El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó que ha identificado 2026 áreas degradadas por residuos sólidos municipales en todo el país, de las cuales 1975 podrían ser recuperadas. Así lo detalla el Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, publicado en agosto de 2025.
Según el reporte, las regiones con mayor número de botaderos categorizados para recuperación son Áncash (8.05 %), Cajamarca (7.89 %) y Ayacucho (7.39 %). Las 51 áreas restantes fueron clasificadas para reconversión, principalmente en Junín (66.3 %) y Cusco (21.56 %).
Herramienta digital para gobiernos locales
El OEFA precisó que, a través del Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental (PIFA), las municipalidades pueden consultar la ubicación y características de cada área degradada, así como conocer su clasificación y estado administrativo. Esta plataforma también permite a los gobiernos locales presentar información para acogerse a los beneficios del Decreto Supremo N.° 001-2025-MINAM.
Dicho decreto otorga un plazo adicional para que los municipios presenten sus Planes de Recuperación de Áreas Degradadas, siempre que acrediten avances en su elaboración.
Según el reporte, las regiones con mayor número de botaderos categorizados para recuperación son Áncash (8.05 %), Cajamarca (7.89 %) y Ayacucho (7.39 %). (Foto: OEFA)
Riesgos ambientales y sanitarios
En el marco del Día de la Gestión Integral de Residuos Sólidos (DIADESOL), el OEFA destacó la necesidad de recuperar estos espacios contaminados. “La recuperación de estas áreas es esencial para proteger la salud de las comunidades y mejorar la calidad del aire, el agua y el suelo”, señaló la entidad.
Los botaderos, al no contar con un manejo adecuado, representan focos de contaminación que afectan directamente a la población y al entorno. Por ello, el organismo insistió en la importancia de una intervención oportuna.
Acceso a la información y transparencia
La información del PIFA está disponible para autoridades y ciudadanos aquí. Según el OEFA, esta herramienta busca facilitar el trabajo conjunto entre instituciones y fortalecer las políticas públicas en gestión ambiental.
El reporte se presenta como una base para la toma de decisiones y la planificación de acciones de recuperación, en un contexto donde el manejo de residuos sigue siendo uno de los principales desafíos ambientales del país.
A sus 78 años, Juan Yarleque Coveñas recorre su bosque en el sector Somate Bajo, en la provincia de Sullana, con un machete en la mano y un objetivo claro: conservar y aprovechar de forma legal y sostenible los recursos del bosque seco. Su caso ha llamado la atención del Organismo de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre (Osinfor), que lo ha visitado como parte de sus acciones de supervisión en la región.
Durante la visita, Yarleque muestra con detalle los árboles de algarrobo y faique que crecen en su terreno, algunos de ellos marcados con la palabra «SEM» y otros con tocones numerados. Estos códigos responden al plan de manejo forestal aprobado por la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) de Piura, que le permite extraer madera de forma regulada.
“Estos arbolitos son semilleros, no los podemos cortar, porque tenemos que dejar que sigan produciendo y que sigan naciendo más arbolitos”, explica, mientras indica las zonas de su predio que han sido evaluadas por los técnicos.
Un manejo que cumple con la normativa
Aunque solo estudió el primer año de primaria, Juan Yarleque conoce las reglas que rigen el aprovechamiento de los recursos forestales. No utiliza términos técnicos, pero sigue al pie de la letra las indicaciones del regente forestal que lo asesora en el proceso.
Al iniciar cada proyecto, coloca un cartel informando sobre el período autorizado de aprovechamiento. (Foto: Osinfor)
“Antes que todo, hay que respetar las leyes. Hay que cortar los arbolitos de acuerdo a cómo están en el documento”, señala. Solo se permite cortar árboles con un diámetro igual o mayor a 30 centímetros; los más jóvenes deben permanecer en pie para permitir la regeneración del bosque.
