Del 2 al 5 de octubre, Tarapoto será sede de la ExpoAmazónica 2025, un evento que busca posicionar a la Amazonía peruana en los mercados más competitivos del mundo. La cita reunirá a 30 compradores internacionales de 12 países, quienes explorarán el potencial de los productos amazónicos con miras a establecer acuerdos comerciales con emprendedores y productores locales.
La llegada de estos inversionistas representa un paso clave en la estrategia de internacionalización de las regiones amazónicas. Francia, España, Estados Unidos, Taiwán, Rusia, Canadá, Australia y China figuran entre los principales mercados de destino que se abrirán durante la rueda de negocios.
Plataforma para el mercado interno
Además de la proyección global, la feria contará con 20 compradores nacionales que permitirán ampliar la distribución de los productos amazónicos dentro del país. Este encuentro es visto como una plataforma estratégica para fortalecer la economía regional y generar competitividad en sectores como la agroindustria, el turismo, la gastronomía y la cultura.
El Gobierno Regional San Martín ha extendido la invitación a otras regiones, entre ellas Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Arequipa y Lima. Para garantizar la participación activa de instituciones, empresarios y consumidores, la convocatoria se difundió en más de diez medios locales por cada región.
Además de la proyección global, la feria contará con 20 compradores nacionales que permitirán ampliar la distribución de los productos amazónicos dentro del país. (Foto: Difusión)
Participación regional y convocatoria masiva
En entrevista con la vicegobernadora de San Martín, Rosa Olguita Celis Cruz, resaltó las expectativas del evento:
“Estamos proyectando la participación de unas 80 mil personas. Tendremos expositores internacionales, en especial de la comunidad europea, por el tema de Deforestación cero que beneficia a nuestros productores de café y cacao. Además, estimamos alcanzar ventas por más de 16 millones de soles y contaremos con alrededor de 400 stands”, afirmó.
La ExpoAmazónica 2025 contará con stands de exposición y venta, foros temáticos, presentaciones culturales, muestras gastronómicas y espacios de entretenimiento familiar. La innovación y la tecnología aplicada a los sectores productivos de la Amazonía también ocuparán un lugar destacado.
Con este evento, San Martín se consolida como epicentro de la integración amazónica y punto de encuentro entre productores, empresarios e inversionistas. La feria no solo busca generar negocios e impulsar la inversión, sino también fortalecer la identidad cultural de la región y proyectar el potencial amazónico al mundo.
Del 23 al 25 de octubre, Lima acogerá la Cumbre Perú Sostenible 2025, el evento más importante del país en materia de sostenibilidad. La cita coincide con el 30° aniversario de la organización, que ha trabajado durante tres décadas en la articulación de actores públicos, privados y sociales para enfrentar los principales desafíos ambientales y sociales del país.
Bajo el lema “Trazando el futuro del país, juntos”, el encuentro será presidido por María Pía Palacios, ex presidenta de Caja Arequipa, y Jaime Saavedra, director de Desarrollo Humano en el Banco Mundial.
Desafíos urgentes para el Perú
Saavedra advierte que la desigualdad, la debilidad institucional y la desconfianza siguen marcando la agenda nacional. “A ello se suman la ilegalidad, la informalidad y la corrupción. Sin embargo, hoy ya existen iniciativas concretas que articulan al sector público, las empresas, la sociedad civil y la academia para impulsar soluciones integrales”, señaló.
Por su parte, Palacios destacó el rol de las regiones en el camino hacia un desarrollo inclusivo: “Perú tiene una geografía privilegiada y regiones decisivas para el desarrollo sostenible. La Cumbre no solo invita a reflexionar: mostrará el trabajo multiactor en marcha”.
Agenda basada en las 5Ps
Las actividades de la Cumbre estarán organizadas en torno a cinco ejes temáticos: Pactos, Planeta, Personas, Prosperidad y Paz. Cada eje reunirá a expertos internacionales y referentes nacionales para discutir soluciones concretas. En Pactos, el Nobel de Economía 2024, James A. Robinson, abordará el rol de las instituciones en el éxito económico de los países, acompañado por un panel moderado por Óscar Caipo, presidente de Perú Sostenible.
