La reciente aprobación en primera votación de un dictamen que modifica el Código Penal y la ley de rectificación ha generado un fuerte rechazo de organizaciones nacionales e internacionales. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) han alertado sobre el impacto negativo de esta norma en la libertad de prensa.
Un proceso sin debate previo
El dictamen, que agrupa los proyectos de ley 4431/2022 y 6718/2023, fue aprobado el jueves 13 de marzo con 37 votos a favor, 23 en contra y 22 abstenciones. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que la propuesta fue sometida a votación sin debate, luego de que el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita, presentara un texto sustitutorio minutos antes de su discusión en el pleno del Congreso.
Dichos proyectos de ley fueron impulsados por los congresistas Katy Ugarte (Bloque Magisterial de Concertación Nacional) y Segundo Montalvo (Perú Libre).
Agravamiento de penas y restricción del derecho a la información
Las organizaciones periodísticas han advertido que esta iniciativa busca endurecer las sanciones por calumnia y difamación en perjuicio de periodistas que investigan presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos. «El Congreso de la República pretende aumentar hasta cinco años la pena privativa de libertad y hasta los 365 días-multa las sanciones pecuniarias», señala el comunicado conjunto de la SIP, CPJ, SNRTV, CPP y ANP.
Además, el proyecto de ley introduce cambios preocupantes en el derecho de rectificación, reduciendo de siete a solo un día el plazo para responder solicitudes, lo que limita gravemente la capacidad de defensa de los medios de comunicación. «Pretende que las rectificaciones se hagan hasta tres días seguidos, una medida desproporcionada», advierten las organizaciones firmantes del comunicado.
Criminalización del periodismo
Uno de los aspectos más alarmantes es la incorporación del «delito de violación a la intimidad» en el marco de la difamación, lo que podría utilizarse como una herramienta para censurar investigaciones periodísticas. «En clara vulneración a los principios de libertad de expresión e información, la propuesta aprobada ayer está claramente orientada a amedrentar a periodistas y comunicadores», sostiene el comunicado.
Las organizaciones han enfatizado que esta iniciativa no se ajusta a los estándares internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y representa un peligro para el ejercicio del periodismo independiente en el país.
Llamado a la reflexión
El Consejo de la Prensa Peruana y las demás entidades firmantes han exhortado al Congreso a reconsiderar esta medida, señalando que, bajo el pretexto de proteger derechos fundamentales, se busca restringir la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a la información.