Este trabajo se complementa con una gestión administrativa completa. Para transportar madera o carbón, el productor realiza el pago correspondiente, obtiene una guía de transporte y presenta los documentos cuando es intervenido por las autoridades o al momento de la venta.
Reconocimiento por buenas prácticas
En abril de 2025, Osinfor entregó a Juan Yarleque una constancia de cumplimiento de obligaciones, documento que reconoce su compromiso con la ley forestal y que le permite acceder a beneficios como descuentos en los derechos de aprovechamiento. También mejora su imagen ante los compradores, que valoran la trazabilidad y legalidad del producto.
A lo largo de más de una década, ha desarrollado cuatro proyectos de manejo forestal. En Piura, el permiso para el aprovechamiento del bosque seco tiene una duración de un año, por lo que el productor debe esperar a que los árboles crezcan nuevamente antes de presentar una nueva solicitud.
“Estos arbolitos son semilleros, no los podemos cortar, porque tenemos que dejar que sigan produciendo y que sigan naciendo más arbolitos”, explica Yarleque. (Foto: Osinfor)
Gracias a esta gestión responsable, Yarleque ha logrado mejorar sus condiciones de vida, educar a sus nueve hijos e invertir en su parcela, manteniendo al mismo tiempo una reputación sin sanciones.
Sostenibilidad con proyección futura
El aprovechamiento que realiza incluye la transformación del algarrobo en carbón y la venta del faique a astilleros, donde se utiliza en la reparación de embarcaciones. Para ambos productos, cumple con los requisitos legales exigidos por sus clientes.
Al iniciar cada proyecto, coloca un cartel informando sobre el período autorizado de aprovechamiento. Una vez vencido el permiso, retira el letrero y se prepara para el siguiente ciclo. “Lo bueno de hacer las cosas según la ley es que trabajamos con ustedes”, le dijo al coordinador de la Oficina Desconcentrada del Osinfor en Chiclayo, Fredy Palas Yacila, durante una supervisión reciente.
En declaraciones a la prensa durante su participación en el evento minero más importante del país, el ministro Jorge Montero fue enfático: “Conga fue un proyecto minero que, en este momento, está fuera del pipeline de proyectos del futuro”. Con estas palabras, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) cerró la puerta a uno de los proyectos más polémicos del sector extractivo en Perú.
El proyecto Conga sigue paralizado desde 2012
Ubicado en la región Cajamarca, el proyecto minero Conga permanece paralizado desde el 2012 tras una ola de protestas sociales motivadas por el posible impacto ambiental de su ejecución. La población local expresó su preocupación ante la amenaza a cuatro lagunas naturales y la posible afectación del suministro de agua potable.
El conflicto se agravó durante el gobierno de Ollanta Humala, cuando se autorizó su ejecución a cargo de la minera Yanacocha. Ese mismo año, la OEFA sancionó a la empresa por incumplir el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y vulnerar la normativa ambiental vigente.
A pesar del rechazo, Montero no descartó un eventual diálogo en el futuro: “Se volverá a dialogar cuando sea necesario y posible, con mucho respeto”, añadió el ministro.
Perú busca atraer inversiones con Arabia Saudita
En paralelo a la confirmación sobre Conga, el ministro Montero anunció que una delegación peruana viajará a Arabia Saudita en los próximos meses. El objetivo es suscribir cuatro convenios de cooperación estratégica para atraer inversiones, promover la industrialización de minerales y reforzar el posicionamiento del Perú como líder en la minería global.
La decisión del gobierno de mantener al proyecto minero Conga fuera de su agenda actual refleja una postura más cautelosa frente a los conflictos sociales y ambientales en el país. Mientras tanto, el Ministerio de Energía y Minas sigue apostando por la inversión internacional y el desarrollo sostenible del sector.
El Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (Unsch) anunció una paralización de 72 horas para los días 1, 2 y 3 de octubre, en protesta por el recorte de 12 millones de soles a su presupuesto y el incumplimiento de compromisos laborales asumidos por el Ejecutivo.
El representante sindical Joaquín Hernández explicó que la medida de lucha contempla una movilización interna el 1 de octubre y protestas en Lima los días 2 y 3.
“Durante esos tres días habrá paralización total de clases. Es un acuerdo de todos los docentes de la Unsch”, manifestó.
Los reclamos se centran en tres puntos: la falta de reglamentación de la ley que reconoce la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para docentes universitarios, pese a haber sido aprobada hace más de un año; el incumplimiento del incremento salarial comprometido en cuatro tramos desde 2023; y el recorte presupuestal que, según los docentes, afecta directamente a contratados y jefes de práctica.
“Ha pasado un año y dos meses desde la aprobación de la CTS y aún no se aprueba el reglamento. Muchos docentes en situación crítica no pueden retirarse dignamente después de 30 o 35 años de servicio”, declaró Hernández.
Asimismo, denunció que el presupuesto universitario destinado a la Unsch ha sido reducido en 12 millones de soles.
“¿Cómo se puede cumplir con los profesores contratados y jefes de práctica con este recorte? Ese dinero ha sido transferido al Ejército y la Policía, cuando debería priorizarse la educación”, sostuvo.
El dirigente adelantó que, además de la paralización de 72 horas, el magisterio universitario se sumará a una huelga nacional a partir del 13 de octubre.
“Estamos en una lucha por la defensa de la educación pública y los derechos laborales de los docentes universitarios”, afirmó.
La Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Loreto expresó su rechazo a la difusión de extractos de una investigación por presunta violación sexual en redes sociales y algunos medios de comunicación.
Señaló que tanto la víctima como el presunto agresor son menores de edad, por lo que recordó que el proceso debe mantenerse en estricta reserva para resguardar los derechos fundamentales de los involucrados.
Asimismo, la institución advirtió que la divulgación de información puede entorpecer el desarrollo de las diligencias, revictimizar a la persona afectada y ocasionar daños psicológicos a las familias. La Fiscalía reiteró su compromiso en conducir el caso con celeridad, respeto al debido proceso y bajo el principio de legalidad.
Sonriente y frío. William Saúl Poma Sierra, el ‘Chato Willy’, no se inmutó cuando la policía lo esposó el último lunes 22 de setiembre en El Tambo. Mientras los agentes revisaban su cuarto y encontraban siete armas, una granada y cientos de municiones, él mantenía la mirada baja y, de vez en cuando, una sonrisa que desentonaba con la gravedad de lo que se le acusa, el secuestro y asesinato del cobrador Samir Pillco Soto, ocurrido en Huancayo.
Tiene 27 años y desde los 21 se pasea por los tribunales sin que una sentencia firme lo alcance. Ahora es el principal sospechoso de la desaparición de Samir Pillco, el joven de 19 años que el 4 de noviembre pasado bajó de la combi en el anexo Uñas y nunca volvió a casa.
Sentenciado a doce años
El más grave caso para el ‘Chato Willy’ arrancó el 24 de julio de 2019, cuando, según la acusación, entró a una casa en Sicaya, en el barrio Libertad, con un cómplice, rompió un candado con una cizalla, golpeó a un familiar de los dueños con una piedra y se llevó 3 mil soles. El 29 de agosto de 2024 el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Huancayo, integrado por los jueces Baldeón Sanabria, Ingaroca Carlos y Méndez Cornejo, lo condenó a 12 años de cárcel por robo agravado.
La sentencia, sin embargo, duró poco. El 10 de abril de 2025 la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Junín, compuesta por Chipana Guillén, Lagones Espinoza y Meza Reyes, anuló el fallo. Los magistrados señalaron que el fiscal lo había imputado como autor directo, mientras que los hechos probaban coautoría, además, no quedó claro quién manejó la cizalla ni quién se apoderó del dinero. Con la sentencia anulada, se ordenó declarar nulo el proceso y repetir el juicio oral, la nueva audiencia sigue sin fecha.
