Un reciente informe de la Contraloría General reveló fallas en el manejo de los alimentos del programa Wasi Mikuna en instituciones educativas de Arequipa. La supervisión, realizada a finales de octubre de 2025, evidenció irregularidades que comprometen la seguridad de los productos destinados a los estudiantes.
El órgano de control identificó que dos colegios, la I.E. N° 40211 Héroes del Pacífico y la I.E. N° 40134 Mandil Azul, no registran diariamente el ingreso y salida de productos en sus kardex. Esta omisión impide un control adecuado del stock y la trazabilidad de los alimentos. Esto genera riesgos de desabastecimiento y deterioro de productos ante la imposibilidad de verificar su existencia de manera periódica.
La situación es particularmente preocupante en la I.E. Héroes del Pacífico, donde se detectó la falta de fumigación del ambiente de almacén. Además, la institución incumplió las indicaciones de limpieza y desinfección del área de recepción de alimentos consignadas en los anexos de la Norma Técnica del programa.
Estas negligencias podrían generar contaminación cruzada en los alimentos, con la consecuente afectación a la salud de la población estudiantil. El informe advierte que no se están previniendo adecuadamente los riesgos de contaminación en el ambiente de almacenamiento.
Colegios supervisados en Arequipa
La supervisión se enfocó en el cuarto hito de control del proceso de recepción, almacenamiento y distribución de alimentos de la sexta entrega del año 2025. El examen abarcó una muestra aleatoria de cuatro instituciones educativas del ámbito de la UGEL Suren los distritos de José Luis Bustamante y Rivero, Paucarpata y Mariano Melgar.
La Contraloría instó al titular de la entidad a adoptar acciones preventivas y correctivas inmediatas. Se recomendó implementar medidas que aseguren la continuidad del proceso y garanticen el logro de los objetivos del programa de alimentación escolar.
Las autoridades disponen de un plazo de cinco días hábiles para comunicar las acciones adoptadas ante estas situaciones adversas.
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La resiliencia macroeconómica que caracterizó al Perú durante las últimas tres décadas podría tener fecha de caducidad si no se toman medidas correctivas inmediatas. Según una reciente alerta emitida por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), la estabilidad económica del país podría verse seriamente comprometida hacia el 2031.
El estudio, titulado «Un rompecabezas elusivo: La reconstrucción del espacio fiscal en el periodo 2026-2031», elaborado por el investigador Carlos Casas Tragodara, señala que el país enfrenta un escenario de alta fragilidad. La razón principal es la drástica reducción del «espacio fiscal», es decir, la capacidad del Estado para reaccionar ante crisis sin endeudarse peligrosamente.
El costo de la pandemia y el desorden actual
El informe detalla cómo el esfuerzo financiero para combatir la COVID-19 dejó las arcas del Estado en una posición precaria. Las cifras son contundentes: el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), que en 2014 superaba los 9000 millones de dólares, se redujo a apenas 1 millón de dólares en 2020. Paralelamente, la deuda pública saltó del 26% del PBI en 2019 al 34% en un solo año.
Sin embargo, el problema no es solo herencia de la pandemia. Casas advierte sobre factores actuales que agravan la situación: un incremento desmedido del gasto corriente, el descontrol en empresas estatales deficitarias y, sobre todo, la aprobación de leyes desde el Congreso con impacto tributario negativo.
La razón principal es la drástica reducción del «espacio fiscal», es decir, la capacidad del Estado para reaccionar ante crisis sin endeudarse peligrosamente. (Foto: Difusión)
“Si la tendencia actual de gasto no se controla, podemos terminar en una situación cercana a la insolvencia y en donde los mercados nos perciban como un país riesgoso”, explica Casas. El economista subraya que el Perú tiene reglas fiscales claras, límite de déficit al 1% del PBI y deuda pública al 30%, que hoy están bajo presión.
Cuatro pilares para evitar el colapso
Para el periodo 2026-2031, el CIUP propone una hoja de ruta basada en cuatro ejes fundamentales para recuperar la salud financiera sin frenar el crecimiento:
Reforma Tributaria Urgente: La presión tributaria del Perú es del 15%, muy por debajo del promedio latinoamericano (17.8%) y de la OCDE (24.6%). El estudio sugiere combatir la evasión y la informalidad mediante tecnología, en lugar de solo crear nuevos impuestos.