La Cumbre también contará con una Zona Festival, donde se desarrollará una feria de emprendimientos con impacto social. (Foto: Perú Sostenible)
En Planeta, la presidenta del Consejo Empresarial Brasileño para el Desarrollo Sostenible, Marina Grossi, presentará la experiencia de Brasil frente al cambio climático, con participación de actores nacionales como Profonanpe y el Gobierno Regional del Cusco. El eje Personas contará con Stefan Dercon, profesor de Economía en la Universidad de Oxford, quien analizará cómo el desarrollo humano depende de consensos nacionales.
En Prosperidad, Magdalena Pesce, CEO de Wines of Argentina, expondrá sobre la sostenibilidad de las cadenas de valor y su impacto en la economía. Finalmente, el eje Paz incluirá la ponencia del periodista Michael Reid, ex editor de The Economist, sobre la necesidad de reducir la polarización y fortalecer la institucionalidad en la región.
Espacios culturales y participación ciudadana
La Cumbre también contará con una Zona Festival, donde se desarrollará una feria de emprendimientos con impacto social, experiencias culturales, conciertos y actividades de integración.
Para Micaela Rizo Patrón, gerenta general de Perú Sostenible, el encuentro es una oportunidad para visibilizar el papel de las empresas y de la sociedad en su conjunto: “En nuestro 30° aniversario como organización, la Cumbre Perú Sostenible se convierte en un gran espacio para reafirmar ese liderazgo empresarial, profundizar en los retos y soluciones del desarrollo sostenible, generar confianza entre actores y conectar con ciudadanos más comprometidos con el futuro del país”.
Desde Tingo María hasta el corazón de París. Así ha sido el camino de Kaori, la marca de chocolates de la empresa familiar Qorikao EIRL, que obtuvo una medalla de plata en el V Concurso Internacional de Chocolates Elaborados en el Origen, organizado por la Agencia para la Valorización de los Productos Agrícolas (AVPA) de Francia. El producto galardonado: grageas de cacao cubiertas con chocolate al 60%.
“Ha sido una sorpresa muy gratificante, un orgullo para nosotros como tingaleses”, cuenta Kempia Canales, encargada del área de producción e hija de Marcelina Yaranga, fundadora y gerente general de la empresa. Kaori participó en la ceremonia de premiación el próximo 29 de octubre durante el Salón del Chocolate en París, uno de los eventos más importantes del sector a nivel mundial.
Resiliencia familiar y apuesta por el valor agregado
Qorikao nació oficialmente en 2023, pero su historia se remonta a varios años atrás. “Empezamos en 2019 con otra razón social, y aunque la pandemia nos golpeó fuerte, logramos salir adelante”, recuerda Kempia. Las pérdidas familiares y el freno económico no impidieron que la familia Yaranga mantuviera su apuesta por el cacao de calidad.
Aunque el mercado local aún es un reto, Kaori ha encontrado en el esfuerzo colectivo y la pasión por el cacao una fórmula ganadora. (Foto: Kaori)
La marca Kaori comenzó con barras de chocolate al 60%, productos bitter, con leche y con arándanos. Hoy, han diversificado su oferta e innovan constantemente. “Tenemos chocolates con ají, con piña y otros nuevos productos que vamos a presentar en el Salón del Cacao y Chocolate 2025”, cuenta Kempia.
Cacao del Alto Huallaga, Piura y el Vraem
El insumo principal de Kaori proviene de diversas zonas del Perú. “Trabajamos con cacao de la región Huánuco, especialmente del Alto Huallaga, y también con orígenes de Piura y del Vraem 99”, explica Canales.
