La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluyó su misión en Perú y advirtió sobre un fuerte debilitamiento de la libertad de prensa en el país. La creciente persecución judicial contra periodistas, el discurso hostil del Ejecutivo y el avance del crimen organizado sobre la prensa generan un clima adverso que pone en riesgo el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Hostilidad oficial y persecución judicial
Durante su visita a Lima, la delegación de la SIP sostuvo reuniones con autoridades del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Congreso y el Ejecutivo, aunque la presidenta Dina Boluarte no respondió a la solicitud de audiencia. También se reunió con periodistas, directores de medios y organizaciones civiles para analizar el impacto de la crisis política en la labor periodística.
Uno de los principales problemas señalados por la SIP es la persecución judicial contra periodistas críticos. Se han intensificado las querellas por difamación y las denuncias infundadas por lavado de activos, lo que busca acallar investigaciones sobre corrupción. Además, se han denunciado registros de comunicaciones sin notificación previa y ataques al secreto de las fuentes.
El Ejecutivo, encabezado por Boluarte, ha adoptado un discurso confrontativo contra la prensa. Ministros y autoridades locales desacreditan a periodistas, a quienes acusan de intentar desestabilizar el país. Se destaca el caso del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, cuyas estigmatizaciones contra medios independientes coinciden con campañas de desprestigio en redes sociales y espacios públicos.
Crimen organizado y restricciones al acceso a la información
La misión de la SIP también alertó sobre el aumento de amenazas contra periodistas desde sectores ligados al crimen organizado. Narcotraficantes, mineros ilegales y taladores clandestinos ejercen presiones sobre la prensa, sobre todo en la Amazonía, donde las agresiones han provocado que muchos periodistas abandonen la cobertura de estos temas. En enero pasado, el periodista Gastón Medina fue asesinado en Ica, sin avances significativos en la investigación.
Otro problema grave es la opacidad del Estado. Se han impuesto restricciones al acceso a la información pública y limitaciones a la cobertura de eventos oficiales. Además, la parcialidad en los medios estatales preocupa a la SIP, ya que limita el pluralismo y favorece la narrativa del gobierno.
Desinformación y proyectos legislativos contra la prensa
El uso de campañas de desprestigio en redes sociales ha crecido de manera alarmante. Periodistas críticos son blanco de troles y ciberataques, incluyendo la difusión de información privada y el acoso, especialmente contra mujeres periodistas. Además, medios de comunicación con apariencia periodística se han convertido en instrumentos para difundir desinformación y desacreditar investigaciones independientes.
En el Congreso, persisten iniciativas legislativas que amenazan la libertad de prensa. La SIP denunció que la reciente aprobación de una norma que restringe la financiación extranjera podría afectar a medios y organizaciones que dependen de estos fondos para sus investigaciones.
Un llamado de atención internacional
El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, expresó su preocupación por la situación en Perú: «La degradación política tiene un impacto directo en la libertad de prensa y en el derecho ciudadano a recibir información independiente. Sin una prensa libre, no hay democracia plena».
El director de La Voz del Interior, Carlos Jornet, advirtió que la hostilidad contra la prensa podría intensificarse conforme se acerquen las elecciones generales de 2026: «El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar el ejercicio del periodismo sin presiones ni amenazas, porque los ojos del mundo comienzan a mirar al país con preocupación».
La última edición del Índice Chapultepec confirmó un retroceso en la libertad de prensa en Perú, que cayó al puesto 16 de 22 países, entrando en la categoría de «alta restricción». La SIP, que reúne a más de 1.300 publicaciones en las Américas, seguirá observando la situación en el país y exhortó a la comunidad internacional a exigir el respeto a las libertades fundamentales en Perú.