Eficiencia en el Gasto: Se estima que la corrupción y la ineficiencia cuestan al Estado más del 1% del PBI anual. La propuesta apunta a mejorar la transparencia en las contrataciones y reasignar recursos a programas con retorno social comprobado.
Ordenamiento Subnacional: Normas recientes, como el aumento del FONCOMUN, han creado desequilibrios. Se propone que los gobiernos regionales y locales generen sus propias bases tributarias para no depender exclusivamente de transferencias centrales.
Pacto Político: Quizás el punto más crítico. Casas sostiene que la sostenibilidad no depende solo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “El consenso político en torno a la prudencia fiscal es tan importante como la política misma; sin él, ninguna regla se cumple”, sentencia.
Una advertencia final
El informe concluye con un mensaje claro para el próximo gobierno: la disciplina fiscal no es opcional. El costo de no actuar recaerá directamente sobre la ciudadanía a través de un menor crecimiento y mayor costo de vida.“La reducción del déficit y de la deuda deben ser prioridad, porque el costo de la indisciplina puede destruir todo lo que se ha conseguido en los últimos 30 años”, finaliza el investigador.
Organizaciones indígenas de distintas regiones expresaron su preocupación por las condiciones en que se ejecutaron los Censos 2025, adelantados dos años respecto al cronograma inicial. Reportaron una escasa participación en la formulación de la pregunta sobre autoidentificación étnica, así como una limitada campaña de información que no consideró lenguas originarias.
Durante el operativo, líderes comunitarios indicaron que numerosos censistas no hablaban los idiomas locales, no residían en la zona o incluso omitían preguntas clave. También se registraron denuncias de hogares que no fueron visitados. Para las organizaciones, estas irregularidades podrían afectar la precisión de los resultados y dejar fuera a parte de la población indígena.
Reclamos por falta de pertinencia cultural
Rosalía Clemente Tacza, presidenta de la Confederación Nacional Agraria (CNA), cuestionó la preparación del personal de campo. “Los censistas no han estado a la altura de su responsabilidad, realizando conteos por teléfono en lugar de hacer una visita domiciliaria. A esto se suma la intromisión política de algunos congresistas y grupos empresariales interesados en invisibilizar nuestros pueblos”, señaló durante una conferencia.
Desde AIDESEP, Teresita Antazú informó que en diversas comunidades amazónicas la pregunta sobre autoidentificación no fue aplicada o se ejercieron presiones para modificar las respuestas. Denunció además casos en los que “les dijeron que no podían ser indígenas porque usaban equipos tipo smartphone”.
Para las organizaciones, estas irregularidades podrían afectar la precisión de los resultados y dejar fuera a parte de la población indígena. (Foto: DIfusión)
Críticas a la estrategia institucional
Wilder Sánchez Chávez, presidente de la Confederación Campesina del Perú (CCP), enfatizó que la difusión oficial no incluyó idiomas originarios ni tiempos adecuados para un proceso de esta magnitud. “Censar no es solo contar cuántos somos, sino el ser reconocidos, ello no permite exigir ciudadanía y derechos”, sostuvo.
Aurora Coronado, de Fenmucarinap, agregó que el adelanto del censo afectó la etapa preparatoria y que en varios hogares no se formuló la pregunta 10 sobre autoidentificación. Por su parte, Danitza Quispe, de ONAMIAP, afirmó: “Se realizó de una forma desinformada y tomamos conocimiento de las reuniones de preparación por terceros”. También cuestionó que “en las opciones de respuesta de la pregunta 10 sobre auto-identificación se consideraron categorías racistas, como blanco y mestizo, dejando de lado las recomendaciones de la CEPAL”, y advirtió que “el contexto político de recorte de derechos también genera desconfianza en nuestros hermanos”.
Exigen transparencia y mecanismos de contraste
Las organizaciones CNA, CCP, AIDESEP, Fenmucarinap, ONAMIAP y el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas solicitaron que los resultados del censo incluyan el padrón aplicado en zonas rurales y la programación por área, con el fin de verificar la cobertura real. Asimismo, propusieron que el Estado financie autocensos indígenas, siguiendo experiencias como la del pueblo Harakbut.