Esta diversidad permite a la marca experimentar con sabores y texturas, apuntando tanto al mercado nacional como al internacional. El premio en París representa más que una distinción: es una oportunidad para internacionalizarse. “Este logro nos motiva a seguir creciendo y nos abre un nuevo camino para mostrar que el chocolate de Tingo María puede competir al más alto nivel”, señala con entusiasmo.
Aunque el mercado local aún es un reto, Kaori ha encontrado en el esfuerzo colectivo y la pasión por el cacao una fórmula ganadora. Con la mirada puesta en octubre, la familia Yaranga se prepara para representar al Perú con orgullo en una de las vitrinas más prestigiosas del chocolate mundial.
“Mi hijo ha salido con plomo en la sangre y mañana nos pueden dejar en la intemperie”, denunció Marisol Caro Salazar, una de las últimas moradoras de la antigua Morococha. Su familia y otras enfrentan este viernes 19 de septiembre, a las 11:00 de la mañana un desalojo calificado como irregular, dispuesto por el Juzgado Civil de La Oroya, a pedido de la minera china Chinalco para ampliar el proyecto de extracción de cobre Toromocho.
El fallo judicial autoriza incluso el descerraje de viviendas y dejar en la calle los enseres de las familias, con el uso de la fuerza pública de al menos 30 policías.
Los moradores temen quedar en la intemperie, a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, sin que el Estado ni la empresa les aseguren un techo. “Nos han cortado la luz desde noviembre de 2019; no tenemos agua ni educación y vivimos entre detonaciones diarias”, relató otra de las afectadas en una conferencia de prensa realizada este jueves.
El abogado de las familias, Carlos Castro, cuestionó el accionar del juez Jesús Santana Socualaya.
“El Poder Judicial se ha extralimitado. Ha usurpado la política de reasentamiento que corresponde al Ejecutivo y está despojando a la gente pese a la existencia de una mesa de diálogo”, afirmó Castro. Según explicó, la defensa presentó un recurso de apelación y evalúa acciones de amparo y medidas internacionales.
El avance de la explotación de cobre a tajo abierto en Morococha antigua no respeta a las pocas familias que aún viven allí
Los pobladores señalan que el Estado incumplió la Ley 29869, que obliga a garantizar un reasentamiento digno en zonas de riesgo no mitigable. Aseguran que la “nueva” Morococha —el asentamiento levantado por Chinalco en Carhuacoto hace más de una década— tampoco garantizan condiciones seguras: persisten denuncias de contaminación por metales pesados en agua y suelos, además de la falta de empleo y servicios básicos.
“El Ministerio de Energía y Minas nos prometió convocar a reunión, pero hasta hoy no nos llama”, reclamó Edwin Alejandro, vocero de la Red Muqui. El dirigente recordó que el propio Miguel Espinoza, representante del Minem en la mesa de diálogo para el reasentamiento, ofreció comunicarse con los afectados, pero nunca cumplió.
Las familias insisten en que no se niegan al reasentamiento, pero exigen que este se haga en condiciones seguras. “No pedimos vivir en el peligro, queremos un traslado con dignidad, con servicios, con garantías. No vamos a aceptar que nos lancen a la calle”, señaló Elvis Atachagua, otro de los afectados.
El trasfondo de este conflicto se remonta a 2012, cuando Chinalco inició la reubicación de más de cinco mil pobladores de la antigua ciudad para abrir el tajo abierto de Toromocho. La mayoría se trasladó a Carhuacoto, pero un grupo se quedó en sus casas por considerar que las nuevas viviendas eran precarias o estaban ubicadas en zonas contaminadas. Desde entonces viven en medio de explosiones, polvo y carencia de servicios básicos que el Estado les fue quitando.
Las familias anuncian que resistirán y piden la presencia de la Defensoría del Pueblo y de organismos de derechos humanos para evitar abusos. “No nos oponemos al desarrollo, pero no aceptamos que la empresa ni el juez nos traten como invasores en nuestras propias casas”, advirtieron.
