La exministra de Justicia y actual precandidata presidencial por el partido Primero La Gente, Marisol Pérez Tello, rompió su silencio ante la Red de Medios Regionales del Perú. Durante una extensa conversación con el periodista Daniel Vera, la abogada ofreció un diagnóstico crudo sobre la realidad nacional y explicó las razones que la llevan a buscar el sillón de Pizarro. Pérez Tello sostiene que el país enfrenta un desmantelamiento sistemático de su institucionalidad y advierte que las instituciones han sido tomadas por grupos que, sin importar si son de izquierda o derecha, votan igual para destruir lo poco que se había construido.
Su postulación nace de la urgencia de ofrecer una alternativa frente a un Estado que se derrumba. La precandidata enfatiza que Primero La Gente es una organización sin dueño, donde las decisiones se toman de manera colegiada. Para esta aventura electoral, ha decidido rodearse de un equipo que combina experiencia técnica y visión política. Su plancha presidencial incluye al arquitecto Raúl Molina, un gestor público con más de treinta años de experiencia que conoce al detalle la conflictividad social, y a Manuel Ato, filósofo y fundador del partido, quien aporta la base ideológica del proyecto.
Pérez Tello reconoce que intentaron formar alianzas con otras fuerzas políticas, como el bloque de Alfonso López Chau, e incluso estuvo dispuesta a renunciar a su candidatura en pos de la unidad. Sin embargo, al no concretarse esos acuerdos, decidieron avanzar solos para no traicionar la confianza de sus bases regionales, que incluyen desde dirigentes cocaleros y alpaqueros en el sur hasta rondas campesinas en el norte. Ella insiste en que el Perú necesita reencontrarse a partir de sus coincidencias y no dividirse por sus diferencias, pero lamenta que el sistema electoral actual, diseñado por el Congreso, fomente la fragmentación con casi cuarenta partidos en carrera.
Mano dura contra el crimen y reforma penitenciaria urgente
Uno de los puntos más fuertes de su propuesta se centra en la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado. La exministra no titubeó al calificar de «vergüenza» y «asco» el desempeño del actual Congreso, al que acusa de haber aprobado leyes que favorecen directamente a la delincuencia. Si llega a la presidencia, su primera medida el 28 de julio será presentar un paquete legislativo para derogar de inmediato todas las normas que debilitan la persecución del delito, incluyendo aquellas que dificultan los procesos de colaboración eficaz y la lucha contra la minería ilegal o la trata de personas.
Su plan de seguridad incluye una reforma penitenciaria radical pero pragmática. Propone la creación inmediata de 69 unidades de flagrancia dentro de los penales existentes. La idea es que fiscales, jueces y defensores públicos trabajen allí las 24 horas del día para asegurar que quien cometa un delito sea juzgado y encarcelado de inmediato. Pérez Tello rechaza tajantemente la propuesta populista de enviar policías o militares a cuidar las cárceles. Para ella, la policía debe estar en las calles combatiendo el crimen, mientras que el INPE debe fortalecerse para cumplir su rol de resocialización y control, evitando que los penales sigan siendo escuelas del delito.
Además, plantea una distinción clave en el sistema de justicia: no todos deben ir a la cárcel. La precandidata sugiere reservar las prisiones para los criminales peligrosos, como sicarios, violadores y extorsionadores. Para delitos menores o no violentos, como la omisión de asistencia familiar o estafas, propone el uso de grilletes electrónicos y el trabajo comunitario obligatorio. Según su visión, un padre que no paga alimentos debería trabajar limpiando colegios públicos los fines de semana para pagar su deuda, en lugar de generar un gasto al Estado estando preso. Esta estrategia busca descongestionar el sistema penitenciario, que actualmente opera con un hacinamiento crítico, como ocurre en el penal de Chiclayo, donde la población triplica su capacidad.
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La defensa del caso Odebrecht y el liderazgo femenino
En el tramo final de la entrevista, Pérez Tello enfrentó los cuestionamientos sobre su gestión como ministra de Justicia durante el escándalo Lava Jato. Rechazó con firmeza el apelativo de «ministra de Odebrecht» y defendió el Decreto de Urgencia 003. Explicó que esa norma fue fundamental para evitar que la constructora brasileña vendiera sus activos y sacara el dinero del Perú. Aseguró que gracias a esa medida se creó un fideicomiso para garantizar la reparación civil y se impidió la fuga de capitales en un momento crítico donde la empresa ya había pactado con otros países.
La precandidata fue clara al señalar que ninguna empresa vinculada a actos de corrupción, ya sea Odebrecht (ahora Novonor) o sus consorciadas, debería volver a contratar con el Estado peruano. Para ella, esto es una cuestión de dignidad nacional y amor propio. Argumenta que el daño patrimonial y moral causado al país es inmenso y que la legislación debe ser contundente para impedir que quienes robaron a los peruanos regresen con otro nombre a seguir ganando licitaciones públicas.
Finalmente, Marisol Pérez Tello marcó una distancia abismal con la actual presidenta Dina Boluarte, calificando su gobierno como desastroso y una mera anécdota. Lamentó profundamente que la gestión de Boluarte haya dañado la imagen del liderazgo femenino en un país machista, pero aclaró que el problema no es el género, sino la falta de capacidad y honestidad. Su propuesta busca cambiar el paradigma del poder: dejar de verlo como una herramienta de dominación para entenderlo como un instrumento de cuidado. Aspira a un gobierno que proteja a los niños, a los ancianos y a las poblaciones vulnerables, demostrando que una mujer puede liderar con firmeza, conocimiento del terreno y, sobre todo, con equipos técnicos y políticos decentes que quieran sacar al país del hoyo en el que se encuentra.
