DestacadosLa minería ilegal de oro en la región amazónica ha dejado un rastro de devastación ambiental y social. El problema, debatido en la reciente Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), implica la contaminación de ríos, deforestación y la marginación de comunidades indígenas. Además de los efectos ambientales, este tipo de minería fortalece redes criminales transfronterizas y genera ingresos ilegales que escapan al control de las autoridades locales.
Durante la COP16, expertos y organizaciones de Brasil, Colombia, Perú y Estados Unidos coincidieron en la urgencia de coordinar acciones para enfrentar los desafíos que plantea la minería ilegal de oro en la región amazónica. En este contexto, presentaron un informe que incluye una serie de recomendaciones de políticas destinadas a abordar, mitigar y prevenir los daños causados por esta actividad.
Estas recomendaciones se alinean con los esfuerzos de los países amazónicos y de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), como se refleja en la Declaración de Belém de 2023. A partir de esta base, se proponen alternativas concretas para frenar los efectos devastadores de la minería ilegal de oro en la Amazonía, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal.
Los daños ecológicos y sociales: una mirada regional
Los efectos de la minería ilegal de oro no solo afectan a los ecosistemas, sino que también provocan graves consecuencias en la salud pública. Los estudios científicos han detectado altos niveles de mercurio en comunidades indígenas, lo que genera problemas de salud de largo plazo. «Estudios recientes en comunidades indígenas de la región de la Alta Amazonía en Perú indican que los altos niveles de mercurio están asociados con la disminución del funcionamiento cognitivo». El mercurio utilizado en la extracción de oro se vierte directamente en los ríos, afectando la fauna y el acceso a agua limpia.
Además, esta minería se encuentra frecuentemente bajo el control de organizaciones criminales que operan en múltiples países, lo que agrava la situación de seguridad en la región. Según el informe, “el problema de la minería ilegal de oro en la Amazonía es motivo de preocupación mundial y se necesitan medidas urgentes para encontrar soluciones”. La COP16 se convirtió así en una plataforma para proponer medidas específicas y coordinadas para mitigar estos impactos.
Gobernanza y responsabilidad compartida
Para enfrentar la minería ilegal, el informe sugiere acciones colectivas y recomienda una «responsabilidad compartida» entre los países de origen y destino del oro ilegal. Una de las principales propuestas es el fortalecimiento de la gobernanza en zonas transfronterizas, donde el monitoreo y control de actividades ilícitas resulta esencial para reducir la influencia de redes criminales. Se propone, entre otras cosas, la creación de un «Mecanismo de Coordinación Conjunta» para facilitar una cooperación más efectiva entre las autoridades de cada país.
Además, se planteó la necesidad de un marco legal uniforme en la cadena de suministro del oro, aplicable a todos los países amazónicos. Este enfoque permitiría una mejor regulación de la minería y control de los ingresos ilegales, que en ocasiones son blanqueados en economías extranjeras.
Apoyo a las comunidades indígenas y medidas contra la contaminación
El apoyo a las comunidades indígenas es otra prioridad. Los líderes de la COP16 reconocieron que estas comunidades son las más afectadas y necesitan un respaldo tangible para defender sus territorios. En la búsqueda de soluciones, se promueve una colaboración cercana con las poblaciones locales para abordar la contaminación por mercurio. Las iniciativas propuestas incluyen la provisión de herramientas para que estas comunidades monitoreen y mitiguen los efectos de la contaminación en sus ríos.
A medida que avanza la COP16, la coalición internacional espera que estos compromisos se traduzcan en acciones políticas efectivas. La minería ilegal de oro en la Amazonía no es solo un problema ambiental; es una amenaza compleja que abarca aspectos sociales, económicos y de derechos humanos, que exige una respuesta coordinada en la región. La urgencia de la situación es evidente, y el informe concluye que «es prioritario consolidar esfuerzos para fomentar el desarrollo sostenible y el crecimiento económico en la Amazonía, preservando al mismo tiempo los bosques de la región».
Accede al informe y las recomendaciones aquí.
