El coordinador general de la Unidad Ejecutora 015 “Mejoramiento del Servicio de Transporte Urbano en la ciudad de Trujillo”, encargada de implementar el proyecto BRT (buses de rápido tránsito) Corredor Troncal Norte-Sur y Rutas Alimentadoras, Carlos Rafael Torres Mosqueira, se encuentra en el centro de graves cuestionamientos por presuntamente copar cargos con profesionales vinculados al partido político Alianza para el Progreso (APP), liderado por César Acuña.
Especialistas advierten sobre una posible política de contrataciones direccionadas. Además, señalan que Torres Mosqueira fue acusado por una consejera regional de Virú, quien solicitó su cese como subgerente de Estudios Definitivos del Gobierno Regional de La Libertad, al estar presuntamente involucrado en irregularidades en el expediente técnico del Hospital de Virú.
Asimismo, se le menciona entre los funcionarios cuestionados por procesos disciplinarios debido a omisiones en consultas y observaciones durante procedimientos de contratación, cuando ejercía como subgerente de Estudios Definitivos. Esta situación pondría en tela de juicio su capacidad para administrar los 566 millones de soles destinados al proyecto del Corredor Troncal Norte-Sur y sus rutas alimentadoras.
Procesos administrativos disciplinarios
Carlos Rafael Torres Mosqueira, arquitecto y exsubgerente de Estudios Definitivos del Gobierno Regional de La Libertad, acumula diversos cuestionamientos por su desempeño en cargos públicos. En 2018 integró el comité de licitación del Hospital de Apoyo de Otuzco, proyecto en el que la Contraloría General de la República advirtió una posible sobrevaloración de S/ 6 millones dentro de una inversión total de S/ 150 millones. Por este caso, se le abrió un proceso administrativo disciplinario debido a que omitió responder consultas y observaciones a las bases del proceso, contestando únicamente a la empresa ZyB Multiservicios E.I.R.L.
En 2024, la consejera regional de Virú, Eddy Camacho, pidió su retiro del cargo de subgerente por estar implicado en las irregularidades del expediente técnico del hospital de esa provincia. Un informe de la Contraloría (N.° 076-2023) recomendó acciones legales contra varios funcionarios, entre ellos Torres Mosqueira, por haber participado en la elaboración, supervisión y aprobación de un expediente que presentaba graves deficiencias y generó un presunto perjuicio económico superior a S/ 1,6 millones. Además, se señaló que, durante la gestión de César Acuña, el expediente fue reformulado con personal de planta del GRLL, lo que incrementó en más de 60 % el costo original.
Finalmente, en 2025, nuevas resoluciones del Gobierno Regional de La Libertad le imputaron presunta responsabilidad disciplinaria por negligencia en el desempeño de funciones, de acuerdo con la Ley del Servicio Civil. Estos antecedentes han dejado en evidencia su vinculación con expedientes técnicos deficientes, procesos de selección anulados, posibles sobrevaloraciones millonarias y reiterados procesos disciplinarios en su contra.
Diversos especialistas en transporte urbano coincidieron en que la designación de Carlos Torres Mosqueira resulta contraria a los principios de idoneidad técnica y transparencia que demanda la gestión pública. Señalaron que su historial de expedientes técnicos observados, procesos disciplinarios abiertos y reiteradas nulidades en proyectos de infraestructura lo inhabilitan moral y profesionalmente para asumir responsabilidades en un sector tan sensible como el transporte, donde la planificación rigurosa y la eficiencia en la inversión son fundamentales.
Ejecución presupuestal
A la fecha, la mencionada Unidad Ejecutora 015, que depende del pliego MTC y tiene como responsable a la directora ejecutiva del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible (Promovilidad), adscrito al sector, y al coordinador general Carlos Rafael Torres Mosqueira, muestra cifras preocupantes.
El 2025 inició con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 11 millones para la Unidad Ejecutora 015; sin embargo, a mitad de año se solicitó una reducción a S/ 5,9 millones. Pese a ello, el nivel de ejecución es alarmantemente bajo: apenas S/ 500 mil, equivalente al 9 % del presupuesto vigente, lo que refleja una gestión ineficiente y preocupante.
