHH y otras organizaciones enfatizan que la inseguridad ciudadana debe considerarse un asunto de derechos humanos, no solo un problema de justicia penal o policial. Los representantes también alertarán sobre leyes que, según ellos, favorecen la impunidad y fortalecen al crimen organizado, pese a los pedidos ciudadanos de derogarlas.

“Hoy llegamos ante la CIDH para demostrar que la seguridad ciudadana no puede entenderse solo como represión o control, sino como el derecho de todas y todos a vivir sin miedo”, señaló Tania Pariona.

Alcance y compromiso de la sociedad civil

La participación en esta audiencia refleja la preocupación internacional sobre el avance del crimen organizado en el Perú y reconoce el esfuerzo de la sociedad civil por visibilizar la crisis desde un enfoque de derechos humanos. La CNDDHH reafirmó su compromiso con una seguridad ciudadana democrática y con enfoque de derechos humanos, destacando la necesidad de soluciones estructurales frente a amenazas que afectan a toda la sociedad.

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