SAN MARTÍN. Este viernes 29 de diciembre, se conmemoró un mes del asesinato del defensor ambiental Quinto Inuma Alvarado, quien era apu o jefe de la comunidad nativa kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, ubicada en el distrito de Huimbayoc, en la provincia y región San Martín. El crimen ocurrió el pasado 29 de noviembre, por la tarde, cuando el líder indígena, de 50 años, retornaba a su hogar, desde la ciudad de Tarapoto, en un viaje que dura varias horas y que implica movilizarse por carretera y río.
Inuma fue emboscado y abatido en el río Yanayacu por sujetos armados, presuntamente vinculados con el tráfico ilegal de madera y el narcotráfico. En la embarcación atacada, además del defensor ambiental, iban su esposa, uno de sus hijos de 21 años, su hermano, un primo, el entonces vice apu de Santa Rosillo y su sobrino, Meister Inuma Pérez, y Axeldina Barbarán Tapullima, también familiar del líder indígena. Sin embargo, aunque ha transcurrido un mes, no hay avances en la búsqueda de justicia, denuncian la familia y organizaciones indígenas.
Indignación por pocos avances
La Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la región San Martín (Codepisam) y uno de sus bases, la Federación de Pueblos Indígenas Kichwa Chazuta Amazonía (Fepikecha) publicaron un mensaje en el que exigen a las autoridades a “que no se promueva más impunidad y se detenga, investigue, procese y sancione a los autores del crimen”. En ese sentido, cuestionan la lentitud para obtener justicia.
Por su parte, Kevin Inuma, el hijo mayor de Quinto Inuma, manifestó su frustración ante la falta de avances en la investigación por el asesinato de su padre. En diálogo con Inforegión, expresó su desconcierto e indignación por los motivos de la demora en esclarecer este crimen.
«No sé por qué tanto demoran en hacer justicia por la muerte de mi padre. No hay ninguna detención, avances, nada. ¡Queremos justicia!», declaró.
Amenazas denunciadas por Quinto Inuma
Desde el 2017, la población de Santa Rosillo de Yanayacu ha denunciado los peligros de las economías ilegales en su territorio. El caso de Quinto Inuma, específicamente, ha sido puesto en conocimiento de diversas autoridades y en espacios nacionales e internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en eventos de las Naciones Unidas (ONU).
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) incluso activó, en 2021, una alerta temprana para Quinto y su hermano Manuel, ante la situación de riesgo por la “falta de seguridad jurídica de la comunidad” y “las actividades ilegales relacionadas con la tala ilegal”. Ese año, tras ser atacados por denunciar cultivos de coca en la comunidad, el dirigente kichwa y su hermano fueron trasladados a Tarapoto, pero retornaron al poco tiempo, porque no tenían forma de sostenerse afuera y para seguir defendiendo su territorio.
Las amenazas no cesaron. En setiembre de 2022, se reportaron dibujos de revólveres en troncos de árboles. La denuncia pública señaló a Jorge Segundo Ramírez Mandruma, Julio Barbarán Ojana y Limber Ríos como los posibles responsables de estos actos intimidatorios.
Asimismo, en abril de 2023, según OjoPúblico que cita un informe de la organización Fondo Socioambiental del Perú, dos hombres armados, que habrían sido identificados como los hermanos Diego y Dedicación Vega Pardo, llegaron a Santa Rosillo de Yanayacu, buscando a Quinto. Esta acción fue reportada como un intento de ataque en su contra. Diego y Dedicación también serían responsables de deforestar parte de la zona en 2022.
«Responsables con las horas contadas»
El día siguiente de conocerse sobre este nuevo crimen contra un defensor ambiental, el ministro del Interior Víctor Torres llegó a Tarapoto con una delegación de funcionarios públicos y distintos mandos de la Policía Nacional. En una conferencia de prensa, Torres aseguró que este hecho no quedaría impune y que los responsables del crimen tenían las horas contadas.