La resolución declaró nulo el fallo y ordenó nuevo juicio para William Poma, en abril último.
Caso 2
El segundo caso que la viene librando ‘Chato Willy’ es hurto agravado, ocurrido el 30 de julio de 2022, lo detuvieron acusado de escalar la pared de una vivienda y robar en su interior en El Tambo. La fiscalía solicitó 3 años y 6 meses de prisión más 8 mil soles de reparación civil. Recién en junio de 2025 se dictó el auto de enjuiciamiento, el juicio oral aún no tiene fecha.
Placa falsa
La policía lo interceptó en mayo último conduciendo una moto Yamaha con placa W7 0550. Peritos confirmaron que la chapa no cumplía las especificaciones técnicas oficiales. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo le impuso dos años de pena suspendida y 2 mil soles de reparación civil, no se le dictó prisión preventiva.
Nacido en El Tambo, Poma Sierra suma otros procesos por robos y hurtos y ninguna condena firme. Como ha podido corroborar Huanca York Times, tienes dos juicios pendientes y uno resuelto con pena que no le ordenó ir a la cárcel.
El caso Samir Pillco
Ahora la investigación más grave corre a cargo del fiscal Luis Cárdenas Moreno, de la Quinta Fiscalía Penal Corporativa de Huancayo, que logró sentencias por sicariato, lavado de activos, robo agravado y fraude informático. El 11 de septiembre consiguió que el 6.° Juzgado de Investigación Preparatoria dictara siete días de detención preliminar contra Poma Sierra, Saray Joselin Vera Aranda (19) y Alfredo Robinson Sánchez López (27), investigados por secuestro y homicidio calificado.
Samir salió de su casa el 4 de noviembre para trabajar como cobrador en una línea de combi de Chupuro. A mitad del recorrido recibió una llamada de su enamorada y pidió al chofer que lo dejara en el anexo Uñas, en El Tambo. Nunca regresó. La fiscalía sostiene que el móvil fue una disputa sentimental, Poma Sierra, pareja de Saray Vera, habría descubierto que la joven también mantenía una relación con la víctima.
La hipótesis es que Saray actuó de señuelo, citó a Samir al anexo Uñas, zona donde vive su familia. Allí lo esperaban Poma Sierra, Sánchez López y dos venezolanos aún no identificados. Según la acusación, lo secuestraron, lo encerraron en una habitación del sector Cullpa Alta y luego lo asesinaron. Para asegurar la impunidad, habrían quemado y enterrado el cuerpo en el cerro de Cullpa, amenazado a testigos y ofrecido sobornos.
La resolución judicial ordenó allanar cuatro inmuebles de El Tambo (Jr. Oriental 180, Pasaje Chicchicancha s/n, Jr. José Olaya 187, este último en dos ambientes) con descerraje, registro personal y de vehículos, incautación de celulares, laptops, ropa, herramientas de labranza, bidones que hayan contenido combustible y muestras de ADN. También se mandó realizar peritaje a los autos de placas AZA 336, A8H 506 y D8J 360 en busca de sangre o restos biológicos.
Además del arsenal hallaron autopartes de vehículo en el cuarto de Chato Willy.
Durante el registro a su cuarto en El Tambo se hallaron siete armas (cuatro pistolas y tres revólveres), 1 145 municiones, una granada de guerra, una dinamita gelatinosa, 245 cartuchos de fabricación boliviana y ocho cacerinas. El juez, en este caso, encontró “razones plausibles” de participación y “riesgo de fuga”, calificando la medida de “idónea, necesaria y proporcional”. La diligencia debe ejecutarse en 72 horas y la detención vence el 29 de septiembre, salvo que se solicite prisión preventiva. Corren contra el tiempo.