Las personas realizan diversas actividades para sobrevivir. Rosa Caro cría cerdos en su casita que aún está en pie en Moroccha antigua
Se dedica criar cerdos
Para sobrevivir, los pobladores que defienden sus viviendas en la antigua Morococha, pese al paisaje de casas derrumbadas de las familias que aceptaron mudarse a Carhuacoto y los cercos de costal de yute colocados por Chinalco para amedrentarlos, realizan diversas actividades para ganarse el día a día.
Marisol Caro Salazar, por ejemplo, cría cerdos en su casita que aún permanece en pie en uno de los extremos de la antigua ciudad. Desde su ubicación, es posible observar la magnitud del avance del tajo, que ya se comió el cerro Toromocho, que era factor de identidad de los pobladores. También la zigzagueante forma de los cercos de costales de yute colocados por la minera.
A uno de los tres hijos de Marisol le detectaron en 2017 plomo en niveles altos en su sangre. Ahora, tras la decisión judicial que favorece a la poderosa Chinalco, y ante el silencio de las autoridades frente a este atropello, los pocos bienes que ella tiene, pueden terminar en la calle.
Un año más se cierra con un saldo trágico. Solo en 2024, 146 personas defensoras del ambiente y del territorio fueron asesinadas o desaparecidas en distintas partes del mundo. Y mientras las cifras se actualizan cada año, la violencia no se detiene. Recordemos que detrás de cada número hay familias rotas, comunidades desmanteladas y un mensaje que busca silenciar su resistencia.
“Todas estas personas fueron atacadas tras alzar la voz o tomar medidas para defender su derecho a la tierra y a un ambiente limpio, sano y sostenible”.
Estas muertes y desapariciones tampoco son hechos aislados. Son consecuencia de enfrentarse a intereses poderosos como proyectos extractivos, agronegocios y redes criminales que ven en la explotación de los recursos naturales una fuente inagotable de riqueza.
Nombres que no deben olvidarse
Antes de seguir con este informe, es importante mencionar los nombres de quienes perdieron la vida en 2024 defendiendo su territorio en nuestro país. Ellos son:
Victorio Dariquebe Gerewa, asesinado el 18 de abril.
Mariano Mucama Isacama Feliciano, asesinado el 20 de junio.
Ricardo Kunchikui Shimpujat, asesinado el 2 de julio.
Gerardo Keimari Enrique, asesinado el 6 de octubre.
Sus nombres nos recuerdan que detrás de cada cifra hay vidas, familias y comunidades que siguen exigiendo justicia.
Victorio Dariquebe Gerewa fue un guardaparque que laboraba en la Reserva Comunal Amarakaeri y pertenecía a la comunidad nativa de Keros.
Cada semana, tres defensores menos
Durante 2024, en promedio tres personas que defendían la tierra y el ambiente fueron asesinadas o desaparecieron cada semana. Y esa cifra podría ser aún más alta. El informe advierte:
«Sabemos que muchos ataques no se denuncian, por lo que es probable que esta cifra esté por debajo de la realidad”.
Desde 2012, Global Witness ha registrado 2253 ataques de este tipo. El número bajó respecto a 2023, cuando hubo 196 casos, pero la organización aclara que esto no significa una mejora real. En muchos países las denuncias se callan, se bloquean o simplemente nunca llegan a registrarse.
La violencia adopta varias formas. En 2024 se documentaron 142 asesinatos y cuatro desapariciones prolongadas en países como Filipinas, México, Honduras y Chile.
América Latina, epicentro del peligro
En 2024, el 82 % de los ataques se concentró en América Latina. Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden la tierra y el ambiente, donde se documentaron 48 asesinatos. Aunque la cifra bajó respecto a los 79 casos de 2023, el riesgo sigue siendo altísimo.
Las comunidades indígenas y campesinas son las más golpeadas. Solo en el último año, cada grupo perdió a 45 de sus miembros. Desde sus territorios, se han enfrentado con más firmeza a la minería, la tala y la agroindustria, actividades señaladas de manera constante como motores de violencia.