Recordaron que la falta de visibilidad estadística repercute en la asignación de presupuesto, la infraestructura pública y el reconocimiento de territorios ancestrales, afectando el acceso a derechos básicos.
Luis Hallazi destacó que, pese al valor cultural, histórico y ambiental de los pueblos indígenas, que poseen el 33.7% del territorio nacional y el 47% de los bosques amazónicos, persisten experiencias de racismo y exclusión. (Foto: Difusión)
Encuesta muestra alta autoidentificación indígena
César Flores, representante del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH, presentó resultados de una encuesta del IEP según la cual el 50% de la población peruana se identifica como indígena o descendiente de un pueblo indígena. En el sur del país la cifra alcanza el 59%, mientras que en Lima Metropolitana llega al 45%. El estudio también señala que el 43% de los encuestados ha visto con frecuencia contenidos mediáticos con burlas hacia personas indígenas o afroperuanas, y que un 35% ha presenciado o vivido episodios reiterados de discriminación.
Luis Hallazi destacó que, pese al valor cultural, histórico y ambiental de los pueblos indígenas, que poseen el 33.7% del territorio nacional y el 47% de los bosques amazónicos, persisten experiencias de racismo y exclusión.
Persistencia de estereotipos y riesgos territoriales
Javier Jancke, de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), advirtió que la invisibilización censal dificulta la protección frente a economías ilegales que operan en territorios indígenas. Finalmente, la estudiante de Antropología Sofía Luna indicó que en espacios universitarios aún existen estereotipos sobre la identidad indígena y que muchos jóvenes recién comienzan a reconocer sus propios orígenes.
El transporte marítimo de ganado vivo ha dejado de ser únicamente una preocupación por el bienestar animal para convertirse en un asunto de seguridad nacional. Según informes recientes y operativos policiales en tres continentes, las rutas utilizadas para mover vacas y ovejas hacia Oriente Medio están siendo sistemáticamente explotadas como fachada para el tráfico internacional de cocaína.
La ONG francesa Robin des Bois, en colaboración con la Animal Welfare Foundation, ya había advertido en su informe de 2021 sobre «78 transportistas de ganado homologados por la UE» que esta actividad comercial servía de cortina de humo para tráficos ilícitos. Los hechos recientes han dado la razón a los activistas.
La caída del Al Kuwait en Australia
El caso más reciente que expone este modus operandi involucra al buque Al Kuwait. Antes de su llegada al puerto de Perth (Australia Occidental) el pasado 1 de noviembre para cargar ovejas con destino a Qatar, la embarcación protagonizó una operación de narcotráfico de película frente a las costas de Lancelin.
Según la Policía Federal Australiana, tripulantes del navío arrojaron al mar fardos de cocaína sujetos a barriles de plástico azul. La carga recuperada ascendió a 525 kilogramos, con un valor estimado en el mercado local de 111 millones de dólares estadounidenses.
Mientras las vacas viajan en condiciones que rozan la tortura, bajo sus cascos viajan millones de dólares en estupefacientes. (Foto: Difusión)
El operativo culminó con el arresto de tres ciudadanos australianos y del ingeniero jefe del buque, de nacionalidad croata. Los cuatro detenidos se enfrentan ahora a posibles condenas de cadena perpetua. El armador del buque, la empresa kuwaití Livestock Transport & Trading Co, ha declarado su disposición a cooperar con las autoridades, aunque el historial de la nave sugiere problemas sistémicos.
Crueldad animal como camuflaje
El Al Kuwait no es un desconocido para los observadores internacionales. En febrero de 2024, el mismo barco tuvo que realizar una escala de emergencia en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) cargado con 19,000 vacas procedentes de Brasil. Las condiciones a bordo eran tan deplorables y el hedor tan intenso que las autoridades locales y la SPCA tuvieron que intervenir para sacrificar a varios animales en estado agónico.
Precisamente, estas condiciones extremas son las que benefician a los narcotraficantes. El caso del buque Neameh en 2020 ilustra esta táctica: detenido en el Estrecho de Gibraltar bajo sospecha de tráfico, los agentes de aduanas españoles no pudieron utilizar perros rastreadores debido al insoportable hedor de 4,000 vacas hacinadas entre orina y estiércol. Aunque se sospechaba la presencia de droga, el barco fue liberado.
