La Unión Europea (UE) ha decidido posponer un año la entrada en vigor del Reglamento europeo contra la deforestación (EUDR por sus siglas en inglés) que prohíbe la comercialización de productos asociados a la deforestación, como el café, el cacao o el aceite de palma. Originalmente planeada para implementarse en 2024, las nuevas reglas se aplicarán a partir del 30 de diciembre de 2025.
El acuerdo fue alcanzado tras negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo, luego de que se desestimaran las enmiendas propuestas por el Partido Popular Europeo (PPE). Estas modificaciones, rechazadas casi por unanimidad por los embajadores de los Estados miembros, llevaron a reabrir las discusiones.
Una norma ya en vigor pero de difícil implementación
La ley contra la deforestación entró en vigor el 29 de junio de 2023, pero su aplicación práctica ha generado preocupaciones entre los socios internacionales de la UE. La Comisión Europea justificó el retraso argumentando la complejidad del nuevo marco legal y la dificultad de los países para cumplir con sus exigencias en el plazo inicial.
La norma clasifica a los países en categorías de riesgo “bajo”, “normal” y “alto” según su contribución a la deforestación, exigiendo mayores controles a los productos provenientes de regiones con riesgos elevados. No obstante, propuestas como la creación de una categoría de países “sin riesgo” fueron descartadas.
Impactos y retos del retraso
El aplazamiento no modifica los objetivos esenciales de la normativa: minimizar la contribución de la UE a la deforestación global y garantizar que solo productos libres de esta huella ingresen al mercado comunitario. Sin embargo, genera inquietudes sobre el tiempo adicional que tendrán países competidores, como China, para adaptarse a los estándares más flexibles.
Pese al consenso alcanzado, el texto todavía debe ser aprobado formalmente por el Parlamento y el Consejo, así como publicado en el Diario Oficial de la UE antes de finalizar el año para que el aplazamiento entre en vigor. Aunque algunos actores consideran que el retraso debilita la urgencia de la acción climática, los colegisladores aseguran que esta decisión permitirá una transición más ordenada.
