El puente Punta Arenas, ubicado en el distrito de Campanilla, en la provincia de Mariscal Cáceres, sufrió un daño estructural el pasado 12 de marzo. En esta ocasión, se dio la rotura de diez cables de soporte, un daño mucho más grave que el ocurrido en 2023. Este viaducto es clave para la conexión del sur de la región San Martín con la sierra y la costa del país, a través de la carretera Fernando Belaúnde Terry.
Ante esta situación, el alcalde de Campanilla, Víctor Saavedra condenó el ataque y exigió una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables. Además, pidió acciones inmediatas para restablecer el tránsito y garantizar la seguridad en la zona.
Crisis en la conectividad y llamado al Gobierno
El cierre temporal del puente viene afectando la movilidad y el comercio de la región, con un impacto directo en la economía de las comunidades del Alto Huallaga. “Este atentado no solo afecta la vialidad y la transitabilidad, sino también el desarrollo económico de la zona”, declaró el alcalde.
En respuesta a la emergencia, las autoridades locales acordaron exigir la presencia del ministro de Transportes y Comunicaciones en Campanilla para establecer una mesa de diálogo. El objetivo es definir plazos concretos para la rehabilitación del puente, evitando que el problema se prolongue, como ocurrió con el puente Pizana, cuya reparación se ha demorado años.
Además, se decidió que todas las reuniones sobre el puente Punta Arenas se realicen en Campanilla, y no en otras ciudades como Moyobamba o Tarapoto, con el fin de garantizar decisiones más informadas y efectivas.
Control estatal del servicio de balsa cautiva
Uno de los principales acuerdos alcanzados en la reunión de emergencia fue la solicitud de intervención del Estado en la gestión del servicio de balsa cautiva, utilizado para el transporte de vehículos a través del río Huallaga. Se propuso que la Marina de Guerra del Perú y el Ministerio de Transportes asuman el control del servicio, evitando que operadores privados presuntamente vinculados con el atentado se beneficien de la situación.
Como alternativa, se planteó la implementación de un proyecto IOAAR que permita a la Municipalidad Distrital de Campanilla, junto con las rondas campesinas, administrar directamente la barcaza cautiva municipal. “Esto permitirá una gestión más justa y equitativa del servicio, beneficiando a la comunidad sanmartinense”, explicó el alcalde.
Las rondas campesinas, por su parte, se comprometieron a evitar que actores privados lucren con la crisis, exigiendo que cualquier servicio de transporte en la zona sea autorizado y supervisado por la municipalidad y las organizaciones sociales locales.
Medidas de emergencia y plazos de reparación
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, anunció que el tránsito por el puente Punta Arenas quedará interrumpido a partir del 14 de marzo. La decisión busca proteger la seguridad de la población, ya que la rotura de los cables estructurales representa un riesgo para el tránsito de vehículos y peatones.
Especialistas de Provías Nacional estiman que la reparación del puente tomará aproximadamente 90 días. Mientras tanto, las autoridades exhortan a la población a respetar las indicaciones de seguridad y reportar cualquier acto de vandalismo contra la infraestructura vial.