La ruta de la cocaína y el ganado
La conexión entre Sudamérica y los mercados de consumo se ha trazado claramente a través de estos «barcos establo».
El caso Orión V: En enero de 2023, la Armada Española interceptó este buque procedente de Colombia. A diferencia del Neameh, aquí sí se halló el cargamento: 4.5 toneladas de cocaína ocultas entre 1,750 vacas, valoradas en 114 millones de dólares. El buque, que operaba bajo bandera de Togo y en condiciones precarias, fue desguazado en Turquía apenas dos meses después.
Precisamente, estas condiciones extremas son las que benefician a los narcotraficantes. El caso del buque Neameh en 2020 ilustra esta táctica. (Foto: Difusión)
Las organizaciones internacionales señalan que la falta de regulación estricta, sumada a la dificultad logística de inspeccionar buques cargados con miles de animales vivos y desechos biológicos, ha creado una «tormenta perfecta» para el crimen organizado. Mientras las vacas viajan en condiciones que rozan la tortura, bajo sus cascos viajan millones de dólares en estupefacientes, aprovechando la miseria animal como el mejor escudo contra la ley.
El Ministerio Público realizó inspecciones los días 12, 13 y 14 de noviembre en el entorno de la Compañía Minera Raura S.A., como parte de las investigaciones iniciadas tras la denuncia presentada en 2023 por la Comunidad Campesina de Cauri por presunta contaminación ambiental. Las diligencias buscaron recabar información directa en campo para contrastar los señalamientos de la comunidad.
Tras la intervención fiscal, la empresa señaló que se allana “de forma respetuosa a las acciones del Ministerio Público” y que brindó las facilidades necesarias para el desarrollo de las inspecciones. También indicó que los monitoreos permanentes y análisis de laboratorio realizados por autoridades y entidades especializadas reportan que las lagunas Tinquicocha, Caballococha, Santa Ana y Gayco mantienen condiciones adecuadas y continúan su ciclo natural.
Los resultados presentados forman parte de evaluaciones técnicas periódicas efectuadas en la zona de influencia de la operación minera para identificar posibles variaciones en la calidad del agua.
La empresa también señala que el uso eficiente, el tratamiento y el monitoreo del agua figuran entre sus principales prioridades ambientales y forman parte de sus protocolos de operación. (Foto: Inforegión)
Empresa destaca cumplimiento normativo
Compañía Minera Raura sostiene que opera bajo los más altos estándares ambientales establecidos en el país y que cuenta con certificaciones que respaldan su sistema de gestión. Además, mantiene una política de apertura a la fiscalización estatal y al seguimiento ciudadano.
La empresa también señala que el uso eficiente, el tratamiento y el monitoreo del agua figuran entre sus principales prioridades ambientales y forman parte de sus protocolos de operación.
Investigación en curso
Las autoridades continuarán procesando la información recopilada durante las diligencias. Los resultados oficiales permitirán determinar si existen responsabilidades en torno a la denuncia sobre presunta contaminación presentada por la comunidad.
Mientras avanza el proceso, el estado actual de las lagunas y la continuidad de los monitoreos seguirán siendo aspectos centrales en la supervisión del entorno ambiental vinculado a la operación minera.
El Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés) presentó su primer reporte trimestral sobre la expansión de la minería aurífera en la Amazonía, basado en datos satelitales procesados mediante la plataforma Amazon Mining Watch (AMW). El análisis confirma un incremento sostenido de la deforestación asociada a esta actividad durante el segundo y tercer trimestre de 2025.
Según el documento, los resultados muestran “la reciente expansión de la minería aurífera en los nueve países amazónicos (37 109 hectáreas)”, con Brasil y Perú como los territorios más afectados en el periodo evaluado.
Perú aparece como segundo país más impactado
El informe señala que “Brasil registró la mayor expansión minera reciente (15 538 ha) seguida de Perú (6511 ha) y Guyana (4942 ha)”. En el caso peruano, las detecciones se concentran en la Amazonía sur, principalmente dentro de territorios indígenas.
Una de las zonas destacadas es el territorio indígena de San José de Karene. En este caso, MAAP precisa que “gran parte de la deforestación minera ilegal en el sur de la Amazonía peruana está ocurriendo dentro del territorio de comunidades nativas”. La plataforma clasifica el área con probabilidad “Alta” de ilegalidad debido a que las actividades se desarrollan fuera de concesiones formales.