Sectores que matan
La minería fue el sector más letal en 2024, con 29 ataques registrados. Después aparecen la tala forestal, con ocho casos, y la agroindustria, con cuatro. También hubo muertes vinculadas a proyectos de infraestructura, como carreteras e hidroeléctricas, además de actividades de caza ilegal.
Casi un tercio de los asesinatos y desapariciones estuvo relacionado directamente con el crimen organizado.
“Las organizaciones delictivas y las economías ilegales relacionadas prosperan en todo el mundo, socavando el estado de derecho, poniendo en riesgo a las personas defensoras y amenazando ecosistemas clave”.
Desapariciones y efectos invisibles
Las desapariciones forzadas representan una de las formas más traumáticas de violencia. No solo por el impacto directo en las víctimas, sino también por la incertidumbre en la que quedan sus familias. “Sl no saber si la persona está viva o muerta, las familias, colegas y comunidades de las personas defensoras desaparecidas se quedan en un limbo insoportable”, señala el documento.
Además de los ataques físicos, muchas personas defensoras enfrentan amenazas, criminalización, acoso y violencia sexual. Estas prácticas generan un desgaste emocional profundo, con consecuencias como ansiedad, depresión y pensamientos suicidas.
Estados y empresas bajo la lupa
El documento no duda en señalar que los Estados también forman parte del problema. En 2024, al menos 17 asesinatos estuvieron vinculados con fuerzas armadas, policías u otras instituciones gubernamentales. La colusión entre crimen organizado, gobiernos e intereses empresariales hace que investigar y sancionar estos ataques sea un desafío aún mayor.
La situación se agrava en países clasificados como “reprimidos” o “cerrados” por el CIVICUS Monitor, una plataforma de investigación en línea de la CIVICUS Global Alliance, donde las libertades de asociación, expresión y reunión pacífica están severamente limitadas.
En agosto de 2025,lLa justicia peruana confirmó la sentencia de 28 años y 3 meses de prisión efectiva contra los responsables del asesinato de los cuatro líderes indígenas ashéninkas en el Caso Saweto. (Foto: Aidesep)
Llamado antes de la COP30
A pocas semanas de la cumbre climática COP30, que se celebrará del 10 al 21 de noviembre de 2025 en Belém (Brasil), Global Witness subraya: “No podemos permitir que continúe la devastadora explotación de la tierra y los recursos, ni la violencia contra quienes se resisten a ella”. Reconocer el papel de las personas defensoras y garantizar su protección no es solo un acto de justicia, también es una condición indispensable para enfrentar la crisis climática.
*Accede al informe completo aquí. *Justicia tardía para Saweto: Condena histórica expone deudas en la protección a defensores indígenas. Accede a este informe aquí.
Con eventos de cierre realizados en los distritos de San Juan Bautista y Nauta, concluyó el proyecto “Gestión de Riesgos en salud”, implementado por Plan International con financiamiento de la Fundación de Salud Global de Astellas. La iniciativa fortaleció la capacidad de respuesta de las comunidades ante emergencias y enfermedades asociadas a lluvias e inundaciones, beneficiando a más de 9000 personas en la región Loreto.
Capacitación y prevención en salud
Desde enero de 2024, el proyecto impulsó la capacitación de 2515 familias en 10 comunidades. Entre las principales acciones desarrolladas se incluyen la formación de redes comunitarias de salud, la implementación de 10 planes de contingencia, simulacros, mingas comunitarias y visitas domiciliarias por parte de agentes comunitarios.
Además, se realizaron mejoras en infraestructura sanitaria y se dotó de equipamiento e insumos a 10 establecimientos de salud, con el objetivo de mejorar la atención ante enfermedades prevalentes en la zona, como dengue, malaria y leptospirosis.