Poma Sierra, que ya había esquivado una condena de 12 años, ahora enfrenta la investigación más grave de su historial. La fiscalía y los ‘sabuesos’ de la Policía buscan el cuerpo de Samir Pillco y una sentencia que, esta vez, no pueda ser anulada por vicios de forma.
La madrugada del último lunes, el miedo volvió a apoderarse en Juliaca. Aproximadamente las 3:40 a.m. cuando Yordi Darwin Quispe Condori (27) fue sorprendido en la puerta de su vivienda, ubicada en el jirón Juan Pablo Segundo de la urbanización San Julián, por un grupo aproximado de ocho a diez delincuentes fuertemente armados que vestían chalecos similares a los de la Policía.
El objetivo de los asaltantes fue presuntamente apoderarse de la camioneta Toyota RAV-4 negra del joven. Para ello, llegaron en tres vehículos, entre ellos un Toyota Rush blanco con placa CNF-593, y portaban armas de corto y largo alcance que usaron para amenazar a la víctima.
Un asalto que pudo terminar en tragedia
Según narró Quispe a las autoridades, al resistirse al robo fue golpeado violentamente. Mientras tanto, su pareja, en un acto desesperado, logró cerrar la puerta de la vivienda, evitando que los hampones ingresaran al interior de la casa. Esa acción evitó una tragedia aún mayor.
Los delincuentes, frustrados al no poder llevarse el vehículo, emprendieron la fuga con dirección a la salida de Lampa en el Toyota Rush. Para la Policía, la placa identificada constituye una pista clave en las investigaciones.
Investigación en curso
La fiscal Andrea Quispe Condori, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román, llegó a la zona para disponer las diligencias de Ley. La escena del crimen fue cercada por agentes policiales, quienes también revisan las cámaras de seguridad de la urbanización para dar con los responsables.
De acuerdo con la versión de la víctima, los hampones habrían estado realizando un seguimiento previo a tres vehículos de la zona, incluido el suyo, lo que confirma la planificación del robo agravado.
Un patrón delictivo en Juliaca
Este violento intento de asalto no es un hecho aislado. Según registros de la Divopus Juliaca, en lo que va del año se han reportado doce intervenciones por delitos contra el patrimonio, de las cuales al menos tres casos involucran el uso de chalecos falsos de la Policía.
La modalidad preocupa a los vecinos, quienes denuncian que la inseguridad crece sin control y exigen mayor presencia policial en sus calles.
Mientras tanto, Yordi Quispe fue atendido en un centro médico local por lesiones leves. Hoy, junto a su familia, intenta recuperarse del susto que dejó la peor madrugada de su vida.
Seis delincuentes armados asaltaron violentamente una vivienda en Totorani del distrito de Puno, hiriendo de bala a una joven de veintisiete años en ambos pies y golpeando brutalmente a su madre de sesenta y tres años durante el robo de cinco mil soles y exigiendo las llaves del vehículo familiar.
Los asaltantes ingresaron al domicilio encapuchados y con guantes, portando revólveres mientras exigían dinero supuestamente retirado del banco. Los criminales gritaban «¿Dónde está la plata? ¿Qué han sacado del banco?», mientras golpeaban con palos a las víctimas según el testimonio.
La madre relató que los criminales dispararon a su hija en ambos pies tras amenazarla de muerte durante el asalto. «Si no me entregas te voy a matar», declaró una de las víctimas sobre las palabras del asaltante antes del disparo.
Durante el asalto, los delincuentes sustrajeron cinco mil soles y exigieron las llaves del vehículo familiar para huir del lugar. Dos menores de edad se escondieron bajo una cama para evitar ser vistos por los criminales armados.
La hija de la víctima reconoció a uno de los asaltantes, sugiriendo que se trataba de un conocido de la familia. Los delincuentes huyeron en automóvil por la carretera principal tras escuchar gritos de auxilio de los vecinos alarmados.
Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno para recibir atención médica especializada. La joven presenta heridas de bala en extremidades inferiores mientras su madre sufrió golpes en la cabeza con objetos contundentes.
La zona carece de iluminación pública y vigilancia policial regular según reportes de los vecinos del sector. Las autoridades investigan el caso para capturar a los seis delincuentes que perpetraron este violento asalto en la localidad de Totorani.
El presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, Fernando Santoyo, afirmó que un sistema defectuoso afecta los ingresos del Ministerio de Cultura. Además, advirtió sobre el sistema en línea de venta de entradas a Machu Picchu – Cusco presenta múltiples problemas, por ello se evidencia una gran cantidad de devoluciones.
Algunas agencias locales no han respetado los protocolos de compra-venta en la plataforma virtual, según afirmó Santoyo. Por consiguiente, se ha demostrado que ciertas agencias capturan una cantidad grande de boletos durante la semana. Posteriormente, devuelven un promedio de entre 2,000 y 3,000 boletos semanalmente.
De hecho, la mayor pérdida monetaria se genera con la venta presencial de boletos. Santoyo remarcó que se ofrecen 1,000 boletos presenciales en el pueblo de Machu Picchu. Sin embargo, no se venden todos los días ni con la misma frecuencia a todos los turistas.
En promedio anual, se venden 400 boletos de mil y 600 son devueltos, sin venderse. Consecuentemente, el año 2024 las devoluciones significaron una pérdida de 25 millones de soles para el Ministerio de Cultura. En definitiva, las fallas en el sistema de entradas a Machu Picchu perjudican directamente al turismo en Cusco.
Los visitantes que no encuentran boletos en la plataforma se ven privados de visitar la maravilla mundial. En efecto, los accesos físicos no se están vendiendo de forma eficiente. Finalmente, estas pérdidas impactan gravemente al desarrollo económico del sector.
El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) viene ejecutando un estudio sobre la diversidad genética del paiche (Arapaima gigas) en Ucayali, como parte de un proyecto que también abarca Loreto y San Martín. La iniciativa busca asegurar una producción sostenible y evitar problemas derivados de la consanguinidad.
En la región se evaluaron 75 parejas de paiche en nueve centros de cultivo situados en Yarinacocha, Manantay y Campo Verde, a lo largo de la carretera Federico Basadre. Cada ejemplar fue medido, identificado y, cuando fue necesario, se le implantó un chip para su control.
A los peces también se les tomaron muestras de aleta para realizar análisis genéticos, asignándoles un código único que permitirá un seguimiento detallado. Este procedimiento busca generar una base de datos digital con información confiable para orientar la selección de reproductores.
Riesgos de la consanguinidad
El cruzamiento entre peces emparentados o provenientes de distintas cuencas puede ocasionar malformaciones, crías débiles o casos de enanismo. Con el nuevo diagnóstico, los acuicultores podrán acceder a reproductores más compatibles y mejorar la calidad de sus poblaciones.
Ucayali se ha consolidado como la segunda región con mayor producción de paiche en el país, después de Loreto. (Foto: IIAP)
La investigadora del IIAP y responsable del proyecto, Diana Castro Ruiz, destacó la relevancia del trabajo: “Este diagnóstico genético será una herramienta esencial para fortalecer la piscicultura amazónica y, al mismo tiempo, conservar y aprovechar de manera responsable el paiche”.
Participación de los productores
El estudio contó con la colaboración directa de los piscicultores locales, quienes facilitaron las muestras y recibieron asesoría técnica sin costo. De esta manera, el proyecto no solo aporta información científica, sino que también ofrece beneficios prácticos para la actividad acuícola en la zona.
Ucayali se ha consolidado como la segunda región con mayor producción de paiche en el país, después de Loreto, con más de 140 toneladas al año y más de 30 empresas dedicadas a su crianza.
