El informe 2024-II sobre libertad de expresión, presentado por el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) en la 80 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, revela un aumento preocupante en las agresiones hacia la prensa en Perú. A diferencia de años anteriores, en los que el Poder Ejecutivo y Legislativo eran los principales agresores, en esta ocasión, «todas las instituciones del Estado se enfrentaron a la prensa por igual». Esto incluye al Ministerio Público y a los gobiernos regionales, que ahora participan activamente en acciones que atentan contra la libertad de expresión.
El Ejecutivo: una ofensiva encabezada por el ministro del Interior
Si bien la presidenta Dina Boluarte mantuvo una postura más silenciosa hacia los medios en los últimos meses, su ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha sido uno de los principales protagonistas de ataques directos. En abril, Santiváñez amenazó con emprender acciones legales contra los periodistas César Hildebrandt y Ricardo Velazco por sus investigaciones sobre presuntas irregularidades en su gestión, calificando a Velazco de «miserable».
Más tarde, en septiembre, el ministro amenazó a la periodista Karla Ramírez, de Panamericana Televisión, por WhatsApp con un mensaje directo: «No me difames, Karla (…) espere mis acciones legales». Además, el informe destaca que el propio despacho presidencial ha evitado entregar información relevante, como el uso de un vehículo oficial vinculado al prófugo Vladimir Cerrón. En eventos públicos, la prensa ha sido limitada en su cobertura, e incluso se ha acusado a los medios de instigar a la violencia en lugar de reportar con objetividad.
Legislativo: censura y amenazas en aumento
El Congreso peruano también ha jugado un rol importante en los ataques a la prensa. Uno de los casos más preocupantes es el del congresista Jorge Luis Flores Ancachi, quien propuso una ley que busca impedir que periodistas que hayan trabajado en medios de comunicación puedan contratar con el Estado por un año. El CPP destaca que «esta iniciativa se lee como un acto vindicativo» por parte de congresistas involucrados en escándalos de corrupción, como el propio Flores Ancachi, acusado de «mochasueldo» y otros actos irregulares.
El expresidente del Congreso, Alejandro Soto, también ha tenido una participación notable. Durante su gestión, prohibió a la prensa cubrir una sesión de la Comisión Permanente, rompiendo con la tradición de transparencia en ese espacio. Además, ha iniciado querellas por difamación contra varios periodistas, exigiendo sumas exorbitantes como reparación civil. Soto ha sido especialmente crítico con la prensa cusqueña, quienes lo han calificado como «uno de los políticos que más avergüenza al Cusco».
El Ministerio Público: otro actor agresor
El Ministerio Público ha pasado de ser una institución defensora de la legalidad a ser un actor agresor contra la prensa. En abril de 2024, la vivienda del periodista Juan Carlos Tafur fue allanada, y sus dispositivos electrónicos incautados. Las autoridades alegaron que Tafur formaba parte de una «organización criminal», citando sus artículos como evidencia. Esto, según el informe, es parte de un creciente patrón en el que las investigaciones judiciales se usan para intimidar a los periodistas y frenar investigaciones periodísticas incómodas.
Gobiernos regionales y fuerzas policiales: la represión local
En las regiones del país, los periodistas tampoco están a salvo. El CPP reporta que agresiones por parte de funcionarios públicos y agentes de seguridad han sido recurrentes en zonas como La Libertad, Loreto y Moquegua. En un incidente particularmente violento, el periodista Paul Vega Roque, de Radio Estación MIC en Loreto, fue golpeado por un policía mientras cubría una protesta. «¿Cuál represión?», fue la respuesta irónica del agente antes de agredirlo.
Cine y medios locales también bajo amenaza
La censura no se limita solo a la prensa escrita y televisiva. Según el informe, el Congreso ha aprobado una serie de leyes que limitan la producción de cine peruano, especialmente aquellas películas que abordan temas sensibles como los derechos humanos durante la época del terrorismo. Además, el financiamiento estatal para producciones en regiones se ha reducido significativamente, afectando a la descentralización cultural.
Libertad de expresión en peligro
El informe del CPP muestra un panorama desalentador para la libertad de expresión en Perú. Las agresiones ya no provienen únicamente de una rama del Estado, sino de múltiples frentes, cada vez más coordinados. La falta de protección a los periodistas y el aumento de querellas y amenazas judiciales hacen que el ejercicio periodístico sea cada vez más peligroso. Como señala el informe: «la prensa peruana se encuentra políticamente indefensa frente al avasallamiento de la libertad de expresión».
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