La iniciativa fortaleció la capacidad de respuesta de las comunidades ante emergencias y enfermedades asociadas a lluvias e inundaciones, beneficiando a más de 9000 personas en la región Loreto. (Foto: Difusión)
Reconocimiento al trabajo comunitario
Durante los encuentros de cierre, autoridades del sector salud destacaron la labor de los agentes comunitarios y la importancia de continuar con la capacitación local para mantener comunidades preparadas ante emergencias.
“Reconocemos y admiramos el rol clave de más de 181 agentes comunitarios de salud, junto a lideresas y líderes de organizaciones comunitarias, en la construcción de comunidades resilientes, organizadas y preparadas para responder ante emergencias”, señaló Elizabeth Menéndez, Gerente de la Unidad de Programas Loreto.
Coordinación institucional y enfoque territorial
La Gerencia Regional de Salud de Loreto, la Unidad Ejecutora 407 Red de Salud Loreto – Nauta, y las municipalidades de San Juan Bautista y Nauta ratificaron su compromiso con la continuidad de acciones articuladas con establecimientos de salud y comunidades. También resaltaron la necesidad de actualizar los planes de contingencia con enfoque territorial, local y de género.
El proyecto promovió una participación femenina del 79 % y fomentó el liderazgo de las mujeres en contextos de emergencia, bajo un enfoque participativo e intercultural.
Sobre Plan International
Plan International es una organización que trabaja por los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas en más de 80 países. En Perú, tiene presencia desde hace más de 30 años y desarrolla proyectos en Lima, Piura, Loreto, Cusco y Tumbes.
En 2024, el Perú logró aprovechar 249 407 toneladas de residuos sólidos, un 35% más que en 2023, cuando se valorizaron 184 161 toneladas. La información fue reportada por las municipalidades al Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos (Sigersol) y al Programa de Incentivos del Ministerio del Ambiente (Minam).
La valorización significa darle una segunda vida a la basura, transformándola en recursos útiles. Esto puede hacerse para generar energía o para crear nuevas materias primas que vuelven a usarse en la producción, en lugar de terminar en un botadero.
Residuos orgánicos e inorgánicos
Del total valorizado en 2024, más de 131 mil toneladas fueron residuos orgánicos, como restos de comida, frutas, cáscaras de huevo, bolsitas de té o filtros de café. Por otro lado, casi 117,5 mil toneladas correspondieron a inorgánicos, entre ellos botellas de plástico, envases de vidrio, papel y cartón.
El director general de Residuos Sólidos del Minam, Walter Alzamora, resaltó la importancia de este avance. “La ciudadanía y autoridades locales están tomando mayor conciencia sobre el manejo adecuado de los residuos que se generan y respecto al reciclaje”, afirmó.
Municipios líderes en el reciclaje
Alzamora subrayó que los resultados responden a un trabajo coordinado con las municipalidades de todo el país. “Trabajamos de forma integral con las municipalidades de todo el país para mejorar la adecuada gestión de los residuos sólidos. Y ahora estamos viendo buenos resultados”, agregó.
En el ranking nacional de valorización de residuos, Chaclacayo lidera con 9847,11 toneladas, seguido por San Juan de Lurigancho con 7228,79 toneladas. (Foto: Andina)
En el ranking nacional de valorización de residuos, Chaclacayo lidera con 9847,11 toneladas, seguido por San Juan de Lurigancho con 7228,79 toneladas. En tercer lugar figura la Municipalidad Provincial de Satipo (Junín) con 6499,64 toneladas, mientras que los distritos cusqueños de San Jerónimo y San Sebastián completan los primeros puestos con 5396,63 y 5064,10 toneladas, respectivamente.
El papel de la educación ambiental
El funcionario también destacó la labor de los jóvenes en este proceso. “Los aliados en esta tarea son los escolares, quienes practican en casa y en la comunidad los hábitos ambientales aprendidos en el colegio”, señaló.
Este aspecto educativo cobra especial relevancia en el marco del Día de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos (Diadesol), que se conmemora cada tercer sábado de setiembre en América Latina y el Caribe. Este año se celebrará el 20 de setiembre.
