SAN MARTÍN. Otra reacción en contra de la norma que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (29763). Durante una reunión de trabajo del Parlamento Amazónico, que tuvo lugar ayer jueves 11, en Lima, el gobernador regional de San Martín, Walter Grundel Jiménez, expresó su más enérgico rechazo a las modificaciones a la legislación ambiental, que han entrado en vigencia desde hoy, bajo la Ley N° 31973.
La oposición hacia la reforma de la Ley forestal se debe a que en San Martín, en comparación de las demás regiones amazónicas, se ha avanzado más en la mitigación del cambio climático y se viene trabajando con más intensidad a fin de obtener mejores resultados.
«Estas determinaciones del legislativo no hacen más que obstaculizar los proyectos a favor del ambiente, generando consecuentemente, el repudio de los pueblos de la Amazonía», manifestó Grundel.
De igual manera, el gobernador regional señaló que la Ley aprobada por el Congreso no ha cumplido con los procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, vulnerando sus derechos colectivos reconocidos por el Estado peruano y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
«Lo que promueve es afectar aun más los entornos de inseguridad de las personas defensoras de derechos de pueblos indígenas y derechos ambientales, debido a que se incrementarían los riesgos de las actividades ilegales que invaden territorios y causan deforestación», sostuvo.
Informe indica que modificaciones a Ley forestal promueven deforestación
Es preciso indicar que especialistas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señalaron en un informe legal que la modificatoria de la Ley Forestal promueve y legaliza la deforestación y degradación de los bosques. Esta Ley se aprueba pese a que la deforestación en el Perú se ha incrementado en cerca de un 7%.
De acuerdo con la opinión legal de la SPDA, lo aprobado representa un retroceso en la gobernanza de los bosques, al vulnerar los derechos de los pueblos originarios y comunidades locales. Asimismo, se trata de un retroceso en la lucha contra la deforestación, pues la norma va en contra de las regulaciones ambientales nacionales e internacionales.
Organizaciones públicas e indígenas rechazan cambios
Por otro lado, autoridades como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Ambiente (Minam), el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) se han mostrado en contra de esta propuesta legislativa porque presenta el riesgo de afectar los bosques y las tierras forestales y de protección que forman parte del patrimonio de la nación.
Según datos del Ministerio del Ambiente (Minam), en 2020 la pérdida de bosques alcanzó una superficie mayor a 200 mil hectáreas y el 80% de este territorio fue destinado para la agricultura y ganadería, pese a que no eran tierras aptas.
