Este 11 de diciembre, se presentó el informe “Posicionamiento político del Grupo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos frente a la situación de los pueblos indígenas u originarios en el Perú”. Este documento expone los desafíos que enfrentan las comunidades originarias en un contexto de profunda crisis política. Este esfuerzo colectivo, integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil, busca visibilizar la discriminación histórica y las amenazas actuales que atentan contra su supervivencia.
Crisis política y su impacto en los pueblos indígenas
El informe destaca cómo la transición presidencial tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo y la llegada de Dina Boluarte al poder desencadenaron protestas masivas. Estas manifestaciones, en su mayoría protagonizadas por pueblos indígenas y comunidades campesinas, fueron reprimidas con “uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”, dejando 60 víctimas mortales. “En algunos casos pudo haber ejecuciones extrajudiciales e incluso masacres”, subrayan citando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Amenazas territoriales y economías ilegales
Uno de los temas más alarmantes es la pérdida y degradación de los territorios indígenas debido a actividades extractivas y economías ilegales como la minería y la tala ilegal. Según datos que recoge el informe, “las economías ilegales mueven más de 33 000 millones de dólares, casi la mitad de nuestro presupuesto nacional”, con impactos devastadores para la Amazonía y sus habitantes.
El modelo económico primario exportador también ha incentivado la deforestación y la invasión de tierras ancestrales. Estas prácticas generan conflictos sociales y ambientales, despojando a las comunidades de sus recursos esenciales. Además, destaca que la deforestación ha aumentado a un ritmo de más de 100 000 hectáreas al año. afectando especialmente a las comunidades nativas que aún no cuentan con un título de propiedad formalmente reconocido sobre sus territorios tradicionales.
“La minería viene generando graves impactos ambientales, contaminando los ríos y cochas, el suelo y los pastos”, también indica el informe. A ello se suma el impacto de la explotación de hidrocarburos. El informe denuncia que, a pesar de los daños ya causados, el Estado sigue promoviendo la explotación de nuevos lotes petroleros en la Amazonía y en el mar peruano.
Participación política y representación limitada
A pesar de representar una proporción significativa de la población, los pueblos indígenas tienen poca incidencia política. El fracaso en la implementación de la cuota indígena en elecciones refleja la exclusión persistente. Además, la negativa del Congreso a ratificar el Acuerdo de Escazú limita su acceso a información y justicia ambiental. “El Estado peruano evade sistemáticamente la responsabilidad que tiene de garantizar la participación política de los pueblos indígenas”, denuncia el informe.
El documento también señala que el actual sistema de reservas territoriales indígenas en Perú no cubre la totalidad de los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). Muchas de sus áreas permanecen excluidas o son categorizadas de manera que no aseguran su plena protección. “El marco normativo peruano, centrado en la figura de la Reserva Indígena, implica una intangibilidad parcial. Eso quiere decir que siempre existe la posibilidad de que se puedan explotar recursos al interior de las Reservas”, advierten.
En medio de esta adversidad, las comunidades indígenas continúan luchando por sus derechos. El informe insta al gobierno a revertir políticas regresivas y fortalecer la protección de los territorios y culturas originarias. Por último, exige el reconocimiento efectivo de los derechos colectivos, incluyendo la consulta previa y la participación activa en decisiones que impacten sus territorios.
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