Diadesol 2025: cómo participar
La conmemoración del Diadesol busca generar reflexión y acción ciudadana frente a la gestión de los residuos. En el Perú, distintas municipalidades y entidades organizan jornadas de sensibilización y educación ambiental para reducir la proliferación de desechos y promover la segregación en la fuente.
Ciudadanos, organizaciones públicas y privadas, ONG, instituciones educativas y colectivos sociales están invitados a desarrollar actividades de educación ambiental por el Diadesol 2025. Estas iniciativas pueden registrarse en este formulario.
La comunidad nativa Flor de Ucayali, ubicada en la región Ucayali, está conformada por 70 familias del pueblo shipibo-konibo. En 2014, esta comunidad recibió una multa forestal por incumplimiento de la normativa debido a un acuerdo con terceros que provocó la afectación de su bosque. Además, enfrentaron invasiones vinculadas a actividades ilegales.
A partir de esta situación, la comunidad inició un proceso de recuperación mediante un mecanismo de compensación impulsado por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor). Gracias a este mecanismo, se comprometieron a conservar 585 hectáreas de bosque para saldar la deuda ambiental.
Conservación como herramienta legal
Durante cinco años, Flor de Ucayali implementó acciones de conservación que permitieron compensar un monto superior a los 166 mil soles. En 2024, la comunidad logró retomar la legalidad y saldar completamente su deuda.
Este proceso también fortaleció la organización comunal y consolidó una visión de manejo sostenible del territorio. Irene Mariela Guimaraes Rojas, secretaria y exjefa de la comunidad, señaló: “El bosque es nuestro hogar, nos da alimento, medicina y vida. Es nuestro vínculo espiritual y cultural, heredado de los abuelos. Por eso lo cuidamos”.
Flor de Ucayali también participa en un proyecto REDD+ orientado a la conservación forestal mediante bonos de carbono. (Foto: Osinfor)
Desarrollo sostenible con visión a largo plazo
Actualmente, la comunidad cuenta con un permiso forestal de comercialización a gran escala, vigente hasta el año 2033. Además, ha diversificado sus actividades económicas a través de proyectos de agroforestería, plantaciones forestales con capirona, acuicultura y artesanía.
Flor de Ucayali también participa en un proyecto REDD+ orientado a la conservación forestal mediante bonos de carbono. Para proteger su territorio, han conformado un comité de vigilancia integrado por hombres y mujeres indígenas.
Alianzas y proyecciones futuras
El proceso de recuperación de Flor de Ucayali contó con el apoyo de organizaciones como la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y la Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral (AIDER).
La comunidad tiene una proyección a 30 años basada en la autonomía, la sostenibilidad y la preservación de sus formas de vida ancestral. Como mensaje final, Irene Guimaraes expresó: “Hermanos y hermanas, no busquemos lo fácil, acerquémonos a nuestras organizaciones, a los mecanismos y a los aliados que pueden ayudarnos a resolver los problemas. Protejamos nuestros territorios y nuestros derechos, usemos los recursos de manera adecuada. Así lograremos un mejor futuro para nuestras mujeres, nuestros niños y toda la comunidad”.
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OECE) anuló la licitación de una obra pública en el sector Los Rubíes, en Piura, tras detectar serias irregularidades en el comité de selección de la Municipalidad Provincial, integrado por funcionarios de confianza del alcalde Gabriel Madrid.
Según informó el regidor Ricardo Acuña, el Tribunal de Contrataciones del Estado dejó sin efecto la adjudicación de la obra de mejoramiento de la movilidad urbana, valorizada en 3.3 millones de soles, al advertir que el comité favoreció de manera indebida a una empresa en dos oportunidades, dejando fuera a competidores que no eran de su “línea”.
Acuña calificó esta conducta como un comportamiento sistemático y reiterado, recordando que no se trata de un hecho aislado, sino de prácticas que ya han motivado anteriores resoluciones de nulidad y revocación de adjudicaciones por parte del OSCE.