En diciembre de 2023, el Gobierno Regional de La Libertad le abrió un proceso administrativo disciplinario mediante la Resolución Gerencial Regional N.° 000262-2023-GRLL-GGR-GRI, por presunta negligencia en el desempeño de funciones, tipificada en la Ley del Servicio Civil. La Contraloría detectó que, bajo su gestión como subgerente de Estudios Definitivos, se produjo un error material en la consignación del IGV dentro de un procedimiento de contratación pública, lo que derivó en la nulidad del proceso de licitación para la obra de rehabilitación del camino departamental en la provincia de Gran Chimú.
Este hecho se suma a los antecedentes previos en proyectos de salud como los hospitales de Otuzco y Virú, donde la Contraloría advirtió sobrevaloraciones millonarias, deficiencias técnicas y perjuicios económicos al Estado, responsabilizando a Torres Mosqueira junto a otros funcionarios. En todos estos casos, se le ha señalado por omisiones graves, expedientes deficientes y negligencia técnica, lo que ha dado lugar a múltiples procesos disciplinarios en su contra.
Pese a este prontuario, en 2025 fue promovido como coordinador general de la UE 015, encargada de implementar el Corredor Troncal Norte-Sur y las Rutas Alimentadoras de Trujillo, decisión que especialistas en transporte califican como un retroceso y un riesgo para la modernización del sistema de transporte urbano.
Antecedentes
Carlos Rafael Torres Mosqueira, actual coordinador general de la Unidad Ejecutora 015, acumula un historial de cuestionamientos, procesos disciplinarios y presuntos vínculos con el uso político de cargos públicos.
En 2018 integró el comité de licitación del Hospital de Apoyo de Otuzco, donde la Contraloría detectó una sobrevaloración de S/ 6 millones y serias deficiencias en el expediente técnico. Por estas irregularidades, se le abrió un proceso administrativo disciplinario por omitir responder observaciones a las bases. Luego, en el Hospital de Virú, la Contraloría halló un perjuicio económico superior a S/ 1,6 millones por expedientes mal elaborados y reformulados, señalando directamente a Torres junto a otros funcionarios.
En 2023 volvió a ser investigado tras detectarse que, como subgerente de Estudios Definitivos, incurrió en negligencia en el desempeño de funciones al consignar de manera errónea el IGV en un procedimiento de contratación pública en Gran Chimú, lo que obligó a declarar nulo el proceso. La sanción posible incluía desde suspensión hasta destitución. Ese mismo año, apareció en la planilla de consultores FAG del GRLL con un sueldo mensual de S/ 8.000, esquema criticado por exautoridades como un mecanismo de favores políticos y reciclaje de cuadros vinculados a APP, más que por méritos técnicos.
En septiembre de 2024 integró el comité de licitación de la carretera Otuzco–Usquil, proceso que fue declarado desierto tras detectarse la participación de empresas ligadas al denominado “Club de la Construcción”, lo que volvió a poner en entredicho la transparencia de los procesos donde tuvo participación.
Este conjunto de antecedentes expedientes técnicos deficientes, sobrevaloraciones millonarias, procesos disciplinarios, contratos cuestionados y participación en licitaciones con empresas investigadas evidencia un perfil altamente cuestionado, carente de idoneidad para liderar un proyecto estratégico como el Corredor Norte-Sur y las Rutas Alimentadoras de Trujillo. Diferentes voces y especialistas coinciden en que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con especial atención al Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible, debería evaluar la permanencia del citado funcionario, que no estaría capacitado para asumir las riendas del proyecto Corredor Vial Norte-Sur de Trujillo y Rutas Alimentadoras, en el que se prevé invertir 566 millones de soles.
En la actualidad, el contrato para elaborar el expediente técnico del Corredor Troncal Norte-Sur fue suscrito por Jorge Benavente, director de la Dirección de Gestión de Inversiones de Promovilidad, y Marco Antonio Montalvo, representante del Consorcio Corredor Vial Norte-Sur II, integrado por las empresas Sener Mobility S.A. (España) y CESEL S.A. (Perú). El proyecto se ejecutará sobre 11,18 km, con tres rutas alimentadoras y una longitud total de 29,28 km, atendiendo a poco más de 400 mil habitantes. Reducirá en un 30 % los viajes interdistritales en más de 40 rutas de servicio de transporte urbano al operar con flotas modernas.
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