La lucha por la protección ambiental y los derechos humanos en América Latina y el Caribe dio un paso más en la Tercera Conferencia de las Partes (COP3) del Acuerdo de Escazú, realizada del 22 al 26 de abril en Santiago de Chile.
Este encuentro regional dejó avances significativos como la aprobación del Plan de Acción para Personas Defensoras del Ambiente, pero también desafíos por delante, especialmente en lo que respecta a las demandas de los pueblos indígenas por una participación más efectiva.
Logros de la COP3
Entre los principales logros, destaca la aprobación del Plan de Acción para defensores y defensoras del ambiente, que busca garantizar un entorno seguro para que puedan ejercer su labor sin amenazas ni restricciones. Otro avance clave fue la incorporación de los pueblos indígenas en los Planes Nacionales de Implementación, los cuales son hojas de ruta de cada Estado en relación a Escazú. Esta medida garantizará la protección de los derechos indígenas.
“El Plan aborda los cuatro pilares del Acuerdo de Escazú: Acceso a la información, participación en la toma de decisiones medioambientales, acceso a la justicia y protección para defensores», señaló a Inforegión, Iris Olivera, especialista de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Asimismo, se puso en marcha el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, órgano encargado de monitorear la implementación del acuerdo. El cuarto y último avance que dejó la COP3 es la transversalización del enfoque de género. Iris Olivera resaltó el valioso rol de las lideresas indígenas en este proceso.
“Ellas señalaron que, aunque se les brindó un espacio para participar, enfrentan dificultades, especialmente por la falta de acceso a internet y las responsabilidades familiares que limitan su participación”, explicó. Estos desafíos fueron expuestos durante la conferencia. Se espera que sean tomados en cuenta y se logre una mayor participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones ambientales.
Pueblos indígenas reclaman ausencia
Aunque los pueblos indígenas celebraron los avances alcanzados, también expresaron su inconformidad por no haber obtenido una mayor inclusión en los mecanismos e instrumentos del Acuerdo de Escazú. «Hemos participado planteando 5 procesos necesarios para fortalecer la gobernanza y una participación efectiva», declaró a Inforegión Judith Nunta, responsable del programa Mujer de la Organización Regional Aidesep de Ucayali (Orau), quien fue una de las lideresas que formaron parte del encuentro.
Entre las demandas de los pueblos indígenas se incluía continuar con un foro anual y permanente sobre defensores en asuntos ambientales, esencial para la rendición de cuentas y la coordinación regional y transfronteriza. Asimismo, exigieron la permanencia de un grupo de trabajo ad hoc, con representación indígena, como mecanismo para articular, dar seguimiento e implementar efectivamente el Plan de Acción sobre defensores.
Otra de sus exigencias fue establecer un Caucus (reunión) Indígena, con respaldo técnico y financiero, como espacio propio para los defensores. También demandaron la creación de una relatoría sobre pueblos indígenas, encargada de elaborar informes que reflejen las necesidades y amenazas que enfrentan estos defensores, recomendando acciones efectivas para su protección.
Por último, se solicitó un protocolo de participación y comunicación efectiva con organizaciones y pueblos indígenas. Tanto la lideresa de Orau, como los representantes de la delegación peruana, demandaron que no se limite su participación a espacios virtuales respetando su cultura, conocimientos ancestrales y autonomía y que se establezcan otros mecanismos de participación.
Exigen garantizar una participación efectiva
Antes del foro, se llevaron a cabo reuniones previas donde se recogieron ideas a través de correo electrónico o sesiones virtuales, lo que limitó la participación de líderes y lideresas indígenas. En una carta suscrita por organizaciones como Coica, Aidesep, Orau, Orpio, Care, entre otras, hicieron énfasis en esta limitación, puesto que se les impedía participar en “igualdad de condiciones” que el resto de la ciudadanía.
A pesar de estos desafíos, la participación activa de los pueblos indígenas en la COP3 representa un paso crucial en el camino hacia la protección ambiental y los derechos humanos en la región. No obstante, queda trabajo por hacer para garantizar una participación equitativa de todos los actores involucrados en la defensa del ambiente.