“Eliminar a los competidores que no son de su línea, es decir, que no son sus caballos ganadores, es un comportamiento sistemático y reiterado de la municipalidad y de los comités de adjudicaciones de obras. En este caso hablamos de la ejecución del mejoramiento de pistas de la avenida D y la avenida Bello Horizonte, por 3.3 millones, donde hasta en dos oportunidades el comité favoreció de forma indebida a empresas de su línea”, señaló Acuña.
Consorcio favorecido
El regidor también cuestionó al consorcio ganador de la obra, Los Rubíes, conformado por la empresa Construcciones Generales LICAC e IRL, de la cual se desconoce mayor información sobre sus propietarios, sede y trayectoria en obras públicas, y por Servicios Generales Fuerte Roble IRL, compañía estrechamente vinculada al alcalde Gabriel Madrid. Esta última ya ha obtenido millonarios contratos durante su gestión en Tambogrande y en la actual administración de Piura, entre ellos la ejecución del Parque de las Aguas.
“El comité de selección, que depende del señor Gabriel Madrid y está integrado por funcionarios de confianza de su gestión, favoreció al consorcio Los Rubíes. Está conformado por una empresa de la que se sabe muy poco, Construcciones Generales LICAC e IRL, y por Servicios Generales Fuerte Roble IRL, que ya ejecutó obras importantes, entre ellas el conocido Parque de las Aguas, valorizado en cerca de 15 millones de soles”, agregó Acuña.
Investigación y denuncia
El regidor sostuvo que este accionar constituye un “comportamiento sistemático, reiterado y hasta doloso”, que busca beneficiar a determinadas empresas y excluir a competidores incómodos.
Asimismo, advirtió que varios proyectos ejecutados por Servicios Generales Fuerte Roble IRL han sido observados por la Contraloría, lo que debería generar desconfianza en la ciudadanía.
Finalmente, Acuña anunció que, además de la investigación que abrirá la Contraloría General de la República, presentará una denuncia ante la Fiscalía para que se determinen responsabilidades penales de los miembros del comité de adquisiciones.
Jaén, Cajamarca – La minería ilegal continúa expandiéndose sin control en las provincias de Jaén y San Ignacio, generando una creciente preocupación por los impactos ambientales y sociales en la región. Así lo advirtió el Ing. Marlon Cotrina Vílchez, responsable de la Pastoral Ecológica del Vicariato Apostólico San Francisco Javier, en una reciente entrevista con Radio Marañón.
Durante su intervención, Cotrina señaló que esta actividad ilícita está provocando graves daños ambientales y contaminación en zonas vulnerables, sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
“La minería ilegal está presente en el río Chinchipe, Marañón y otros afluentes de la región. Las autoridades no están cumpliendo su labor de supervisión”, afirmó Cotrina.
Mineros operan con permisos, pero violan límites legales
Uno de los principales problemas señalados por el ingeniero es el mal uso del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera). Este permiso, destinado a facilitar la formalización de mineros artesanales, está siendo utilizado como una fachada para expandir la explotación minera más allá de los límites permitidos.
“Deberían las autoridades supervisar estas acciones, pues los artesanales están operando en espacios no permitidos”, remarcó.
Según Cotrina, no hay control efectivo sobre los mineros registrados en el REINFO, lo que permite que sigan operando en zonas ecológicamente sensibles y sin estudios de impacto ambiental.
Contaminación de ríos y daño ecosistémico
La actividad minera en los ríos Chinchipe y Marañón, entre otros, no solo está alterando el equilibrio ambiental, sino que también pone en riesgo la salud de las comunidades locales que dependen de estas fuentes hídricas.
Organismos de la sociedad civil, como el Vicariato Apostólico, hacen un llamado urgente a las autoridades locales, regionales y nacionales para que cumplan su rol fiscalizador y detengan el avance de la minería ilegal en Cajamarca.