Según el documento, los resultados muestran “la reciente expansión de la minería aurífera en los nueve países amazónicos (37 109 hectáreas)”, con Brasil y Perú como los territorios más afectados en el periodo evaluado. (Imagen: AMW)
Aceleración de la deforestación en el tercer trimestre
El análisis trimestral muestra una intensificación reciente de la actividad minera. El reporte indica que “la expansión minera se aceleró en el tercer trimestre (julio-septiembre) con más de 17 000 hectáreas de bosque perdidas por la minería”. Esta cifra supera ampliamente la registrada en la primera mitad del año.
Durante 2025, más de 200 áreas protegidas y territorios indígenas presentaron nuevas actividades mineras. El documento detalla que el 56 % de estos casos se ubican dentro de áreas de protección y el 44 % en territorios indígenas.
Monitoreo satelital con actualizaciones trimestrales
Amazon Mining Watch es un sistema de análisis automático de imágenes satelitales que cubre la región desde 2018. Desde este año, la plataforma actualizará información de manera trimestral con el objetivo de facilitar respuestas oportunas a los nuevos frentes de deforestación minera.
El reporte incluye también la incorporación de dos herramientas adicionales: un análisis de legalidad de los sitios mineros y una calculadora de impactos socioambientales. Según el documento, esta última “es una herramienta para evaluar el daño social y ambiental causado por la minería aurífera”.
Durante 2025, más de 200 áreas protegidas y territorios indígenas presentaron nuevas actividades mineras. (Imagen: AMW)
Impacto regional continúa en ascenso
El estudio identifica casos relevantes en Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Surinam y Bolivia, varios de ellos catalogados como de probabilidad “Alta” o “Muy Alta” de ilegalidad. En conjunto, los hallazgos reflejan un aumento sostenido de la minería aurífera a pequeña escala como fuente de deforestación en la Amazonía.
Para el caso peruano, los datos confirman que el avance continúa concentrándose en zonas de alta sensibilidad ambiental y dentro de territorios indígenas, lo que refuerza la necesidad de seguimiento permanente de estos espacios.
La Policía Nacional desarticuló la presunta banda criminal “Los Intocables de La Tinguiña” en un operativo simultáneo realizado por la División Regional de Ica y la División de Investigación Criminal. Los intervenidos son investigados por amenazas, extorsión y la detonación de un artefacto explosivo contra una fiscal penal del distrito de Parcona.
La operación se ejecutó en horas de la mañana de ayer lunes 24 de noviembre en dos puntos del distrito de La Tinguiña, específicamente en la avenida Luna Victoria y la avenida Lambayeque. En esos lugares fueron detenidos Guillermo Jerson Huamantoma Huamaní, alias “Cabezón”, y Raúl Alex Janampa Ninahuamán, alias “Saposito”.
Según las primeras diligencias, los detenidos habrían participado en la detonación de un explosivo en una vivienda contigua a la Fiscalía Penal de Parcona, con el objetivo de intimidar a la fiscal Sara Torres Zúñiga. En el lugar también se dejó un panfleto con amenazas directas para obligarla a apartarse de un proceso penal que ella investigaba.
Detenidos están bajo detención preliminar por seis días en Ica
El jefe de la Región Policial Ica, general Leiby Huamán Daza, informó que la identificación de los presuntos autores se logró mediante técnicas especiales de investigación, lo que permitió solicitar y obtener la orden de detención preliminar del Juzgado de Investigación Preparatoria de Parcona. Ambos sujetos fueron intervenidos cuando salían de sus viviendas tras un periodo de vigilancia policial.
Durante la intervención se incautaron celulares, una mototaxi vinculada a uno de los detenidos y documentos manuscritos que serán sometidos a peritaje de grafotecnia para determinar si están relacionados con el panfleto usado en la amenaza. La Policía presume que los investigados tienen vínculos con personas actualmente procesadas por delitos graves.
Los dos detenidos permanecerán seis días en detención preliminar mientras se recaban más elementos de convicción. La Policía sostiene que esta banda tendría participación en otros hechos de intimidación en la provincia y que la investigación continuará para identificar a más implicados.
