El conversatorio virtual ‘Minería ilegal e informal en la Amazonía’, realizado el 5 de diciembre, convocó a especialistas de tres países amazónicos para abordar un tema que afecta gravemente a los ecosistemas y comunidades de la región. Organizado por la Plataforma Andina MAPE con el apoyo de V&C Analistas y la Fundación Friedrich Ebert, el evento destacó las complejidades de esta actividad ilícita y las acciones necesarias para combatirla.
José Carlos Solon, investigador de la Fundación Solón, destacó el caso de las irregularidades en los 19 contratos mineros presentados a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Según explicó, estos contratos no incluían estudios de impacto ambiental, a pesar de ser un requisito fundamental según la Ley Minera boliviana. Según el especialista, gran parte de estas actividades se realizan bajo la figura de minería cooperativista, donde los actores intentan legalizar operaciones previamente ilegales.
El Senado rechazó inicialmente los contratos debido a las graves observaciones ambientales y legales, incluyendo su ubicación en cabeceras de cuencas y ríos, donde las actividades mineras están restringidas. Sin embargo, Solon advirtió que la legislación boliviana permite que estos contratos puedan ser reapropiados y nuevamente presentados para su aprobación, lo que genera preocupación sobre la posibilidad de legalizar actividades previamente ilegales.
Solon también denunció la falta de acceso público a la información minera, lo que limita la capacidad de monitoreo ciudadano. “La información sobre las cuadrículas solicitadas y las actividades autorizadas debería ser pública. Sin embargo, en Bolivia se encuentra detrás de un muro de pago, inaccesible para la mayoría”, añadió.
Minería y crimen organizado: Una relación alarmante
Silvia Castro, especialista ecuatoriana en derecho ambiental, expuso la conexión entre minería ilegal y crimen organizado en Ecuador. “En muchas comunidades indígenas, el crimen organizado ha ocupado el lugar del Estado, proporcionando beneficios directos y dividiendo a las organizaciones comunitarias”, señaló. Esta dinámica, según Castro, ha generado conflictos internos y la fragmentación de las comunidades, debilitando sus capacidades de resistencia.
La especialista también criticó la falta de una consulta previa libre e informada en su país. “En Ecuador, aunque tenemos una Constitución avanzada en derechos ambientales, no contamos con una ley orgánica que garantice la consulta previa. Esto provoca que proyectos mineros, incluso legales, se realicen sin la participación real de las comunidades afectadas”, explicó.
Castro hizo hincapié en cómo esta situación genera una desconexión entre las comunidades y el Estado. “Mientras el crimen organizado provee beneficios inmediatos, como dinero y maquinaria, el Estado sigue ausente, sin ofrecer salud, educación o alternativas económicas sostenibles para estas comunidades”, resaltó.
Enfoque integral para Perú
Martín Arana, líder en Gestión Territorial Amazónica de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), subrayó la magnitud del problema en Perú, donde la minería ilegal está vinculada al narcotráfico, la tala ilegal y el tráfico de tierras. “Estamos frente a redes de crimen organizado que operan en múltiples actividades ilícitas, lo que exige una respuesta institucional coordinada y con recursos suficientes”, afirmó.
Arana criticó la insuficiencia de las normativas actuales y destacó que el proceso de formalización minera ha fracasado en su objetivo principal. “La ampliación del proceso de formalización ha servido más como un encubrimiento de actividades ilegales que como una solución efectiva”, sostuvo. Además, enfatizó la necesidad de contar con una estrategia de intervención a largo plazo que contemple no solo la presencia del Estado en las zonas afectadas, sino también el desarrollo de alternativas económicas para las comunidades.
Arana también llamó la atención sobre el uso cada vez más recurrente de tecnología como Starlink que permite la comunicación en las actividades ilícitas y poder evadir rápidamente cualquier acción de la Fiscalía o las fuerzas del orden. Además destacó que hay que armonizar las leyes de los países amazónicos y establecer acuerdos regionales que fortalezcan la trazabilidad del oro y el seguimiento financiero de las actividades ilegales.
Estrategias para un cambio estructural
El conversatorio ofreció varias propuestas para enfrentar esta problemática de manera efectiva:
- Monitoreo satelital y acceso público a la información: Solon destacó la importancia de sistemas de monitoreo satelital para rastrear las actividades mineras y de bases de datos abiertas que permitan el control ciudadano.
- Fortalecimiento de capacidades locales: Castro abogó por fortalecer las capacidades de las comunidades indígenas para que puedan defender sus derechos y participar activamente en las decisiones que las afectan.
- Convergencia institucional: Arana señaló la necesidad de crear organismos multisectoriales robustos y con presupuesto adecuado que integren la lucha contra diferentes delitos asociados a la minería ilegal.
Urgencia de un enfoque regional
El conversatorio concluyó con un llamado a la acción conjunta entre los países amazónicos para establecer sistemas de control efectivos, incluyendo medidas como la trazabilidad del comercio de oro. Se destacó la necesidad de que el comercio internacional de oro sea transparente y que los grandes compradores cumplan con estándares de debida diligencia.
Asimismo, se subrayó la importancia de garantizar el respeto a los derechos colectivos de las comunidades indígenas y priorizar la integridad de los ecosistemas amazónicos, así como la seguridad de sus habitantes. Se concluyó que enfrentar la minería ilegal e informal en la Amazonía no es únicamente una cuestión ambiental, sino un desafío integral que requiere abordar derechos humanos, desarrollo sostenible y una cooperación internacional sólida.