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El puente “Las Monjas” se encuentra en una situación crítica tras detectarse un pronunciado desnivel en la junta de ingreso por la vía Piura–Sullana, una falla que compromete la seguridad de cientos de vehículos y peatones que lo transitan a diario. Esta afectación obligó a colocar apoyos metálicos y de madera como refuerzo temporal para evitar incidentes, mientras se adoptan medidas de mayor alcance.
La inspección en campo permitió verificar que la calzada en el sentido norte–sur y parte de la estructura metálica muestran deterioro evidente. El riesgo se incrementa debido al constante flujo vehicular, por lo que las autoridades advirtieron que la zona debe ser intervenida con urgencia para impedir un posible colapso o daños mayores que puedan costar vidas.
Durante la diligencia, el fiscal provincial Armando Ortíz Zapata encabezó la supervisión de las áreas afectadas y advirtió que la transitabilidad debe mantenerse bajo estrictas medidas de mitigación hasta que se ejecute la refacción integral. La prioridad, remarcó, es proteger a la población ante un daño estructural que ya presenta signos de agravamiento.
Al final de la inspección, las entidades competentes —Provías Nacional, Sutran, la Policía de Veintiséis de Octubre, la UTSEVI y la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres— informaron que se han implementado señalización preventiva y reducción de velocidad, además de disponer reparaciones urgentes, desvíos de tránsito e iluminación nocturna que se ejecutarán en los próximos días.
Ayacucho registra nueve feminicidios y más de 4.000 casos de violencia atendidos en lo que va del año, según el programa regional Warmiñan. A ello se suman 14 niñas menores de 14 años que han dado a luz, lo que en todos los casos constituye violación sexual. Para el movimiento Manuela Ramos, estas cifras exponen una crisis sostenida en la capacidad del Estado para prevenir y atender agresiones contra mujeres y niñas.
La coordinadora regional de Manuela Ramos, Janet Arones, afirmó que uno de los factores más graves es la normalización de la violencia. Citó datos de la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (Enares 2024), que registró que el 78,9 % de varones y 80% de mujeres justifican frases que legitiman la agresión.
“Cuando la mayoría cree que una mujer violada ‘tiene la culpa’ por beber o que una infidelidad merece castigo, estamos frente a un problema que va más allá de cifras: es un problema cultural”, manifestó.
Arones sostuvo que esta permisividad se reproduce porque la prevención no está plenamente instalada en las instituciones a cargo. Según dijo, aún existe poca capacitación para profesionales que atienden casos, lo que genera respuestas inadecuadas y episodios de revictimización.
“Si quienes deben proteger no reconocen señales de violencia o no aplican los protocolos, las mujeres quedan expuestas”, advirtió.
La especialista subrayó que la educación sexual integral y el enfoque de género son herramientas clave para reducir estos patrones. Sin embargo, alertó que propuestas legislativas que buscan retirarlos ponen en riesgo los avances logrados durante la última década.
“Sin enfoque de género se desprotege a la mitad del país. Ese retroceso sería devastador”, afirmó.
En un nuevo 25 de noviembre, Arones llamó a los gobiernos regionales y locales a liderar estrategias de prevención, asignar presupuesto y garantizar campañas permanentes.
“Ninguna mujer debería vivir con miedo. La violencia no es inevitable, pero requiere voluntad política y acción sostenida”, concluyó.
El ingeniero Max Chávez, experto en energía, afirmó que el servicio eléctrico en Iquitos atraviesa su peor momento, con 530 apagones registrados solo en 2024. Sostuvo que esta cifra supera ampliamente los promedios nacionales y refleja la precariedad del sistema aislado que abastece a Loreto.
Chávez explicó que el principal problema es el contrato vigente con Genrent, empresa que recibe el pago por 80 MW, pero solo entrega alrededor de 55 MW, lo que obliga a Electro Oriente a cubrir el déficit para evitar que la ciudad quede a oscuras.
El especialista indicó que el Gobierno Regional de Loreto y el Ministerio de Energía iniciaron medidas de corto plazo, como la instalación de grupos generadores y la reparación de equipos paralizados, además de un proyecto solar de 40 MW.
Sin embargo, remarcó que la solución estructural es la interconexión de Loreto al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, propuesta que, según dijo, debe avanzar pese a los cambios políticos. “La interconexión es la única forma de garantizar un servicio estable y terminar con años de apagones”, señaló.
